La última tanda de despidos que se produjo recientemente en distintas industrias del conurbano como la química Linde Praxair de Pilar y Pacheco, la fábrica de cristales para automotores Pinklington de Munro y la refinería de Shell en Dock Sud tienen un componente común: la persecución sindical.
A diferencia de empresas que operan en sectores de actividad muy golpeados por la crisis del consumo interno, como las alimenticias Dánica de Lavallol, Granja Tres Arroyos, también en Pilar o el Molino Bajo Hondo, cuyas ventas se desplomaron por la crisis de ingresos generada con la devaluación de diciembre de 2023, nunca se recuperon, y afectaron severamente sus balances, los casos mencionados exponen estrategias empresarias muy similares.
Se trata de despidos por goteo pero quirúrgicos, apuntados a militantes sindicales, algunos de ellos delegados, otros reconocidos por la Justicia bajo la figura de “delegados de hecho”, miembros de organizaciones minoritarias en sus sindicatos, particularmente vinculadas a organizaciones de izquierda.
Las empresas, por su parte, están integradas en poderosos grupos multinacionales, con objetivos globales o regionales, cuya solidez les permitiría perder dinero por un par de años, sin poner en riesgo su continuidad.
Sin embargo, ocurre otra cosa. Los directivos pretenden aprovechar el supuesto clima de época antisindical para descabezar la resistencia de sus trabajadores y así implementar libremente despidos primero y luego contrataciones de personal tercerizado, obligado a aceptar jornadas más largas por menor salario.
Pinklington pertenece al grupo NSG de origen japonés y es la principal proveedora de cristales para la industria automotriz y vidrios planos para la construcción. En esos nichos, es casi un monopolio y, como tal, lidera la representación de la Cámara Argentina del Vidrio Plano (CAVIPLAN).
En una reciente comunicación a sus inversionistas, establecieron el objetivo de incrementar su rentabilidad anual, de los 4 puntos actuales, hasta 10. El principal camino para lograrlo es la “modernización de las relaciones laborales”, eufemismo habitualmente utilizado como sinónimo de flexibilización.
Empezaron en diciembre de 2023. Desde entonces, sus trabajadores tienen los salarios congelados, aunque ya habían intentado una maniobra similar en 2019, que fue frenada por la Justicia.
Este año, volvieron a enviar telegramas de despido sin causa durante el mes de enero, cuando los trabajadores se encontraban de vacaciones forzadas, ya que la industria automotriz para la producción por mantenimiento y obliga al resto de la cadena a repetir la medida.
Uno de los trabajadores le comentó a Buenos Aires/12 que "el plan de desindustrialización comenzó hace rato". Y pone un ejemplo: "El parabrisas de la Amarok viene de Brasil. El principal proveedor de Pinklington es Pinklington Brasil, cada vez más. Acá sólo se le coloca la pastilla adhesiva para el espejo retrovisor y el espejo mismo, pero todo es brasilero. Al colocarlo acá, le ponen el sello de industria argentina y con eso acceden al dólar oficial del Banco Central para pagar sus importaciones".
La comisión interna de Pinklington tiene una tensa relación con el Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio (SOIVA) en el que se encuentra encuadrada, cuyo secretario general es Horacio Valdez, a su vez uno de los conductores del partido Principios y Valores.
El caso de Linde Praxair es similar. Se trata de una multinaconal con casa matriz en Connecticut, Estados Unidos, que provee oxígeno a la actividad sanitaria y todo tipo de gases a la industria, especialmente la automotriz y es la mayor del mundo en su rubro.
Ante la novedad de los despidos de una decena de trabajadores, en diciembre, se dictó una conciliación que duró hasta el último día de enero. Concluido ese plazo, los trabajadores fueron nuevamente despedidos.
En respuesta, una asamblea decidió parar las cinco plantas que la empresa posee en el país, en las localidades de Pacheco, Pilar, Avellaneda, Ensenada y Lanús, durante toda la semana pasada. Esa medida continuó con el corte de ruta en el cruce de Panamericana y 197.
Uno de los diez sespedidos, Maximiliano Arecco, trabajador de la planta desde 1999, sostiene que, una vez consumados los despidos de los militantes sindicales, el objetivo es reducir la plantilla en un 25 por ciento. A la vez, la empresa amenaza con cerrar la planta si no logra desprenderse de esos diez.
Otro tanto ocurre con los trabajadores despedidos de Shell en la refinería de Dock Sud, que se movilizaron a Plaza Alsina, la principal de Avellaneda, para dotar de visibilidad al conflicto.
Ley de bases
Desde la sanción de la Ley de bases, no son pocas las empresas que intentan desprenderse de sus trabajadores, contratados bajo convenios y leyes que les garantizan ciertos derechos, para remplazarlos por otros precarizados, al amparo de la norma impulsada por el gobierno libertario.
Consultado por Buenos Aires/12, el laboralista Leandro Recalde explica que "esto es parte de un clima de época, porque el artículo 245 bis de la ley de bases legaliza el despido discriminatorio, simplemente le pone un precio mayor. "Pinklingon, Linde Praxair o Fademi (N de la R: fábrica de baterías ubicada en Larroque, Entre Ríos) son los casos más resonados, pero es una práctica que se viene extendiendo. El objetivo de los despidos es romper la organización sindical", explica.
"Si a eso le sumamos la extensión del período de prueba a un año, a los once meses te pueden despedir de manera discriminatoria y no pagarte nada, porque el 50 por ciento adicional de cero es cero", concluye el abogado.
Sin embargo, en su primer informe del año, la consultora Zuban Córdoba, analizó la opinión de los argentinos respecto de los principales puntos que el gobierno de Milei pretende impulsar a modo de profundización de la reforma laboral.
Según este estudio, titulado "Tecnofeudalismo versus democracia", el 59,4 por ciento se opone al aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, el 58,9 se opone al regreso de las AFJP, el 60 está en contra de flexibilizar las vacaciones y el 71,5 contra las jornadas laborales extendidas a 12 horas.
El rechazo crece aún más frente a medidas bien de los noventa, como el pago de parte del salario con tickets para alimentos (81,3) y la eliminación de las horas extras (88,5), que suelen ayudar a los trabajadores a mejorar ingresos.
Es evidente que, en los primeros casos, el rechazo incluye también a franjas de la población que votaron por Milei en el balotaje de noviembre y en los últimos llega hasta más de la mitad de su núcleo duro, que lo votó en agosto y octubre.
