En febrero de 2016 Mauricio Macri anunció un supuesto plan para luchar contra el lavado de dinero, es decir, aquellas maniobras destinadas a dar aspecto de legalidad al dinero originado en delitos de distinto tipo, desde narcotráfico, corrupción, hasta trata de personas. Sin embargo, a partir de ese momento lo que ocurrió fue que el principal organismo que se ocupa del tema, la Unidad de Información Financiera (UIF), dejó de denunciar reportes de operaciones sospechosas para que se abran investigaciones penales, se niega a hacer análisis de documentación financiera cuando lo pide algún juez, emite informes escuetos para desvincular a funcionarios nacionales de  causas por posible lavado y pide querellar cuando los involucrados son ex funcionarios del kirchnerismo. Este proceso fue acompañado por una flexibilización de normas. El tema volvió a quedar en evidencia por una nueva resolución del juez Sebastián Casanello que le reclama información al organismo, al que le atribuye un funcionamiento “partidario”. En la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) que, para avanzar en investigaciones se nutre de las presentaciones que hace la UIF, registran claramente el retroceso.

Desde que llegó al poder, el presidente Macri habla de “mafias”, de “narcotráfico”, de buscar “la verdad”, pero en su repertorio el “lavado de dinero” no aparece con la misma frecuencia. Una de las primeras iniciativas del Gobierno en el tema fue la decisión de mover la UIF desde la esfera del Ministerio de Justicia hasta la del Palacio de Hacienda y Finanzas. Esto implica que, en lugar de reportar al sistema de justicia, lo hace ante el de economía, que es al mismo que debe controlar. La UIF, si bien se supone que tiene cierta autonomía, quedó bajo la esfera del Ministerio de Finanzas, que encabeza Luis Caputo, recientemente denunciado por su papel de administrador de fondos de inversión en paraísos fiscales hasta días antes de asumir como ministro, dato que se conoció a través de los llamados Paradise Papers. El titular de la Unidad designado por Macri es Mariano Federici, un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional.

El año pasado, durante ocho meses, la UIF dejó de enviar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a los tribunales penales o a la Procelac. Es decir, en todo ese período no promovió la apertura de expedientes para investigar posible lavado de activos. Los ROS llegan habitualmente a la UIF desde los llamados “sujetos obligados” (bancos, AFIP, cooperativas de crédito, Banco Central, fundaciones, escribanos, contadores, casinos, entre otros) que deben informar sobre situaciones anómalas, como movimientos de dinero por montos que no se condicen con el perfil patrimonial de quienes los realizan. Luego, la Unidad analiza la información, puede hacer la denuncia y diseminar una especie de alerta a organismos que considere deban estar avisados (como AFIP o Banco Central). Pero lo hace poco y nada.

El titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá, había advertido sobre este retroceso en abril último en una publicación académica (En Letra) que fue reflejada por PáginaI12, en la que planteaba que la UIF y la AFIP estaban promoviendo tal flexibilización al sector financiero que puede “terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores de activos”. En aquella oportunidad –según contó Pérez Barberá otra vez consultado por este diario–, a partir de sus críticas se abrió una instancia de conversación con el Gobierno. “Se dialogó y comenzaron a remitir” algunas denuncias con sospechas de lavado (según dispone el artículo 19 de la Ley 25.246). “Hoy están remitiendo, poco, pero remiten; confiamos en el diálogo para mejorar el trabajo conjunto”, dijo. Lo cierto es que la UIF nunca volvió al volumen de denuncias previo al cambio de gobierno.

Uno de los factores que complejizan el proceso es la existencia de reglas, propias de la gestión actual, que establecen que la información de inteligencia financiera ofrecida por la UIF no se puede utilizar como prueba en una causa y no puede ser vista por las partes. Es como si fuera un secreto fiscal o bancario. Procelac, por ejemplo, para obtener información no puede avanzar por sí misma como sucedía antes. Los jueces y fiscales tienen que cotejar lo que les dice la UIF. Y a la vez también tienen una limitación, que es que rige un secreto sobre la fuente, por ejemplo, qué banco reportó una operación dudosa. En algunos juzgados y fiscalías de Comodoro Py esto cayó pésimo. Dos decretos, además, les dieron a los bancos el poder de definir qué es una operación sospechosa –por ejemplo, no tiene en cuenta antecedentes tributarios– y ya no están obligados a chequear la situación patrimonial de sus clientes.

La propia UIF con el criterio de “proteger” la información frente a disposiciones de secreto, empezó a mandar informes prácticamente vacíos de datos útiles, livianos, para que eventualmente sí se incorporen al expediente principal. La excusa es que no pueden violar las normas, que hasta ahora han sido más funcionales a generar mecanismos de impunidad que otros resultados.

Uno de los jueces que decidió confrontar a ese organismo fue Casanello. La UIF se presentó como querellante en la causa que desde el comienzo investiga una gran maniobra de lavado de dinero que tiene como principal acusado a Lázaro Báez. El objetivo de la Unidad era pedir la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner. El juez respondió que no estaba implicada porque no había pruebas y que algunas de las cuestiones que se le endilgan, son objeto de investigación en otras causas, y no se puede juzgar a nadie dos veces por lo mismo. Una presentación de la UIF añadió que cuenta con información de que existen cuentas radicadas en el exterior que sus fuentes vinculan con CFK. Lo decía así, de manera genérica. Por eso, Casanello retrucó con un pedido de precisiones a la UIF, jamás contestado. Luego le pidió al organismo que analice información financiera obtenida en un grupo de cuevas que había allanado, donde no se descartaba que hubiera información que podía servir como prueba incluso para lo que esa repartición pretendía. La respuesta de la Unidad fue que no era de su incumbencia analizar ese material.

O sea, la UIF se presenta como querellante, aparenta una fuerte actividad, pero luego no aporta nada. Entre otras cosas se escuda en normas internas que hacen prevalecer el secreto que, en definitiva, protege a funcionarios, empresarios y a los bancos también (que deben colaborar con la UIF pero a menudo están enganchados en delitos financieros). Como dato adicional, la número dos de la Unidad es María Eugenia Talerico, quien fue abogada del banco HSBC. También integra la organización Será Justicia, que armó la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó y hoy está dedicada a jueces según los deseos del Gobierno.

En Comodoro Py, otro de los que cuestionaron abiertamente el desempeño actual de la UIF, fue el fiscal Federico Delgado. Remitió un informe a la Procuración, donde cuestionaba las demoras ante pedidos concretos de información para causas en trámite. Y la diferencia de profundidad de los informes si se trataba de nombres ligados al kirchnerismo o a Cambiemos. La UIF, dijo, tardó cinco meses en enviarle información requerida para la causa penal que se abrió por las revelaciones de los Panamá Papers, donde surgían presuntas vinculaciones de Macri y su familia con dos sociedades offshore. Al final incluso la Unidad le envió un informe donde señalaba que no tenía ninguna sospecha de maniobras de lavado de dinero en esta cuestión. Y así fue que la causa naufragó y se terminó. El fiscal Delgado se encontró con el mismo tipo de respuesta de la UIF en la causa donde se investigaban transferencias por más de 850 mil dólares recibidas por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en un circuito vinculado con pagos de coimas de la constructora Odebrecht. Pero para la repartición supuestamente especializada no había ningún delito a la vista, según contestó por escrito, lo que llevó al juez Rodolfo Canicoba Corral a cerrar la causa sin siquiera tomar otras medidas complementarias sobre los temas a los que la UIF no responde.

En el informe de gestión referido a lo que hizo en 2016, la UIF se jacta de que hubo cinco condenas más por lavado de activos que en 2015, sin aclarar que las condenas no dependen de ella sino de decisiones judiciales y de que fueron casos impulsados por la gestión anterior. Lo mismo respecto de causas donde dice que, como querellante, instó la elevación a juicio. En el informe, consultado por este diario, dice que multiplicó las causas en las que se presenta como querellante, pero no especifica cuáles son. Las más difundidas son las que atañen a ex integrantes del gobierno anterior, empezando por la ex presidenta CFK, quien a la vez denunció al organismo porque en la causa Los Sauces presentó informes de inteligencia sobre el patrimonio de 2003, sobre el cual ya tres jueces se expidieron, pidió revocar un sobreseimiento del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, pidió enjuiciar a Amado Boudou y hasta se puso a investigar a Milagro Sala. Todavía no hay noticias de que se haya dedicado a verificar con el mismo entusiasmo a los funcionarios de Cambiemos con actividad, por ejemplo, en paraísos fiscales o cuentas en el exterior.