Con la histórica Basílica de Luján de fondo, un grupo de intendentes bonaerenses y el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, firmarán este miércoles una presentación judicial contra el Gobierno de Javier Milei por el desvío de fondos y el deterioro de las rutas nacionales.

El escenario no es casual. La Virgen de Luján es considerada la patrona de los automovilistas en el país. Según pudo conocer Buenos Aires/12, la convocatoria del ministro de Axel Kicillof se extendió a aquellos jefes comunales del oficialismo y la oposición cuyos distritos tienen delante el paso de una ruta nacional que fue afectada por la administración nacional.

La firma del funcionario bonaerense y los intendentes se gestó al calor del “desvío de fondos” que hizo la gestión libertaria de los fondos recaudados en los impuestos nacionales que deberían derivarse al cuidado de los caminos, pero sin embargo cayeron en el bache del fin de la obra pública definida como uno de los elementos centrales del modelo de La Libertad Avanza. 

Las rutas, en estado crítico

Desde el Gobierno bonaerense focalizaron las razones de la iniciativa en el pésimo estado de las rutas y caminos nacionales en la provincia. Señalaron que sus consecuencias directas no sólo impactan sobre el desarrollo productivo de las regiones, sino también en la vida de las personas que transitan en ellas.

Según dieron cuenta desde la gestión provincial, todos los meses la administración nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40 mil kilómetros de rutas nacionales.

“A pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional 200 mil millones de pesos que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y, además, se quedó con 1 billón de pesos surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura”, cuestionaron desde La Plata. 

Por eso, tras las denuncias de intendentes que debieron hacerse cargo hasta del corte de pasto a la vera de los caminos y debieron hacer frente a las quejas de los usuarios, en la Provincia graficaron el estado de abandono al señalar que “no hay mantenimiento ni para cortar el pasto en las banquinas”. 

Por esa razón, y con esos casos testigos como ejemplo, en la administración provincial señalan que “mucho menos se proyecta infraestructura de transformación en autopistas o autovías en rutas estratégicas que brinden mayor seguridad vial y favorezcan al desarrollo productivo de las regiones”.

Vale aclarar que la provincia de Buenos Aires cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4 mil kilómetros. De esas comunas, 32 están a cargo de intendentes de Unión por la Patria, en tanto que hay 23 a manos de alcaldes del ex Juntos por el Cambio (PRO y radicales) y dos vecinalistas.

Según los datos de la cartera de Infraestructura, la inversión de Vialidad Nacional en Buenos Aires cayó 85,9 por ciento durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.

Un freno a las obras

El ministro Katopodis utiliza frecuentemente sus redes sociales para dar cuenta del deterioro que impacta en las calzadas por la falta de inversión. A lo largo de las recorridas, dio cuenta de que de las obras viales en marcha en todo el país a diciembre de 2023, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40 por ciento, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70 por ciento de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser concluidas.

Por eso, auguran que la falta de inversión vial generará un costo mayor a futuro, porque si no se realiza un mantenimiento sostenido de las rutas, las obras resultarán seis veces más costosas.

En una de las últimas publicaciones en la red social X, el exministro de Obras Públicas de la Nación recordó a los usuarios: “Cada vez que vos cargás un litro de nafta, una parte de ese costo es un impuesto para arreglar y construir nuevas rutas”.

En ese orden, puso como ejemplo el caso de la Ruta Nacional 33, que en la zona de Bahía Blanca presenta baches y deterioros que no solo representan peligros en cuanto a la seguridad vial, sino que esa calzada es la que vincula todo el polo petroquímico del sudoeste bonaerense.

“Un camino para la producción que estábamos convirtiendo en doble vía y hoy está abandonado”, agregó. “Cobran los impuestos, cobran los peajes, se quedan con tu plata, pero no hacen las rutas que necesitan los argentinos y argentinas”, sentenció el funcionario.

La Ruta Nacional 33 no es la única que se llevó quejas, sino que a lo largo de las últimas semanas fueron muchos los intendentes de Unión por la Patria, del radicalismo y hasta del PRO se quejaron por la falta de mantenimiento en las rutas y sus inmediaciones, por ejemplo con la falta de corte de pasto o mantenimiento de las banquinas, que corresponde a las concesionarias como Corredores Viales.

Uno de los que planteó sus quejas, incluso a partir de pedidos formales a la Nación, fue el intendente radical de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, quien señaló que “esta mala decisión del Gobierno empieza a mostrar las consecuencias”, en referencia al freno de las obras.

El jefe comunal, al igual que sus pares de Pehuajó, Leandro N. Alem o Nueve de Julio planteó quejas por el estado de la Ruta Nacional 5 que, según marcó, “tenía una serie de obras programadas entre Trenque Lauquen y Pellegrini, que fueron paralizadas”. 

Un impuesto que no va a ningún lado (que se vea)

Como dio cuenta Buenos Aires/12, hace unos días, el ministro de Infraestructura bonaerense puso el foco en el impuesto a los combustibles líquidos que, por ley, debe ser destinado en buena parte a cumplir una tarea crucial para la logística del campo y la industria nacional.

En el análisis que comparten funcionarios e intendentes, desde que asumió Javier Milei y con el aumento a ese tributo a los combustibles, las naftas subieron más del 250 por ciento, que llevó al Gobierno nacional a recaudar más de 2,5 billones de pesos en 2024, casi 4 veces más que en 2023.

Como reza la ley, la Nación está obligada a destinar el 28,58 por ciento de esa recaudación al “Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”, y el 50 por ciento de ese fondo debe llegar a Vialidad Nacional para obras viales. Así, mientras se debían transferir 349,13 mil millones a Vialidad, solo se destinaron 149 mil millones de pesos.

Por otro lado, en relación al ya extinto impuesto PAIS, el grupo que firmará este miércoles evaluó que el 28,2 por ciento de lo recaudado con este impuesto debía destinarse a la Secretaría de Obras Públicas para obras de infraestructura, incluyendo obras viales, pero el área solo ejecutó cerca de 38,77 mil millones, es decir un 2 por ciento de lo que correspondía por ley.