Los grandes inversores piden terminar con las restricciones a la salida de capitales, que eso es el CEPO. Los titulares del capital concentrado, eso son los grandes inversores, cuentan con el aval “profesional” del FMI, que también reclama salir del CEPO.

Son quienes pretenden libertad del movimiento internacional de capitales, de entrada y de salida, pero no ingresan capitales si no se les permite salir cuando quieran.

Aun con el RIGI, demandan terminar con las restricciones, más aún en tiempos de vuelo hacia la calidad, que supone una atracción desde los EE.UU ante las vulnerabilidades financieras que se presentan en la economía mundial.

El gobierno de Milei, hizo campaña diciendo que sacaría el CEPO, y lo sigue diciendo, aunque no sabe cuándo, porque tiene temores de que le ocurra lo que le pasó a Macri durante su gestión.

Macri eliminó las restricciones a la salida de capitales, y lo que ocurrió fue una disparada de la cotización de las divisas.

Como sabemos, cuando se devalúa la moneda local hay cambios de precios relativos y pierden los sectores de ingresos fijos, que actualizan estos con “delay”, es decir, los ingresos populares corren de atrás a los precios, y si los alcanzan, éstos tienden a aumentar nuevamente.

En definitiva, un acelerador del índice de precios, la inflación.

Lo central para la gestión es bajar el índice inflacionario

La lectura de Milei, Caputo y equipo es que el principal rédito político de la gestión libertaria se asienta en la tendencia a la baja del índice de inflación, de más del 20% en enero 2024 a menos del 3% en diciembre pasado.

Más allá del costo social, reconocen que el sostén político de una parte de la sociedad está en la esperanza en que en algún momento “mejoren” sus condiciones de vida.

Difícil que eso ocurra con el ajuste en curso, pero la política no siempre se asocia al bolsillo y operan otras cuestiones para consensuar, incluso, políticas antipopulares como las de la Libertad Avanza y sus asociados, cómplices desde la “oposición” dialoguista.

Entre esas otras cuestiones se incluye la labor ideológica en contra de los “zurdos”, o sea, todos los que no remiten a la lógica discursiva y de valores de la Libertad Avanza.

Como tienen desde el gobierno una mirada fija en la evolución del índice de precios, “regulan”, en la medida que pueden la política económica.

Es curioso pero real, “intervienen” desde el Estado, aunque se manifiestan anti Estado.

Lo hacen desde la política cambiaria y monetaria, entre otros instrumentos a disposición de la política económica del Estado bajo gestión libertaria.

De ese modo lograron que el dólar se actualizara 27% en 2024, contra un índice de precios del 117,8%.

Es lo que se llama apreciación de la moneda local, a contramano de la devaluación que está ocurriendo en casi todo el mundo a causa de la valorización o apreciación del dólar estadounidense.

La apreciación de la moneda dificulta la colocación de productos locales por pérdida de competencia del tipo de cambio, lo que no impide que el país tenga superávit comercial, por exportaciones del agro y la energía, pero con incapacidad de acumular suficientes reservas internacionales, ya que la fuga de capitales se sostiene.

Remitimos a una fuga que se asienta en pagos por deuda, por remesas de utilidades al exterior o por constitución de activos externos de argentinas/os, incluido el turismo emisivo y especialmente el atesoramiento en billetes de moneda extranjera, estimado en 250.000 millones de dólares, que no están registrados en el sistema financiero local.

¿Quién gestiona las divisas?

Argentina, así lo expresan sus cuentas públicas, está atrapada sin salida por la voracidad del capital privado, quienes detentan las divisas que el Estado no puede gestionar, ya que están en manos privadas.

Vale recuperar que el “blanqueo” realizado en 2024 regularizó unos 22.000 millones de dólares, depositados en el sistema financiero por el sector privado, sin multas ni costo fiscal para esos evasores de tiempo atrás.

Se trató de un perdón gigantesco a sectores enriquecidos, muy distinto al parámetro que se tiene con los más vulnerables y empobrecidos, caso de la quita de subsidios en tarifas o eliminación del plan de entrega de medicamentos a jubiladas/os.

El CEPO lo reinstaló la gestión Macri y se mantiene porque el Estado no tiene poder para disciplinar al sector privado detrás del movimiento internacional de capitales, promoviendo la evasión que intenta luego “blanquearse”.

Por eso, el gobierno quiere más deuda, del FMI o de quien sea, para armar un colchón para enfrentar la demanda de divisas de los grandes capitales.

Ese fue el destino del préstamo del FMI en 2018. El BCRA informó en 2020 que esos recursos ingresaron por una puerta giratoria, pues los recibió el Estado y los derivó al sector privado vía fuga de capitales.

Claro que la devolución del préstamo se carga al conjunto de la sociedad, con la renegociación del 2022 y la que está en curso en el presente.

Entonces…, ¿sí o no al CEPO?

No se trata de CEPO si, o CEPO no, si no del conjunto de la política económica, en bendijo de quien.

Es lo que esencialmente no se modifica, y por eso la crisis política en el país.

De ahí las búsquedas de soluciones en un “prestidigitador” que ofrece respuestas inmediatas, que logra hasta ahora consenso suficiente, mientras hipoteca a la mayoría de la sociedad y promueve reaccionarios cambios que mucho costará revertir.

En definitiva, con CEPO o sin él, hay pocos beneficiados por la política oficial y una masa social inmensa perjudicada con el ajuste y la reaccionaria transformación del país.

Más allá del CEPO, el debate ausente es por un orden económico social alternativo, con el centro en la satisfacción de las necesidades de la mayoría empobrecida de la población.

* Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.