Familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional y de otras fuerzas federales protestaron este lunes frente al Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires, y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, entre otros puntos, en reclamo de sueldos dignos para los efectivos.
Días atrás, tal como reveló Página/12, un informe de la "Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal" le había advertido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la existencia de una “situación de malestar en las fuerzas de seguridad federales, en especial la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria" por cuestiones salariales.
Según ese documento, por WhatsApp y distintas páginas web, ya se advertía que se estaban convocando para este lunes a concentraciones de gendarmes en el Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires; en el Monumento a la Bandera, en Rosario; en la Plaza San Martín de Jesús María, Córdoba; en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy y en la Plaza San Martin de Tartagal, Salta. Esta mañana, algunos de esos puntos se nutrieron de familiares de gendarmes, que protestaron con carteles y cánticos por "sueldo digno". La que llamó más la atención fue la que ocurrió en Salta, porque Patricia Bullrich estaba presente: mientras los gendarmes avisaban que sus sueldos no le alcanzaban para llegar a fin de mes, la ministra prometía casas del Procrear, un programa que ya no existen por decisión de Javier Milei.
La matriz del conflicto es que Bullrich utiliza los gendarmes en distintos puntos calientes del país, más allá de los lugares de frontera propios de la fuerza: en Rosario, CABA y Córdoba. La permanencia en esas zonas no es ocasional, sino de manera prolongada, por lo cual sí o sí tienen que alquilar una vivienda, que en esas ciudades cuestan entre 250.000 y 500.000, dicen los gendarmes. Eso los lleva a reclamar un inmediato aumento de salarios.
En algunos de los textos de los efectivos, en la página denominada 1588, mencionan que en todo 2024 recibieron apenas un tres por ciento de aumento. Según se publicó en Boletín Oficial, en diciembre un cabo primero que en noviembre cobraba 778.238 pesos, pasó a cobrar 786.020, el uno por ciento de aumento.
Este año, en tanto, se fijó un 1,6 por ciento de aumento en enero; 1,2 por ciento en febrero y, como Patricia Bullrich sabe que todo está por desbordarse, cinco por ciento en marzo, el mayor aumento que recibe cualquier estatal en esta época. Esos aumentos, se advierte, no son suficientes, porque “el 40-50 por ciento de lo que ganamos se va en alquileres, sin contar con otros gastos familiares”, argumentan.
Lo que se observa en los textos de los reclamos es que se cuestionan poco y nada las órdenes de represión. El reclamo parece traducirse en la frase “para que sigamos pegando palos, tienen que pagarnos mejor”. En ninguno de los posteos se critica a Javier Milei, pero están los que quieren dejar en claro que su referente es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con menciones de “señora presidente”. Esos sectores la ubican como adalid de los militares y reivindicadora de la dictadura de 1976.
La evidencia más nítida es que este sábado se conoció una carta abierta de los Gendarmes Autoconvocados dirigida a Villarruel, que en realidad no tiene competencia alguna en los sueldos. "Nos dirigimos a usted en representación de todos los integrantes de la Gendarmería Nacional para expresar nuestras serias preocupaciones y necesidades básicas desatendidas por la ministra de Seguridad y el Director de nuestra institución. Un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza". El texto hace referencia a que "los gendarmes, en sus días libres tienen que realizar trabajos adicionales no registrados o desempeñarse como conductores de aplicaciones de transporte". Al final de la carta abierta, le piden a Villarruel "que apoye nuestra causa por el bien de nuestras familias". Eso sí, no dejan de señalar que "el país está avanzando, pero parece haber olvidado nuestro esfuerzo".
Todos los ingredientes hacen que el conflicto aparezca como distinto al de 2012, cuando enfrentaron, en un verdadero levantamiento, al gobierno de Cristina Kirchner, con Nilda Garré como ministra de Seguridad. En 2012 los líderes eran de ultraderecha y se mezclaba cierto odio ideológico. Ahora se percibe sintonía con la administración Milei. No obstante, no faltan quienes señalan que se trata de un cuerpo que está desgastado y enojado porque no les reconocen salarialmente su papel en la calle tirando gases.
