Desde Valparaíso, Chile

“El caso de Rafael Nahuel es el hito que pone en común lo que ocurrió en 2002 con la muerte de Edmundo Alex Lemun Saavedra, el primer caso de muerte de un activista mapuche en democracia”. Así arranca la entrevista de PáginaI12 a Carlos del Valle, profesor de la Universidad de La Frontera, ubicada en Temuco, Chile. 

La comunidad mapuche en Chile se compone de un millón de personas aproximadamente, según el Censo de 2016. La mitad se concentra en La Araucanía, lo que da una mayor densidad al conflicto político entre esta comunidad y el Estado nacional chileno. En el actual escenario, Del Valle advierte que la falta de un verdadero reconocimiento constitucional del derecho de los mapuches a la tierra, la despolitización de su “legítimo reclamo” y la criminalización de la protesta, acentuada con la militarización de esa región, significan un incremento de la violencia institucional.

–¿Por qué encuentra similitudes entre el asesinato de Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, y la muerte de Alex Lemun, en el Fundo Santa Elisa de Ercilla?

–En algún momento pensamos que el de Lemun en Chile podía asimilarse al caso de Santiago Maldonado, pero hay singularidades que no lo hacen tan comparable. El caso de Nahuel, sí. Es un punto de inflexión que abre un incremento de la violencia, como ocurrió en Chile. Por eso creo que es necesario retomar un diálogo, que debió haberse iniciado en el momento de la desaparición de Santiago Maldonado.

–¿Qué cree que podría ocurrir si no se avanza en un diálogo?

–Desde la muerte de Lemun en Chile, entre el 2002 y el 2017, ya murieron diecisiete mapuches. No avanzar en el diálogo y en la negociación política significa un incremento de la violencia, la respuesta de las comunidades mapuches será fuerte. Nunca en su historia la respuesta ha sido pacífica, ni con los españoles, ni con el Estado nacional chileno.

–El asesinato de Rafael Nahuel ocurre en el marco del resultado de la autopsia de Santiago Maldonado: asfixia por sumersión. ¿Cómo cree que la conclusión de ese peritaje se instala en la agenda política y social y, sobre todo, cómo se configura discursivamente la atribución de responsabilidades alrededor de la muerte de Maldonado?

–Las responsabilidades en estos casos siempre son institucionales. Cuando se levanta el discurso del terrorismo y de la presencia de armas –que es lo mismo que ocurre en Chile–, se justifican las intervenciones violentas de parte de las fuerzas de seguridad. Ese discurso es muy peligroso, y se levanta porque no se asume la responsabilidad institucional. Todavía hay espacio para dialogar y hacer un análisis político de esta problemática. En Chile nunca se ha reconocido su carácter político, sólo cupo la criminalización absoluta del conflicto.

–¿Cree que hay voluntad política por parte del gobierno argentino para iniciar un diálogo con el pueblo mapuche o la puesta en agenda de este conflicto por parte del gobierno supone, también, darle un enfoque de criminalización?

–Creo que las intervenciones de los funcionarios del gobierno argentino de estos días muestran que no hay voluntad de dialogar políticamente, sino de imponer condiciones con el discurso de que estas situaciones alteran el orden público y la estabilidad nacional. En Argentina se quiere evitar que pase lo que está pasando en Chile, y eso significa que hay que actuar rápidamente, rompiendo cualquier intento de movilización masiva. Aquí se inicia de esa manera, con pequeñas movilizaciones, enfrentamientos con la policía. Este tipo de episodios ocurren con gobiernos de derecha, por lo que hay muy pocas posibilidades de que se avance en una línea que requiere de mucha sensibilidad. Lo que prima, en cambio, es una postura de fuerza por parte del gobierno. Tanto a Alex Lemun en 2002 como a Matías Catrileo en 2008, la policía les disparó y ya. Las investigaciones derivaron en penas menores, porque se tiende a considerar que la policía actúa en el cumplimiento de su deber. Esos asesinatos ocurrieron en medio de una protesta social, no es que se los encontró quemando camiones. Lo llamativo sobre esos fenómenos es que nunca encuentran a los que queman los camiones. La inteligencia de las policías de Chile es malísima: nunca encuentran, menos anticipan. Las reivindicaciones del pueblo mapuche son históricas, y para sentarse a dialogar hay que reconocer el rol de los Estados nacionales, que fueron Estados genocidas.  

–¿Hay alguna identificación de responsabilidad institucional cuando en una movilización se asesina a alguien?

–No. Los casos en los que hubo asesinatos han generado levantamiento, hubo movilizaciones masivas en Santiago y en otros lugares, pero la investigación interna logra poco o nada. Yo creo que puede marcar un hito lo que pasó con Nahuel en Argentina. El riesgo es que se institucionalice ese asesinato y forme parte de las bajas propias del enfrentamiento. 

–¿Qué rasgos observa en la configuración discursiva construida acerca de la comunidad mapuche, que predomina en Chile?

–La construcción de este discurso es histórico y constante. Nuestra investigación parte del discurso del diario El Mercurio, en el siglo XIX, cuando el Estado nacional, en proceso de consolidación, va ocupando territorio de La Araucanía. Un proceso llamado “Pacificación de La Araucanía”, que coincide con la campaña del desierto en Argentina. El discurso de ese periódico es consistente con el de ciertos intelectuales de la época que hablan desde el Estado.

–¿Cuál es la mirada sobre el mapuche, según ese discurso?

–Se instala la idea de que el mapuche es un salvaje que simplemente hay que destruir porque está causando daño a la gente que está en el territorio. Se habla de las luchas, los conflictos, la violencia que ejercen, de cómo ellos atentan contra las personas. Hay, incluso, un llamado desde la región y desde El Mercurio al Ejército para ir lo antes posible. Luego, surge un segundo momento de este discurso, hacia 1910, que coincide con la celebración del primer centenario.

–¿Qué características tiene ese segundo momento?

–Allí, el indígena desaparece del discurso. El libro Discurso sobre la crisis moral de la República se refiere al indígena como un posible elemento distorsionador de esta moral republicana que debiera tener el país. Otro discurso viene del ámbito de la economía. El referente económico de Chile, Francisco Encina, responsabiliza al indígena de que Chile no haya alcanzado el desarrollo económico que, en esa misma época, habían alcanzado países como Argentina y México.

–¿Cuándo se inicia este conflicto?

–El conflicto es integral más que focalizado. Con el regreso de la democracia, en los años 90, hay una leve tendencia a intentar politizar el tema.

–¿En qué consiste esta “politización”?

–El gobierno asume que puede tratarse de un tema político. El primer presidente elegido en democracia, Patricio Aylwin, se compromete a crear una ley indígena que en teoría suponía el reconocimiento que siempre se había esperado. Y termina su presidencia con una ley, pero sin tal reconocimiento. La ley indígena regula la compra y entrega de tierras. Ese aspecto tan puntual tendrá serias deficiencias con respecto a otros cuerpos legales. Por ejemplo, los mapuches tienen cierta soberanía sobre las tierras pero las aguas subterráneas están contempladas en otra ley –la ley de aguas–, que tienen un estatus jurídico más alto que la ley indígena. 

–¿Qué significa, concretamente, la soberanía mapuche sobre las tierras?

–Que el gobierno compra tierras “en conflicto” y las empieza a devolver. Esa expresión significa admitir el conflicto. Al decir “voy a devolver las tierras en conflicto”, el gobierno asume que para comprar las tierras a los dueños y dárselas a los mapuches, tiene que haber conflicto. Entonces, hay un primer esfuerzo por devolver esa soberanía histórica a las tierras –decenas de miles de hectáreas– y, por ende, un esfuerzo por politizar el tema. El problema es que el Estado nacional tiene un comportamiento doble vincular.

–¿En qué consiste ese comportamiento “doble vincular”?

–Junto con la devolución de tierras en los 90 se inicia la represión. Los mapuches dicen no estar conformes con que se entreguen las tierras a ese ritmo; empiezan a movilizarse y la represión se vuelve brutal. El Estado detecta las tierras en conflicto, se hace un procedimiento largo de compra, primero, y entrega, después. Muchos miembros de la comunidad mapuche consideran que es muy lento, que en el fondo dilata una cuestión que nunca se va a lograr. Lo cual es cierto. También es cierto que la devolución no se puede hacer en la magnitud que ellos plantean, porque sería como devolver toda la región. Por este motivo, se inicia una serie de movilizaciones, que son reprimidas fuertemente. Este proceso alcanza un punto álgido en el año 1996, cuando se produce la primera quema de camiones forestales.

–¿Qué simboliza la quema de camiones forestales?

–Para ellos, las empresas forestales son el principal enemigo, porque ocupan los territorios y deforestan la zona. En esta primera etapa, ellos identifican a la empresa como enemigo, no al Estado. Luego, el Estado se suma a la empresa al invocar leyes de excepción. En 1996, se invoca la Ley de Seguridad del Estado, una ley que en dictadura sólo se usaba para casos especiales; y desde allí en adelante se emplea la Ley Antiterrorista.

–¿Qué establece la Ley Antiterrorista?

–Establece que, como hay una situación excepcional –en referencia a los conflictos que hay en el país–, el Estado pasa a formar parte de la querella, porque considera que se trata de un delito contra la soberanía nacional. Entonces, las empresas forestales y el Estado querellan contra los responsables de estos hechos; lo que implica, además, la sanción de penas más altas. Con el argumento de que hay que controlar la situación, se inicia un proceso de militarización. La zona se va “enrojeciendo”: la prensa nacional llama a una parte de la región como “la zona roja” por la alta presencia de conflictividades. Cada tanto se realizan ensayos militares como una forma de decir “estamos cuidando”.

–¿Qué consecuencias trajo la presencia militar sobre la resistencia de los mapuches?

–Una radicalización absoluta: emergen movimientos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en 1998, especialmente en la zona Norte de la región. Este movimiento mantendrá la postura más radical. Plantean que la única forma de solucionar este conflicto con el Estado es a través de atentados, especialmente incendiarios. Son grupos pequeños que están en la montaña. El líder de la CAM estuvo ocho años preso, salió hace unos meses y retomó sus actividades. Cuando lo entrevistamos en la cárcel, nos dijo: “Yo salgo de acá y voy a seguir con las armas, estoy convencido que es la única vía”. Héctor Llaitul se autodefine como Weichafe (N. de la R.: Los Weichafe son los guerrilleros del pueblo mapuche y agentes de su causa, que reconocen como sus enemigos a los militares). Por cierto, él fue un mirista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, durante la Unidad Popular participó en organizaciones revolucionarias como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez-FPMR. Hay una reminiscencia de la idea de ir contra la autoridad que empezó y continúa.

–Luego de la politización de la cuestión mapuche en los años 90, usted identifica un proceso de despolitización que persiste actualmente. ¿A partir de qué se abre este nuevo momento?

–La politización que se da con la Concertación en los 90 tiene el propósito de devolver ciertos reconocimientos que se habían estado discutiendo. Hay que tener en cuenta que los mapuches fueron una fuerza bien significativa para derribar la dictadura a fines de los 80, por su alto nivel de involucramiento. Pero esta negociación no se cumple porque el Estado se da cuenta de que lo peor que puede hacer es politizar aquello. 

–¿Por qué el Estado llega a esta conclusión?

–El Estado no reconoce constitucionalmente al pueblo mapuche. Chile sigue siendo un país unitario, y no pluricultural, ya ni digo plurinacional, pero al menos pluricultural. Eso va generando que el Estado empiece a quitarle esa condición política a la cuestión. Al mismo tiempo que el Estado compra tierras a los dueños y se las devuelve a la comunidad mapuche, los desconoce cuando se movilizan diciendo “queremos autonomía”; los reprime y los encarcela. El Estado creó una Coordinación Nacional de Desarrollo Indígena, para asegurar el control.

–¿Con qué propósito se creó?

–Articular todos esos procesos y como, además, es una coordinación nacional, está en la región de La Araucanía. Esta despolitización pasa, a mi juicio, por la judicialización de la protesta. Cuando se desconoce que detrás de la protesta hay una legítima reivindicación –que, además, es reconocida por la propia institucionalidad que genera la compra y entrega de tierras–, criminalizan la protesta con el argumento de que no pueden movilizarse, sino que deben esperar a lo que el Estado haga… y en el tiempo que pueda hacerse.

–¿Cuáles son las implicancias políticas de esta criminalización de la protesta?

–Primero, recurrir a la Ley Antiterrorista cada vez que hay una quema de camiones o delitos similares. Desde hace más de una década, los organismos internacionales vienen diciendo que no se debe aplicar la Ley Antiterrorista. No porque estos organismos desconozcan la gravedad de los hechos, sino porque advierten que se está criminalizando a un grupo y porque, además, esa norma no se aplica del mismo modo en el resto del país. Por ejemplo, en Santiago, narcos habían tomado una comuna y durante tres días hubo balaceras. ¿Se aplicó la Ley Antiterrorista? No. En cambio, si un grupo de mapuches quema tres camiones de una empresa forestal, sí se aplica. 

–¿Tiene una verdadera injerencia el pronunciamiento de la Corte Interamericana en el nivel nacional?

–Pongo un ejemplo: un dirigente indígena hizo una demanda ante la Corte Interamericana. En ese caso, hicieron un juicio doble. En el primer juicio, se lo exculpó. Y no conformes con eso, se hizo un segundo juicio. A esa cantidad de errores hay que agregar los testimonios de testigos encubiertos y una serie de cuestiones que también se objetaron. Pero, en definitiva, se terminó haciendo un segundo juicio que llevó a la cárcel a varios dirigentes indígenas. Se trata de un grupo de lonkos, dirigentes y activistas del pueblo mapuche, quienes demandan al Estado, y la Federación Interamericana de Derechos Humanos toma parte en el asunto. Entonces, se establece que el Estado es responsable de ese fallo adverso y se le exige al Estado una serie de cuestiones que no ha cumplido al día de hoy.

–¿Qué nivel de contacto existe entre la comunidad mapuche ubicada en La Araucanía y la que vive en el sur de la Argentina?

–Hay una conexión histórica, porque el territorio mapuche, que denominan “WallMapu”, comprende amplias zonas geográficas de Argentina y Chile. Hay comunicación permanente, redactan manifiestos colectivos, pero el nivel de comunicación se acentuó cuando comenzó este proceso de criminalización.

–En algunos sondeos de opinión realizados en Chile surge que población define la cuestión mapuche como una problemática cultural.

–Eso significa que se desconoce la condición política del movimiento mapuche, un resultado efectivo de lo que se ha estado trabajando desde el discurso de los medios, desde el discurso político, desde el no reconocimiento histórico del movimiento. Justamente, lo que se quiere es subsumir lo político a un carácter estrictamente cultural. Eso significa que es una expresión de la diferencia; son diferentes pero no tienen nada legítimo ni hay un trasfondo político y, por tanto, no tenemos de qué preocuparnos. Esa idea es mayoritaria en Santiago porque es menos visible la presencia de mapuches, pero si se pregunta esto en la región de La Araucanía, la respuesta es diferente.

–¿Por qué se da esta diferencia?

–En nuestra investigación aplicamos una encuesta con la lógica de las redes semánticas naturales para ver si nuestra forma de definir el conflicto era prejuicioso o si realmente estaba naturalizado. La pregunta era “¿cómo concibe usted la relación que ha tenido el Estado con el pueblo mapuche?”. El 90 por ciento coincidía en definir esa relación como un conflicto. ¿Eso qué dice? Que en un conflicto hay responsables, hay héroes y villanos, hay buenos y malos, lo que variará será lo que la gente piense sobre quién es el bueno y quién el malo. Para los mapuches de la región, la policía tiene un rol tremendamente negativo, aparece como uno de los principales responsables de los hechos de violencia. En Santiago o aquí en Valparaíso no es común que llegue la policía armada, con varios vehículos y entre a allanar un sector y saque a la gente. Pero en La Araucanía eso es permanente. Ahí sí se habla de un conflicto y se identifica a un responsable, y los propios mapuches son conscientes de la responsabilidad que tienen sus dirigentes; hay bastante autocrítica.

–Autocrítica ¿en qué términos?

–Ellos sienten que esto se ha salido de los márgenes de lo que puede ser socialmente aceptable. Quemar camiones no corresponde con la movilización. Una cosa es salir a la calle, protestar, incluso enfrentar a la policía que viene de inmediato, y otra es quemar camiones. Eso de la mano que mapuches y no mapuches, en un porcentaje muy alto, piensa que este conflicto no se va a resolver nunca porque los elementos que están en juego son demasiado complejos, la devolución de tierras es algo imposible y el Estado nacional se niega a un reconocimiento constitucional.

–¿Por qué imposible?

–Porque va creciendo. Tú entregas tierras pero al otro año puedo haber más tierras pendientes todavía, porque los reclamos crecen. Todo eso está legalmente formalizado (la entrega de tierras realizada antes a los colonos) pero es ilegítimo; entonces es cuestión de ir detrás de los papeles y darse cuenta de que se las quitaron (a los mapuches). Además, veo difícil si no imposible, que el Estado en Chile reconozca la condición –ya no digo la condición política– al menos cultural, planteando que Chile sea un país pluricultural. Eso lo veo complejo, porque saben que lo que viene después es político.

–La solicitud de autonomía es uno de los aspectos que se puso en discusión a raíz del caso Maldonado, pero con un tratamiento discursivo muy negativo desde el cual se responsabilizó a quienes persiguen este objetivo para justificar la represión institucional. 

–Claro, porque el principal temor de nuestros estados nacionales es ése, porque saben que históricamente hay mucho fundamento para sostener esa solicitud.

–¿Qué significaría la autonomía?

–Significaría tomar decisiones territoriales, dando a la región un estatus distinto al resto de las regiones, para que puedan tomar decisiones propias, dada la composición que tienen. Algunos hablan del país mapuche; eso es más difícil porque hay muy poca gente que estaría de acuerdo con un país mapuche. Ellos lo presentan como proyecto y significaría básicamente un reconocimiento nacional: una nación distinta, con lengua propia, con territorio propio. Pero además este país mapuche comprende territorio chileno y argentino. Lo que se resuelva en un lado o el otro es de preocupación para ambos países. Un historiador bastante serio en Chile, José Bengoa, escribió hace poco una columna señalando que hubo un encuentro entre el canciller chileno y su par argentino porque indudablemente estamos en presencia de un tema que afecta a los dos países. La preocupación es fundada, porque estamos frente a un momento contra-hegemónico relevante del proyecto civilizatorio que ambos estados nacionales iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX.