La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura avanzó este martes con la evaluación de los pliegos de Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, los tres candidatos propuestos por Maximiliano Pullaro para renovar la Corte Suprema de Justicia. Por la mañana, los miembros de la comisión entrevistaron a cada uno de los candidatos, mientras que por la tarde tuvo lugar la audiencia pública para que la ciudadanía incluya pregunta u observaciones al proceso. Apenas hubo un orador anotado: Lucas Galdeano, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, que expresó el visto bueno de la entidad a las tres candidaturas. A la par, la comisión tiene en sus manos las cuatro impugnaciones que llegaron contra los candidatos: tres a Baclini y una contra Zabalza. Se espera que el jueves haya un dictamen de la comisión que se pondrá a consideración de la Asamblea Legislativa. Todo se encamina a una aprobación sin demasiados sobresaltos.
La renovación de la Corte está en marcha. El gobierno provincial busca cubrir los dos cargos que hoy están vacantes: uno por la salida de Mario Netri –dejó su lugar a principios de diciembre– y otro por la decisión de ampliar la Corte a siete miembros, en el marco de la reforma judicial aprobada en noviembre pasado. La tercera vacante se dará en abril de 2025, cuando María Angélica Gastaldi deje su cargo, como anticipó en medio de las tensiones crecientes entre el gobierno santafesino y el máximo tribunal provincial. Para esos cargos, el gobernador propuso los nombres de Baclini, Weder y Zabalza que ahora están bajo el análisis de la Legislatura.
Ese proceso sumó este martes un nuevo capítulo en la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura. A las once de la mañana, los tres candidatos fueron entrevistados a puertas cerradas por los miembros de la comisión, como parte del procedimiento para la elevación de un dictamen. La comisión está conformada por los senadores Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), Orfilio Marcón (UCR-General Obligado), Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y Joaquín Gramajo (UNITE-9 de Julio) que además preside el cuerpo; y los diputados Lionella Cattalini (PS), Silvana Di Stefano (UCR), Astrid Hummel (PRO), Gisel Mahmud (PS), Ariel Bermúdez (CREO), Antonio Bonfatti (PS), Marcos Corach (PJ) y Emiliano Peralta (Somos Vida).
Luego de las entrevistas tuvo lugar una audiencia pública destinada a que la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil realicen objeciones, o brinden su parecer respecto a los candidatos y el proceso de selección para los nuevos miembros de la Corte. Se trata de una instancia nueva, incorporada durante la reforma judicial, para que la sociedad pueda expresarse, previo a la elaboración del dictamen por parte de la comisión. De algún modo se trató de un hecho histórico: es la primera vez que se realiza una audiencia pública dentro de un proceso que implica la elección de integrantes para la Corte Suprema de Justicia provincial.
Sin embargo, la participación fue escasa. Hubo solo una persona inscripta para la jornada y la audiencia duró apenas siete minutos. El orador fue Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. El organismo ya se había pronunciado a favor de los candidatos y su exposición fue en esa misma sintonía. “Consideramos que se trata de tres profesionales de excelente nivel y trayectoria que representan cada uno en su ámbito el deber ser, lo que se hace bien dentro del ámbito de la comunidad jurídica y esperamos que esta asamblea les dé el acuerdo legislativo para que ellos ocupen la máxima magistratura”, expresó el dirigente.
Pasadas las entrevistas y la audiencia, ahora la comisión se volverá a reunir este jueves para intentar avanzar en un dictamen que se pondrá en consideración de la Asamblea Legislativa para su votación. En caso de que la elaboración del dictamen se demore más de lo estipulado, o no se consiga quórum en la Legislatura para someterlo a votación, hay una segunda convocatoria prevista para el próximo 20 de febrero, donde los diputados y senadores –en una sesión conjunta– pondrán en debate los pliegos de los candidatos.
Impugnaciones
El proceso de designación de los nuevos miembros también habilitó un período para que se realicen impugnaciones a esos pliegos. Se contabilizaron cuatro: tres a Baclini y una contra Zabalza, que llegó sobre el cierre del plazo. Esas objeciones fueron abordadas en las entrevistas, donde los postulantes podían presentar material en su defensa.
De las impugnaciones contra Baclini, la más resonante es una que denuncia la contratación directa de la licencia de un software por 53.000 dólares con una empresa de procedencia cuestionada, cuando era fiscal General de Santa Fe. La impugnación al pliego fue realizada por Hernán Martínez, abogado del exministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín. Los datos aportados surgen de la causa en la que su defendido está acusado de licitar la compra de armas policiales con esa misma firma, como público Luciano Couso en Rosario/12.
Para el abogado, esa situación denota una “notoria contradicción” por parte del gobierno provincial, que por un lado se constituyó como querellante en la causa por la licitación para la compra de armas –que finalmente no se concretó– contra Saín, mientras que Baclini, que efectuó una contratación directa con la misma empresa que está en cuestionamiento, es propuesto como ministro de la Corte.
Las otras dos impugnaciones contra Baclini fueron presentadas por un abogado y una particular, que plantean la disconformidad con su designación. Aspectos que, en principio, no presentarían un problema a la hora de la aprobación del pliego.
Por otro lado, la impugnación contra Zabalza se presentó sobre el filo de la campana a manos del diputado nacional Nicolás Mayoraz. El legislador de La Libertad Avanza puso en cuestión la “experiencia” de la abogada, con recorrido en la gestión universitaria. Con 44 años es la más joven de los nominados, y el dirigente libertario presentó una objeción que va en esa línea.
Perfiles
Las tres postulaciones responden a perfiles distintos y de diversa procedencia. Baclini es doctor en Derecho especialista en la Magistratura y docente de Derecho Penal. Primero fue juez de instrucción y luego fiscal regional de Rosario. También se desempeñó como fiscal general de la provincia. Su candidatura se impulsó desde el radicalismo.
Por su parte, Zabalza es abogada especialista en derecho tributario y profesora en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde integra el Consejo Directivo en representación del claustro docente de la Facultad de Derecho. También trabajó en la municipalidad de Rosario y en los ministerios de Economía y Seguridad de la provincia, durante los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social. Es hija del histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, quien fuera senador provincial y diputado nacional por la provincia de Santa Fe.
En tanto, Weder es abogado y docente en Derecho Administrativo. Fue relator de la Corte Suprema Justicia de Santa Fe y luego fiscal de Estado, durante la gestión de Omar Perotti. Su postulación se da en sintonía con el apoyo legislativo que el sector del exgobernador brindó a la gestión de Pullaro para aprobación de la reforma judicial primero, y para destrabar el proyecto de reforma constitucional después.
