El decreto 1383/96 que dio origen al Enabief colocó entre sus atribuciones la administración del patrimonio inmobiliario de la sociedad Ferrocarriles Argentinos –perteneciente al Estado nacional- que hasta el momento no había sido concesionado, facultando al organismo a celebrar contratos de concesión siempre que se trate de cuestiones de interés público. “Como se dijo anteriormente, el inmueble bajo análisis se concesionó para un lucrativo emprendimiento privado –la instalación de concesionarias automotoras-, incumpliendo así lo fijado expresamente por la normativa”, sostuvo el fiscal federal santafesino, Jorge Onel, en el pedido de elevación a juicio de la causa por la ocupación de la concesionarias de autos.