Mediante una serie de afirmaciones cuestionables y con el sarcástico mote de “Motosierra 2.0”, el Gobierno celebró el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, un área a través de la cual se implementaron programas de construcción y urbanización que en las últimas dos décadas dieron techo a más de 100 mil familias que no tenían posibilidad de recurrir al sector privado para acceder a una vivienda.

El encargado de festejar con filosa burla esa decisión que guillotina los sueños de la casa propia, sobre todo para los sectores de menores ingresos, fue el ministro desregulador Federico Sturzenegger.

El decreto al que se refiere el ministro es el 70/2025 que disuelve la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y pone en manos de las provincias desfinanciadas y los municipios sin obras públicas del Estado nacional la iniciativa de construir nuevas o remanentes inmuebles y obras de urbanización.

“La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios”, afirmó Sturzenegger para desentenderse del asunto y acusó sin pruebas a intendentes y gobernadores de “desviar recursos del Fonavi para gastos generales de administración”.

Para resolver el problema habitacional “la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales”, dijo el funcionario, calificando con desdén a los barrios del conurbano, pueblos de provincias y zonas de la ciudad de Buenos Aires donde el Estado entregó casas y departamentos a cambio de créditos bajos y/o congelados.

También se jactó de que el cierre de la secretaría permite “importantes ahorros en personal”. En otras palabras, despidos de cientos de profesionales, urbanistas, administrativos y constructores a los que él llamó despectivamente “personas sin tarea real”.

Lo que también hizo ese decreto publicado hoy en el Boletín Oficial fue eliminar y poner en proceso de liquidación los fondos fiduciarios que sostenían los programas de hábitat. Los que el Gobierno había eliminado fueron los siguientes:

  • A través del Decreto 1018/2024 disolvió el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR).
  • A través del Decreto 6/2025 eliminó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.
  • Paralelamente está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

A esto, Sturzenegger lo llamó alegremente “Motosierra 2.0” que, siempre según él, “consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno” de La Libertad Avanza (LLA).

En su amañada argumentación de las cosas, el ministro de Desregulación sentenció que la construcción de viviendas tiene que estar en manos privadas, no públicas. Según él, para “resolver el problema lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda”.

Sin embargo, los créditos que ofrece el sector privado para esos fines son inalcanzables para una familia promedio. Tienen tasas exorbitantes y demandan garantías inalcanzables para un trabajador promedio con ingresos que, a causa de las políticas del último año, quedaron por debajo o al ras de la línea de pobreza. Y ni que hablar de los créditos UVA, que desde su puesta en marcha por el gobierno de Mauricio Macri multiplicaron al menos seis veces los valores originales de las cuotas.

La contracara de esas alternativas que ofrece el sector privado era el Plan PROCREAR, lanzado durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner y que el gobierno de Javier Milei eliminó con el antes mencionado Decreto 1018/2024.

Por si fuera poco, Sturzenegger dedicó un párrafo para desacreditar el trabajo de las universidades nacionales en los programas de vivienda. Otra vez sin pruebas, acusó la supuesta existencia de “un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”.

Así y todo, para la exmano derecha de Domingo Cavallo durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, la guillotina del Estado a los sueños de la casa propia son una muestra de valentía. “La Motosierra 2.0 requiere liderazgo”, se jactó y nombró uno a uno a los integrantes de su inefable equipo de colaboradores que hicieron posible que el Gobierno “ejecute” los programas destinados a los sectores más vulnerables.

El Decreto 70/2025 lleva las firmas de Javier Milei y de Luis “Toto” Caputo. En rigor, es una iniciativa del ministro de Economía que, en su tarea de vaciar el Estado, disolvió decenas de secretarías, subsecretarías, direcciones y programas descentralizados.

En ese mismo decreto también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y de la Dirección Nacional de Arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

El proceso de cierre de la Secretaría de Hábitat quedó bajo responsabilidad de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).