"De aplicarse la resolución de la Corte Suprema, se produciría un efecto altamente negativo, que podría llevar a la parálisis del sistema", alerta un fallo plenario que firmó este martes en forma unánime la Cámara Civil para dejar sentado que en ese fuero no se aplicará la sentencia de máximo tribunal según la cual las decisiones de la justicia laboral, civil, penal y comercial deberán ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). Es un nuevo capítulo en lo que ya parece un alzamiento liso y llano de los jueces/zas nacionales contra los supremos, que son sus superiores. Una decisión plenaria como esta tiene el objetivo de establecer cuáles son los criterios que deben aplicarse a causas que tramiten, en este caso, en la justicia civil, como para que no haya contradicciones. El texto de los camaristas es lapidario respecto de la Corte, a quienes atribuye "errores" e "inconsistencias" pero también acusa de "avanzar en un terreno reservado a la competencia de los actores políticos, para emitir desde allí decisiones que son de incumbencia de otros poderes del Estado, como el legislativo y el Ejecutivo". 

El fallo "Levinas", el caso testigo que le da la alto tribunal porteño la facultad de revisar resoluciones de la justicia nacional ordinaria, se aplicó el mismo día que salió, en el último acuerdo de 2024, a varios casos. El más elocuente fue el que benefició a Mauricio Macri, que quiere que la quiebra del Correo sea revisada por el TSJ, integrada por una mayoría de tres magistrados/as afines al macrismo, para no pagar nunca la deuda millonaria de la empresa, vía SOCMA, con el Estado Nacional. Al gobierno nacional también le venía bien la decisión de los cortesanos, ya que quisieran borrar del mapa al fuero del trabajo, por sus decisiones en defensa de los derechos de los trabajadores/as. De hecho, en los últimos días instalaron una campaña sucia a través de periodistas amigos que muestran en televisión fotos de jueces y juezas (a modo de escrache) que han frenado despidos y suspendido la reforma laboral. Esa ofensiva fue repudiada por profesores/as de Derecho laboral de distintos puntos del país. En la Ciudad, el jefe de gobierno Jorge Macri, va camino a crear sus propios tribunales del trabajo.   

En paralelo a estas cuestiones, para los magistrados/as de la justicia nacional la decisión de la Corte implicaría un traspaso de hecho de sus funciones a la Ciudad de Buenos Aires, algo que les resulta degradante: lo interpretan como pasar de ser jueces equivalentes a los federales a ser jueces provinciales o municipales. De todos modos, a la hora de argumentar exhiben, como lo hizo la Cámara Civil, un amplio abanico de razones jurídicas que por momentos dejan parados a los ministros que firmaron "Levinas" como ignorantes o rosqueros de la política: dieron su voto Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quien de inmediato se jubiló. Este miércoles firmará también una decisión plenaria la Cámara del Trabajo, y convocó a una reunión la Cámara comercial y luego avanzaría la criminal y correccional. 

"Gravedad institucional"

Algunas de las objeciones de la Cámara Civil, que señala "errores" e "inconsistencias de forma y de fondo" de la Corte Suprema, dicen: 

* Que el máximo tribunal tomó una decisión "que trastoca por completo el sistema constitucional argentino --al habilitar a un tribunal local para revisar decisiones de los jueces nacionales-- en el marco de un incidente de competencia y sin haber escuchado al Estado Nacional ni a la Ciudad de Buenos Aires". Así "vulneró la defensa en juicio y el interés público". Tiempo no les faltó: el caso del Correo lo tuvieron más de  tres años. 

* "Lo hizo con una mayoría que dejó de existir en el día mismo del dictado del fallo", ya que Maqueda se fue. Los fallos dictados tienen el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz, lo que los debilita a la hora de proyectar sus efectos sobre otros expedientes; también hay un planteo adverso del Procurador interino Eduardo Casal, que dice que los fiscales no van a poder actuar porque no tienen facultades en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre esto último, algo deberá decir la Corte. También sobre el planteo de revocatoria de si propio fallo que hizo la Asociación de Magistrados. 

* La Corte asumió funciones legislativas al crear "pretorianamente una vía recursiva no prevista por las leyes naciones que rigen la actuación de la cámaras de apelación". La legislación vigente establece que la Corte es la que resuelve los recursos extraordinarios presentados ante las cámaras, pero no declaró su inconstitucionalidad. Ningún tribunal puede cambiar este sistema. Los camaristas recordaron un principio constitucional: "solo la ley puede establecer el procedimiento que rige la actuación de los tribunales". La 24.588 dice: “La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales”.

* La Corte "infringió" "el artículo 18 de la Carta Magna, según la cual nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". 

* "Soslayó la existencia de una medida cautelar vigente, dictada previamente por la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que suspende la aplicación de la ley local 6.452", una norma votada en legislatura porteña entre gallos y medianoche cuando querían ayudar a Macri para darle al STJ, precisamente, la posibilidad de meterse con las decisiones de la justicia nacional. 

*La Cámara Civil sostiene que no existe "un mandato constitucional de transferir la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires sino -en todo caso- que correspondería transferir competencias de una a otra jurisdicción". Esto es porque la Corte se queja porque tal traspaso no se ha concretado, entonces decide meterse. Los camaristas dicen que otorgó "una acumulación insólita de poder en una sola jurisdicción, cuyo superior tribunal, nombrado por autoridades locales, terminará adoptando decisiones que comprometen la economía y el desarrollo de las provincias argentinas"

*Los camaristas dicen que la Corte "la inamovilidad inamovilidad de los magistrados es un principio básico de la independencia del Poder Judicial que comprende no sólo el cargo sino también la sede y el grado". 

* Cuando los 23 camaristas que firmaron dicen que habrá "parálisis" es porque "los juicios en trámite podrán demorarse varios años más". De hecho, se agrega una instancia. También eleva costos y como la infraestructura de apoyo (archivo, biblioteca, notificadores, morgue, cuerpo médico forense) pertenece a la justicia nacional, la porteña tendrá que generar la propia, lo que implica impuestos a los ciudadanos/as. 

* Sobre el final dicen que todo lo que describen "convoca la tristemente célebre figura del 'gobieno de los jueces'" para aludir "al juez que desatiende su función de interpretar y aplicar la ley, y en claro abuso o exceso de sus facutades, por fuera de un verdadero control de constitucionalidad, avanza en un terreno reservado a la competencia de los actores políticos" para tomar decisiones que corresponden al Congreso y el Ejecutivo. 

Qué pasará en casos concretos 

En los fueros cuyas cámaras dicten fallos plenarios que declaren inaplicable la decisión de la Corte, cuando alguien presente un recurso contra un fallo y requiera llegar al TSJ, esto será rechazado. Si luego recurre a ese tribunal con un recurso de queja, es probable que los supremos porteños pidan el expediente a la cámara en cuestión lo rechazará y todo volverá a desembocar en la Corte. El detalle es que ahora, sin Maqueda, no hay mayoría. Si llaman a conjueces el escenario podría cambiar. Pero antes de llegar a eso tal vez los supremos busquen otros atajos o algún acuerdo evite que esto sea un gran problema institucional. Hay quienes especulan también con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se meta a través de algún decreto. Habrá que ver, este descalabro recién empieza. Pero de por sí es impactante ver cómo jueces inferiores, amén de sus intereses corporativos, generan gran descrédito sobre la Corte.