El pacto fiscal que firmó Nación con los gobernadores dejó a algunas provincias más favorecidas que otras, principalmente aquellas del mismo signo político de la administración central, y a un claro perjudicado: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El entramado impositivo, los compromisos y las compensaciones que contiene este acuerdo dejan sin red de contención a este fondo que, sólo por lo convenido en el denominado Consenso Fiscal, dejará de percibir entre 50.000 y 100.000 millones de pesos por año. El monto surge de lo que dejará de percibir por su cuota del Fondo del Conurbano y de cuánto pueda ser compensada esa pérdida por un incremento en su participación en lo recaudado por el impuesto al cheque, una alícuota que el gobierno de Cambiemos aseguró que eliminaría paulatinamente. Por su parte, las provincias dejarán de percibir ingresos por impuestos que se reducen o eliminan, pero la apuesta de los gobernadores es poder refinanciar sus deudas. Desde la oposición advierten sobre una clara intencionalidad de consolidar pasivos para luego abrir el grifo de endeudamiento para las provincias que tengan que compensar sus déficits.

El acuerdo rubricado por todas las provincias, con la sola excepción de San Luis, implica una fuerte transferencia de recursos a Buenos Aires a partir de la disolución del Fondo del Conurbano y establece condiciones flexibles para la refinanciación de deuda a las comprometidas Jujuy y Mendoza, y también a la que gobierna María Eugenia Vidal. Entre los puntos principales de este pacto se obliga a las provincias a reducir ingresos brutos e impuestos a los sellos por el 1,5 por ciento del PIB en los próximos cinco años, mantener gastos corrientes constantes en términos reales, adherir al proyecto de reforma previsional y desistir de los juicios contra el Estado nacional, que suman unos 800 mil millones de pesos por los cuales el Gobierno les dará un bono de acuerdo con sus respectivos coeficientes de Coparticipación. “El bono a favor de las provincias es para consolidar deuda con el Estado nacional y para que después el déficit se cubra con deuda provincial”, aseguró a PáginaI12 uno de los técnicos de la oposición en Diputados que analiza el paquete de reformas que elevó el Ejecutivo.

Más deudas

Pese a la pérdida de recursos que significa para algunas provincias este pacto, adhirieron por las condiciones flexibles para refinanciar deuda con la Nación por los déficits de las cajas previsionales no transferidas. “Quieren hacer zafar a Jujuy y a Buenos Aires, y en menor medida a Mendoza, provincias que tomó Cambiemos en 2015, y por eso están siendo laxos con todo”, aseguró el técnico de la oposición. Esto explica la negativa de San Luis a adherir al pacto, ya que no tiene deudas que refinanciar con Nación sino que, por el contrario, es acreedor con sentencia firme de la Corte Suprema por fondos descontados de manera irregular durante más de nueve años y que a valores actualizados asciende a 18.000 millones de pesos y otros sin sentencia por hasta 42.000 millones. La provincia que gobierna Alberto Rodríguez Saá además no tiene déficit presupuestario y no emitió deuda en el mercado ni con organismos multilaterales de crédito. 

El ranking de deuda con la Nación lo encabeza la provincia de Vidal, con 38.218 millones de pesos, y le sigue Jujuy, con 8386 millones. En tercer lugar se encuentra Santa Cruz, con 6381 millones. Si bien Santa Cruz no es una provincia aliada, aprovecha las condiciones laxas para renegociar su deuda. En cuarto lugar está Entre Ríos, 4550 millones; seguida por Chaco, con 3763 millones; Tucumán, con 3151; Misiones, con 2812 millones; Mendoza, con 2524 millones; Córdoba, con 2183 millones; Neuquén, con 1794 millones; Corrientes, con 1733 millones; Catamarca, con 1173 millones; Tierra del Fuego, con 1568 millones; Salta, con 993 millones; Chubut, con 500 millones y La Rioja, con 330 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). 

Entra las contrapartidas exigidas, las provincias de Entre Ríos, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Chubut deberán eliminar impuestos locales al trabajo que tenían incluidos en el entramado de su sistema tributario, lo que será otra pérdida para las provincias que se suma a otras cesiones contempladas en el acuerdo fiscal. En este caso, de aceptar la adhesión al pacto, San Luis debería haber renunciado a un impuesto que se creó bajo la administración de Adolfo Rodríguez Saá, con una alícuota de 10 por ciento, para empresas privadas que contraten mano de obra proveniente de otras provincias y con menos de cinco años de residencia en suelo puntano.

Menos recursos

El punto central del acuerdo es la eliminación del artículo 104 de la Ley de Ganancias. El artículo establece que de todo lo recaudado por Ganancias el 20 por ciento vaya a la Anses, 10 por ciento al Fondo del Conurbano (con tope de 650 millones de pesos anuales), el 2 por ciento al Ministerio de Interior, el 4 por ciento al resto de las provincias y el 64 restante se distribuye por coparticipación. En números absolutos, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este año implicará 557,5 millones de pesos en Ganancias repartidos con la Anses (111,5 millones), la provincia de Buenos Aires (650 millones), el Ministerio de Interior (12,7 millones), resto de las provincias (25,4 millones) y Coparticipación (407,1 millones). El saldo por encima de los 650 millones de dólares (445,3 millones) del Fondo del Conurbano se reparte entre las otras provincias. El cambio firmado con los gobernadores implica que los 557,5 millones de pesos se repartan vía coparticipación entre Nación y las provincias. 

Bajo este esquema la provincia de Buenos Aires recibirá 21.000 millones de pesos el año que viene y 44.000 millones al siguiente como compensación de la demanda por el Fondo del Conurbano. Pero el resto de las provincias se verá afectado porque lo que recibirán de adicional por la ampliación al 100 por ciento de la masa coparticipable por Ganancias no compensa lo que pierden por el saldo del Fondo del Conurbano (445,3 millones) como la baja en Ingresos Brutos. La diferencia son unos 17.000 millones de pesos que pierden las provincias y que Mauricio Macri se comprometió a compensar con transferencias del Tesoro.

En el caso de la Anses la pérdida por esta derogación del artículo 104 ascendería a unos 111,5 millones pesos, y el Gobierno propuso compensarlo elevando del actual 70 al 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a Créditos y Débitos (Impuesto al Cheque), lo que permitiría compensar menos de la mitad de lo cedido, unos 52 mil millones de pesos adicionales. Sin embargo, si el Gobierno avanza en su idea de quitar este impuesto por distorsivo, como prometió, se perdería esta fuente de financiamiento para la Anses. Por lo pronto, la eliminación de este gravamen no fue incluida de manera directa en el proyecto de ley de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo al Congreso.