La Cámara de Diputados busca darle media sanción al proyecto de Ficha Limpia presentado por el Poder Ejecutivo con el único fin de proscribir a la dos veces presidenta de la Nación Cristina Kirchner. De sancionarse esta ley, la decisión de quiénes pueden ser candidatos en una elección quedaría en manos del Poder Judicial.
La iniciativa propone modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que personas condenadas en segunda instancia por fraude contra la administración pública, cohecho, enriquecimiento ilícito y otros delitos contra el Estado puedan ser candidatas a cargos electivos o designadas en la administración pública.
De esta manera, el Poder Judicial podría determinar la viabilidad de una candidatura antes de agotar todas las instancias de apelación. Además, la ley tampoco establece con claridad qué ocurre si una condena es revocada después de impedir una candidatura.
Por qué el proyecto de Ficha Limpia apunta directamente contra Cristina Kirchner
La Cámara de Casación ratificó en noviembre 2024 la condena a seis años de prisión y la proscripción contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por unanimidad los recursos interpuestos por las defensas y confirmaron la sentencia por el delito de administración fraudulenta.
Aunque la exmandataria no cuenta con una sentencia firme --todavía falta que se resuelvan los recursos que llevarán la causa a la Corte Suprema--, la modificación legislativa podría condicionar el futuro político de la expresidenta.
El proyecto de Ficha Limpia cambió su redacción en diferentes momentos para adaptarse a los avances judiciales contra la exmandataria. En 2016, se proponía impedir candidaturas con solo un auto de procesamiento. En aquel año, Cristina Kirchner ya estaba procesada.
En 2019, la exigencia se modificó para requerir una sentencia de primera instancia, cuando la expresidenta enfrentaba ese escenario. Finalmente, en 2023, se elevó la exigencia a una sentencia de segunda instancia, coincidiendo con el avance del fallo de Casación en la Causa Vialidad.
Además, mientras Cristina Kirchner enfrenta un proceso acelerado y modificaciones legislativas que parecen diseñadas para afectar su futuro político, causas contra Mauricio Macri, como las vinculadas al espionaje ilegal o el endeudamiento con el FMI, no avanzan con la misma celeridad en la justicia.
Este doble estándar comprueba la teoría del "lawfare", entendida como la judicialización de la política con el objetivo de condicionar la participación de determinados dirigentes.
