Desde Atlanta

El edificio de dos plantas y ladrillos a la vista en un arbolado barrio residencial, no tiene ningún cartel que lo identifique con la palabra aborto. Solo un discreto letrero de fondo violeta anuncia en inglés que se trata del Centro Feminista de Salud de la Mujer (FWHC). Es una de las ocho clínicas para interrumpir voluntariamente un embarazo que hay en Atlanta, capital del estado de Georgia, sureste de EE.UU. donde se concentran los estados con legislaciones más restrictivas en relación al aborto. Atlanta es conocida como la cuna del movimiento de derechos civiles, donde nació el líder afroamericano Martín Luther King Jr.

Es miércoles, uno de los días –junto con los viernes– en que no atienden al público. El resto de los días, cuando llegan pacientes, suelen reunirse fanáticos antiderechos en la puerta del predio para hostigar a quienes van a abortar. Es una tarde soleada, fresca pero no helada como unos días atrás, cuando se suspendieron las clases por las tormentas de nieve y frío polar. La visita a la clínica es parte de un recorrido organizado por Women’s Equality Center (WEC) y State Innovation Exchange (SiX), dos ONG con sede en EE.UU. El objetivo es reunir a legisladores de ese país y de México y Argentina, que apoyan la marea verde, para compartir estrategias en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ante la avanzada conservadora. Especialmente después de la anulación, el 24 de junio de 2022, del histórico fallo Roe vs Wade por la Corte Suprema, que abrió la puerta para que 21 estados –de los 50 que hay– endurezcan sus legislaciones con nuevos límites o prohibiciones para interrumpir voluntariamente un embarazo. El viaje en un tour al corazón de un modelo –con escasos derechos para las mujeres— que Javier Milei mira con admiración.

La ofensiva republicana

El paso por Georgia no es azaroso. En la ofensiva republicana contra el aborto, en 2019 el gobernador Brian Kemp impulsó una ley para prohibirlo, en caso de que ya se pueda detectar actividad cardiáca en el embrión, lo que sucede alrededor de la sexta semana de gestación, es decir, un plazo en el que muchas mujeres incluso no se han dado cuenta de que están embarazadas. La reforma entró en vigencia en julio de 2022 después que la Corte revocara la sentencia que protegía el derecho al aborto en el país. Las únicas excepciones previstas en Georgia son en caso de una gestación producto de violación o incesto –pero se exige denuncia–, si el feto no tiene posibilidades de sobrevida, o si corre riesgo la vida de la mujer. “Pero hay médicos que no quieren actuar si la mujer no está a punto de morir”, cuenta Kwajelyn Jackson, directora ejecutiva del Centro de Salud de la Mujer Feminista.

Hasta 2022 el aborto estaba permitido hasta la semana 20 de gestación. “En Georgia se han vuelto orgullosos de ser representantes de la ideología de la ultraderecha”, cuenta a este diario la abogada especializada en derechos humanos Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de WEC, organización que trabaja en comunicación sobre salud y justicia reproductiva en América Latina.

En el vecino estado de Florida también rige una restricción similar desde abril de 2024, lo que limitó severamente el acceso al aborto para las mujeres en todo el sur de EE.UU, donde vive la mayor concentración de mujeres negras y el racismo es otro problema que enfrentan en la atención de la salud: todos los estados del sur ahora prohíben o restringen el aborto. Son los estados que tienen las tasas de mortalidad materna (TMM) más altas del país. Con la prohibición del aborto, se estima que la TMM –las muertes de mujeres vinculadas al embarazo, parto y puerperio– crecerá en todo EE.UU. Pero subirá un 22 por ciento entre las mujeres blancas y 33 por ciento entre las afro-americanas, comenta, en otra instancia del recorrido, Breana Lipscomb, asesora senior del Centro de Derechos Reproductivos.

La salud siempre se paga en EE.UU.

“Los conservadores se venden como pro familia, pero no tienen ninguna política para las familias”, destaca Ávila-Guillén. Entre sus primeras medidas, Donald Trump anunció que el Gobierno federal no financiará más programas para ayudar a comprar leche y alimentos de niños a familias vulnerables, “apenas un detalle” en un país donde la salud de las mujeres no es un derecho. Ni en los estados donde el aborto es legal, la atención de esa práctica es gratuita. Siempre se paga. Para tenerla incluida en el seguro médico, hay que pagar un extra.

“Las mujeres entran a mi consultorio llorando. Dicen: ´tengo tres hijos en casa, no tengo plata para ir a otro estado a abortar, no quiero tener otro hijo´" cuenta Sukari Olawomi, una experimentada especialista en ultrasonido con más de veinte años trabajando en clinicas donde se hacen abortos.

Frente a este escenario, para ayudar a quienes no tienen recursos, organizaciones que trabajan por la justicia reproductiva ofrecen ayuda económica para viajar a otros estados donde la práctica está permitida. El problema es que no está contemplada la licencia laboral en esos casos. Pedirse los días en el trabajo es otro obstáculo.

Un aborto puede costar entre 200 y 20.000 dólares según el avance del embarazo, detalló Alexia Rice-Henry, co-directora ejecutiva de ARC-Southeast, una de las ONG que brinda apoyo económico o logístico para un aborto. Un tratamiento con pastillas –una combinación de misoprostol y mifepristona– ronda entre 500 y 700 dólares, precisó. En Argentina, el kit de ambas drogas para abortar se puede comprar a unos 160 dólares, pero en algunas farmacias lo ofrecen con descuento y hay obras sociales que cubren el costo total del tratamiento con 12 pastillas de misoprostol. Pero si una mujer o persona gestante en Argentina pide un aborto en un hospital, centro de salud o a través de su obra social o medicina prepaga, la atención es gratuita. Lo establece la Ley de IVE, sancionada en 2020.

Como ocurre en otros estados, en Georgia también hay “clínicas falsas” de aborto, donde activistas antiderechos buscan persuadir a las mujeres de interrumpir un embarazo y “les dan información falsa y confusa, diciéndoles que tienen 7 u 8 semanas de gestación y por ahí no llegan a las 5 semanas. Y las obligan a escuchar un latido fetal, cuando todavía no existe”, agrega Olawomi.

El aborto autogestionado con pastillas no es ilegal en EE.UU., incluso en los estados con mayores restricciones. Pero muchas mujeres prefieren viajar a otro estado donde la práctica es legal, antes que recurrir a interrumpir la gestación por su cuenta en su casa, por miedo a tener complicaciones y estar lejos de un centro de salud o no recibir la atención adecuada. O ser denunciada. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, en EE.UU. no hay redes de socorristas que acompañan la situación de aborto.

Muertes evitables

Solo en el estado de Georgia, en los meses posteriores a la anulación de Roe vs Wade se registraron dos muertes de mujeres que tuvieron complicaciones por abortos hechos con pastillas, ambas afroamericanas. Una de ellas, Amber Thuman de 28 años, madre sola de un hijo de 3 años, estuvo esperando atención 20 horas en la sala de emergencia, según publicaron los medios. Los médicos no quisieron atenderla por temor a ser denunciados por aborto. Murió en agosto de 2022. Candi Miller, de 41 años, madre de tres hijos, también se autogestionó su aborto en la casa con pastillas. Tuvo una rara complicación –que no es frecuente con las píldoras abortivas– y en vez de ir al hospital, tuvo miedo de ser denunciada y su cuadro se agravó por una mezcla de medicamentos que su familia cree que estaba tomando para controlar el dolor, de acuerdo con la autopsia. Murió en noviembre de 2022.

Según contó Kelly Baden, vicepresidenta de Políticas Públicas del Instituto Guttmacher, una ONG de investigación en salud sexual y reproductiva, en EE.UU. el 63 por ciento de los abortos se hacen con medicamentos, contra 75 al 99 por ciento de los casos en Argentina.

En algunos estados se han presentado iniciativas para prohibir incluso el envío postal de pastillas abortivas, una de las estrategias implementadas por ONG que trabajan por la salud de las mujeres para sortear las legislaciones restrictivas. Hay una causa clave iniciada contra una médica de Nueva York por mandar píldoras abortivas a una joven de 20 años en Texas. Su desenlace se espera con mucha expectativa. La demanda la inició el fiscal general de Texas, donde rige una prohibición casi total del aborto, y es ilegal enviar fármacos abortivos por correo. Nueva York, en cambio, es uno de los 18 estados que han aprobado “leyes escudo” para proteger a los médicos que recetan píldoras para abortar a pacientes de otros estados donde el aborto puede no ser legal. En Texas la situación es peor que en Georgia. El gobernador Gregory Wayne Abbott del ala más conservadora del Partido Republicano, promovió una legislación que le otorgó a los ciudadanos el derecho de denunciar a cualquier persona que "a sabiendas se involucre en una conducta que ayude o incite a la realización o inducción de un aborto". A los denunciantes se los premia con una recompensa.

Jackson, la directora ejecutiva del centro FWHC de Atlanta, contó que las mujeres de Georgia que superan las 6 semanas de gestación prefieren viajar al estado vecino de Carolina del Norte, donde está permitida la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, aunque tengan que conducir entre 5 y 6 horas en auto y una espera obligada de 72 horas entre que piden el aborto, hasta que se realiza, algo así como un tiempo de reflexión. Esto complejiza toda la movida por el tiempo que deben estar fuera de su casa, sobre todo si tiene hijos pequeños y deben conseguir permiso para ausentarse en el trabajo.

La ESI muy limitada

Ante los ojos sorprendidos de las legisladoras latinas que visitaron la clínica de aborto de Atlanta, Jackson destacó que en EE.UU. los anticonceptivos no son de venta libre –salvo un tipo de pastillas– ni se distribuyen de manera gratuita en hospitales. La llamada píldora del día después tiene un costo de unos 50 dólares. Es decir, no se permite el aborto o su acceso está cada vez más restringido, pero tampoco hay políticas públicas para prevenir los embarazos no intencionales. No hay una legislación a nivel federal que obligue a las escuelas a dar educación sexual. Es decir, depende de cada estado si se brinda y en algunos casos, las familias tienen que autorizar que su hijo o hija reciba ESI en las aulas.

Lo que más sorprendió a las legisladoras latinoamericanas es que no existe una normativa a nivel nacional que garantice un piso mínimo de licencia por maternidad, a diferencia de lo que sucede en Argentina. Otra vez, dependerá de en cuál estado vive, si tendrá o no ese derecho. En promedio, las mujeres regresan a trabajar antes de las seis semanas, aunque hay empresas donde la licencia puede llegar a las 12 semanas. Lo mismo ocurre con la presencia de guarderías o jardines maternales gratuitos: varía según los estados. En Georgia no hay. “Si tiene dos hijos, es más económico para muchas familias que la mujer se quede en la casa cuidándolos, antes que volver a trabajar”, contó Ávila-Guillén.

La existencia de lactarios en las empresas y en las oficinas públicas varía de un estado a otro. No hay legislación federal. Tampoco en Georgia. Ni siquiera en el Congreso de los EE.UU., donde no les queda más opción a una congresista o empleada que está amamantando, que ir al baño a sacarse leche. “Tu nivel de salud depende de tu código postal”, resumió Ávila-Guillén.

“En Argentina tenemos en el Gobierno al mejor discípulo del Presidente de EE.UU. Lo que vimos en Georgia es lo que son capaces de hacer. Es evidente que el sueño americano no incluye a las mujeres”, destacó la senadora díscola del PRO, Guadalupe Tagliaferri, la única legisladora argentina que participó en el viaje organizado por WEC y SIX, al que asistieron dos diputadas mexicanas. En reuniones con legisladores, activistas e investigadores norteamericanos, tanto en Georgia como en Washington DC –la otra escala–, las tres dieron cuenta del camino hacia la legalización del aborto en sus países, enarbolando el pañuelo verde.