Los planes de la Armada de destruir parte de la documentación que está resguardada en su archivo general (AGA) deberán quedar para otro momento. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le prohibió a la Marina avanzar con la “trituración” de documentos, tal como estaba previsto. Ya existía una orden similar dictada por la jueza federal de San Martín Alicia Vence.

El AGA está ubicado en Bolívar 1622 y tiene alrededor de 8 kilómetros lineales de documentación. Entre la información que almacena hay legajos de militares, legajos de personal civil, legajos de conscriptos, libros de navegación, partes de personal, memorias anuales, partidas de matrimonio, certificados de nacimiento y defunción, partes de viaje, historias clínicas del Hospital Naval Río Santiago y del Hospital Naval Pedro Mallo, expedientes de la justicia militar, manuales y reglamentos derogados y boletines navales.

A través de un mensaje naval reservado, la Armada dispuso el traslado del AGA a lo que se conoce como Garage Central, ubicado en la zona de Retiro. Los pormenores de la mudanza son una incógnita, aunque sostienen que podría haber algún interés inmobiliario.

En una nota enviada el 9 de enero, el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, informaba que ese día se iniciaría la “depuración/selección” de la documentación y que, a partir del 10 de febrero, se efectuaría el traslado del mobiliario y los archivos vigentes. El resto quedaría para ser digitalizado o triturado.

Desde Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) advirtieron sobre la decisión de destruir información sensible que podría estar vinculada a las causas de lesa humanidad, denuncia de la que Página/12 dio cuenta. A partir de la difusión del caso, hubo múltiples presentaciones ante los tribunales.

Esta semana, el fiscal General Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, se presentaron ante el juez Kreplak para pedirle que dictara una medida de no innovar que frene la mudanza del AGA y la destrucción de información.

La presentación se hizo en la causa en la que se investiga el accionar de la llamada Fuerza de Tareas 5 –integrada por la Armada y la Prefectura– en la zona portuaria de Berisso y Ensenada, donde funcionaron distintos centros clandestinos en los edificios de lo que fue la Base Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval, el Batallón de Infantería de Marina 3, la delegación de la Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval Río Santiago. Ya hubo un juicio por la represión que sufrieron los obreros en esa zona y, en su sentencia, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata le ordenó a la justicia continuar indagando. La causa está en manos de Kreplak, que debe determinar la posible existencia de un centro clandestino en las calles Nueva York y Río de Janeiro (Berisso), el rol del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y la responsabilidad de los directivos de las empresas Astilleros Río Santiago, YPF, Frigorífico Swift y Propulsora Siderúrgica en los secuestros y desapariciones.

El juez señaló que esa investigación está en pleno trámite y que la documentación almacenada en el AGA puede ser fundamental para avanzar con la pesquisa. Además, remarcó cuáles son sus preocupaciones frente a la decisión de la Armada: no se especificó cuáles son los criterios o los estándares aplicables para la selección de los archivos ni qué personal lo haría.

“Dichas faenas pueden comprometer severamente la consecución eficaz de los fines del proceso penal en curso y de otras investigaciones criminales, pues no puede descartarse que la producción e incorporación de ciertos elementos probatorios resulte frustrada, máxime teniendo en consideración el carácter insustituible del conjunto de documentos que componen la información obrante en este tipo de archivos de las fuerzas armadas”, señaló el magistrado.

“Ello, va de suyo, comprometería severamente no solo el derecho de las víctimas a obtener justicia y reparación, sino también la responsabilidad internacional del Estado argentino frente a los compromisos asumidos de garantizar la investigación diligente de los crímenes internacionales que se cometieran en su jurisdicción”, añadió.

No es la primera vez que Kreplak ordena resguardar documentación. Lo hizo en julio pasado después de que el ministro de Defensa, Luis Petri, desarticuló los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) que funcionaban al interior de las Fuerzas Armadas desde 2010 para colaborar con las investigaciones sobre crímenes contra la humanidad. En agosto también le ordenó al gobierno que informara cómo iba a preservar la información que estaba en poder de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) después de que Javier Milei eliminó por decreto la unidad especial de investigación (UEI) que funcionaba a su interior.

Kreplak y Vence no fueron los únicos jueces que pidieron preservar la documentación. Asi lo hizo también el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, a pedido de la fiscala Laura Mazzaferri.

Si bien en Bahía Blanca se registró el primer pedido de una fiscalía para frenar la destrucción, el juez Walter López da Silva viene estirando las definiciones. La Armada le respondió que el proceso de “depuración” quedó frenado por la cautelar que dictó Vence. El juez le pidió informes a su colega de San Martín para no duplicar las actuaciones. El fiscal Miguel Palazzani le reclamó que defina lo antes posible, ya que se trata de otro expediente.

En la megacausa en la que se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el juez federal Ariel Lijo le solicitó a la Armada que envíe un informe antes de resolver. También le pidió una descripción del material que hay en el AGA. Según pudo saber Página/12, la descripción archivística lleva años desactualizada. Lijo evalúa enviar un veedor de su juzgado al AGA para ver qué información hay disponible. Por el momento, no avanzó en ese sentido.