Una de las grandes protagonistas de esta primera vuelta fue la conflictiva relación entre la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, y el presidente Daniel Noboa. Luego de emitir su voto en la sureña ciudad andina de Cuenca, Abad dijo tener la esperanza en que el "gobierno recapacite" y ofrezca una segunda vuelta ordenada, cuando todavía no había concluido la votación ni existían resultados. Abad se expresó así en referencia a la polémica acontecida en la primera vuelta, donde el presidente y candidato a la reelección no pidió licencia para realizar la campaña electoral ni delegó el cargo en ella, como se establece en la normativa nacional.
El Código de la Democracia (ley electoral) de Ecuador señala que las autoridades que se presentan a la reelección inmediata deben pedir licencia del cargo, y en el caso del presidente se establece que debe ser sustituido por quien ocupe la vicepresidencia. Sin embargo Noboa no pidió licencia durante el periodo de campaña electoral (del 5 de enero al 6 de febrero) y en lugar de delegar su cargo en Abad lo hizo solo en los días en los que realizó proselitismo, en la secretaria de la Administración Pública Cynthia Gellibert, a quien él nombró por decreto como "vicepresidenta encargada".
Los decretos en los que Noboa delegó la presidencia en Gellibert fueron declarados inconstitucionales y dieron la razón a Abad en que solo ella está facultada constitucionalmente para sustituir al gobernante. El viernes pasado en Quito, Abad trató sin éxito, por segunda vez, ingresar en las oficinas de la vicepresidencia, en busca de que se cumpla la sentencia judicial que ordenó su restitución en el cargo tras anular la suspensión de cinco meses que le impuso el gobierno.
La suspensión que le impuso el gobierno fue a raíz de que, según el Ejecutivo, Abad no se presentó en el plazo señalado en Turquía, país al que había sido trasladada desde Tel Aviv ante las crecientes tensiones en Medio Oriente mientras ejercía el cargo de embajadora de Ecuador en Israel. Esta sanción impedía a Abad asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral para los comicios, como finalmente se vio impedida por Noboa, pese al fallo judicial que anulaba la sanción.
