El fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, Jorge Onel, pidió elevar a juicio la causa en la que están involucrados un ex director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe, hoy Agencia de Administración de Bienes del Estado) y dos empresarios de concesionarias de automóviles que alquilaron durante 15 años dos terrenos ferroviarios en el macrocentro de la capital provincial, mediante el pago de cánones mensuales de $450 y $500. El delito que se les achaca es defraudación contra la administración pública, como autor en el caso del ex funcionario y como partícipes necesarios en el de los comerciantes, que realizaban una “actividad lucrativa” en lotes fiscales.

Uno de los acusados es Fernando Miguel Suárez, a quien como director del Onabe entre junio de 2003 y febrero de 2009, se le imputó defraudar a la administración pública nacional por la omisión dolosa de control de contratos de dos inmuebles. Se trata de dos lotes pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos, ubicados en la avenida Leandro Alem y las calles Eva Perón y Belgrano, en el macrocentro santafesino.

Los otros dos acusados son Domingo Marcos Valentino, presidente del directorio de la firma Grupo Nation SA -una red de concesionarias multimarca de venta de automóviles-, y Jorge Alberto Minella, apoderado de la firma Cavi SRL, una empresa del mismo rubro habilitada para comerciar vehículos, venta de repuestos, mecánica ligera y representación oficial de distintas marcas.

El origen

El 10 de septiembre de 1999 el entonces Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief) firmó un contrato de uso por dos años con el empresario Minella, de Cavi SRL, por un terreno de 2.272 metros cuadrados, cuya finalización se estipuló para el 30 de septiembre de 2001. El canon que se estableció era de $450 mensuales.

Al mes siguiente, el organismo celebró otro contrato “idéntico”, según la apreciación del fiscal, por un terreno lindante pero más pequeño: de 1.620 metros cuadrados. La usufructuaria fue la firma Nation SA, de Valentino, por el mismo plazo pero por un importe más alto: $500.

Hasta 2018, los dos empresarios del rubro automotor utilizaron esos terrenos donde montaron concesionarias y venta de repuestos sin modificación del valor del alquiler. Ese año, la AABE inició una demanda de desalojo a una de las firmas y entonces tomó participación en el hecho la fiscalía federal a cargo de Onel, según se lee en la causa.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, (MPF), “el predio era ocupado y usufructuado de manera ilegítima desde 2001”, cuando vencieron los contratos.

En el requerimiento de elevación a juicio, Onel señaló que “se encuentra acreditado que Suárez, en violación a las obligaciones a su cargo y en incumplimiento de los deberes de funcionario público, permitió que Valentino, a través de la firma Nation SA, y Minella, continuaran ocupando los inmuebles a partir del año 2003”, fecha en que el funcionario asumió su cargo.

Si bien las dos empresas usufructuaron los lotes hasta 2018, la acusación por el delito de defraudación va de 2003 a 2009, fecha en la que Suárez estuvo a cargo del organismo. En el procesamiento de los tres implicados, el entonces juez federal Reinaldo Rodríguez, aclaró que a los empresarios “en modo alguno se les puede endilgar la participación en la comisión de un delito por más tiempo que el que se le achaca a quién fue acusado en calidad de autor”. En 2009 Suárez no dejó el cargo en el Onabe, que mantuvo hasta 2012, pero la administración de las tierras públicas pasó a otro organismo.

Da risa

Al vencerse los contratos en septiembre de 2001, “nunca se actualizaron las sumas de 450 y 500 pesos del canon, los cuales resultan palmariamente irrisorios, con el consiguiente perjuicio al Estado Federal”, sostuvo el fiscal en el pedido de elevación a juicio de la causa, que tuvo numerosos recursos de apelación, sobreseimientos de los empresarios y revocatorias de esas decisiones. De hecho, el expediente pasó por Casación Penal y hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia Nacional.

“Nunca se celebraron nuevos contratos o prórrogas, que contuvieran nuevos cánones actualizados”, remarcó el titular de la acusación, para explicar que Suárez “omitió controlar el estado de ocupación de los terrenos, incumpliendo su deber de administración, lo cual permitió que Valentino y Minella siguieran ocupándolos una vez vencidos los contratos de concesión, abonando los mismos cánones durante todo el lapso de ocupación ilegal”.

De acuerdo a las constancias de la causa, en 2016 el empresario Valentino (Grupo Nation) firmó un contrato de actualización del canon “por un año y medio un canon de concesión por valor de $2,5”, según informó la agencia Fiscales en 2019. Minella, en tanto, desocupó el lote en 2018, cuando el Estado lo sacó a subasta. “Pero con una particularidad: en violación a las cláusulas del contrato, cedió el bien a la firma Cavi SRL, de la cual era apoderado, a través de un comodato fechado en octubre de 2011”, señaló Onel, para agregar que “los lotes restantes los cedió, por medio de tres contratos de comodato a tres personas que instalaron talleres de chequeo mecánica ligera y lubricación de automotores, y refirieron trabajar en relación de dependencia con Minella”.

Para la Fiscalía, “se determinó que los comodatos nominados formalmente como gratuitos, habrían implicado transferencias de dinero a Minella por parte de los comodatarios”. Es decir, subalquiló parte de los terrenos por los que pagaba un canon de $450.

Defraudación

La Fiscalía estimó en 2019 que el perjuicio ocasionado al Estado podría haber alcanzado los 47,5 millones de pesos. La cifra surge al tomar como base el contrato de actualización suscripto por Nation en 2016.

“Según ese convenio, se pactó por un año y medio un canon de concesión por valor de $2,5 millones lo que equivaldría a $1,6 millones anual. Ello determina un valor actualizado (desde 2001 a 2015), de $25 millones totales por quince años en el caso de Nation”. En el caso del imputado Minella, quien tenía un canon 10% menor (450 pesos frente a 500 de Nation), “puede colegirse que la defraudación de la que resultó beneficiario asciende a $22,5 millones”.

Los empresarios fueron procesados, luego se les dictó falta de mérito, volvieron a estar encartados y el expediente pasó por Casación y la Corte. En uno de los casos, aún existe un recurso de apelación sin resolver, informó el MPF.

De todos modos, Onel pidió elevar a juicio la causa, al entender que “la vasta actividad recursiva materializada por las defensas, además de satisfacer ampliamente el derecho de defensa, garantiza el doble conforme exigido por el plenario”.

Y agregó: “Por lo cual considero que se impone la necesidad de impulsar este proceso hacia la etapa de juicio, a los fines de resguardar la garantía de todo imputado de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable”.