En los últimos días, Sudáfrica ha sido objeto de una campaña de desinformación promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca distorsionar las políticas internas sudafricanas y socavar su posición en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.
Lo que pareció un posteo bravucón de Trump en su red social Truth Social diciendo que Sudáfrica estaba "confiscando tierras y tratando muy mal a ciertas clases de personas", fue tomando forma con más posteos por parte de más funcionarios de su gobierno, hasta cristalizarse en una orden ejecutiva que suspende ayuda financiera a Sudáfrica. El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a las críticas, declarando que no asistirá a la próxima cumbre del G20 en Johannesburgo debido a las políticas de expropiación de tierras en ese país. Luego, Elon Musk, nacido en Sudáfrica, también intervino en la polémica. En la plataforma X, interpeló al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, preguntando: "¿Por qué tienen leyes de propiedad abiertamente racistas?".
En la orden ejecutiva firmada por Trump el 7 de febrero, se justifica la suspensión de la ayuda financiera alegando que Sudáfrica atenta contra la minoría étnica afrikaner y contra la política exterior de Estados Unidos y sus aliados, como Israel. La orden indica también que no se restablecerá la asistencia "hasta que se complete una investigación completa de esta situación".
Musk, no obstante, continuó con sus intervenciones y solicitó que Julius Malema, fundador y presidente del partido Economic Freedom Fighters (EFF), fuera declarado criminal internacional, alegando que sus declaraciones incitaban a la violencia contra personas blancas. En respuesta, Vincent Magwenya, portavoz del presidente Ramaphosa, instó a Musk a "recuperar la compostura" y familiarizarse con el sistema legal de Sudáfrica, enfatizando que no se ha registrado ningún asesinato de personas blancas como resultado de las acciones de Malema y que el país cuenta con herramientas legales para combatir la incitación al odio.
Analistas internacionales sostienen que estas declaraciones de Musk se producen en medio de tensiones relacionadas con su empresa Starlink y el gobierno sudafricano. El servicio de internet satelital no ha sido lanzado en Sudáfrica debido a las leyes de acción afirmativa que requieren que las empresas extranjeras proporcionen un 30% de participación a negocios de propiedad negra para obtener una licencia de telecomunicaciones.
Esta no es la primera vez que Musk se enfrenta a desafíos regulatorios en países con políticas de inclusión. En Brasil, su empresa X (anteriormente Twitter) fue multada por no cumplir con las leyes locales, lo que llevó al Tribunal Supremo de Brasil a ordenar el bloqueo de las cuentas bancarias de Starlink para asegurar el pago de las multas. Entonces, Musk criticó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y al juez que dictó la sentencia, acusándolos de censura y prometiendo represalias.
Ante estas acusaciones del gobierno estadounidense, Pretoria denunció una "campaña de desinformación" destinada a distorsionar la realidad del país. El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación afirmó que la orden ejecutiva de Trump "carece de precisión fáctica y no reconoce la profunda y dolorosa historia de colonialismo y apartheid de Sudáfrica".
El presidente Ramaphosa enfatizó que Sudáfrica no se dejará intimidar y que la ley de expropiación de tierras es un paso necesario para abordar las disparidades raciales en la propiedad de la tierra. "Nadie en el mundo moderno puede intimidar o detener a Sudáfrica", afirmó en su discurso anual sobre el estado de la nación.
Esta campaña busca cuestionar el papel de Sudáfrica en la defensa de los derechos humanos y su posición dentro de los BRICS, especialmente en el contexto de las tensiones económicas entre Estados Unidos y países aliados de China. Sudáfrica, como miembro activo de los BRICS, ha fortalecido sus lazos con China y otras naciones emergentes, promoviendo un orden mundial más multipolar.
El gobierno sudafricano ha reiterado su compromiso con la justicia social y la equidad, subrayando que la ley de expropiación de tierras es una herramienta para corregir las injusticias históricas y promover un desarrollo inclusivo. Asimismo, ha llamado a la comunidad internacional a comprender el contexto histórico y social de sus políticas internas y a no dejarse influenciar por campañas de desinformación que buscan socavar su soberanía y su papel en la escena global.
*Politóloga UBA.
