Casa adentro, presidente, no parece ir bien el tercer año de este gobierno. Si bien el país alternativo que depositó en Gustavo Petro la confianza electorera, sostiene la aspiración a que la presidencia consolide marcantes iniciativas de cambio social para el país, preocupa la desazón con acciones que lo deslucen. Aunque celebramos el pasado Consejo de ministras y ministros televisado y de cara a la nación, las siguientes acciones, trinos y reacciones del mandatario no sólo generan inquietud y perplejidad, sino molestia y malestar.
En primer lugar, reiteró que a la democracia le resulta sano todo ejercicio de transparencia, especialmente cuando se busca poner de cara a la nación una inusitada práctica del mandar obedeciendo, como estrategia democrática que retorna a la ciudadanía márgenes amplios de control de la acción gubernativa.
Sin embargo, en la práctica de gobierno con el pueblo, el Presidente está llamado a generar confianza en su electorado, de manera que resulte frecuente no sólo la manifestación de respaldo popular, sino también la interacción creativa con las y los funcionarios. Desgastar al equipo de ministros y ministras, en lugar de convenir a este propósito lo distorsiona, pues eleva la percepción de incompetencia y de deslizamiento de agendas voluntariosas, al margen de la actuación esperada como líderes de diferentes carteras y direcciones.
En segundo lugar, convertir al gobierno y a sus ministros en la comidilla mediática y en noticia de varios días, eleva la suspicacia de desencuentro y ruptura entre el presidente y quienes asumen la responsabilidad de poner en práctica lo planeado y ordenar las directrices administrativas que hagan posible la acción política en nombre del Estado.
Desde quienes intentan vender la imagen más antojadiza hasta quienes analizan con cierto rigor los acontecimientos, el gobierno pierde se deja la sensación de fractura y disidencia en un nivel de la ejecución de políticas que debe sembrar actuaciones de consuno y no.
En tercer lugar, que se haya generado tamaño bololó frente a las cámaras hace cuestionables los márgenes de independencia que el jefe del ejecutivo concede a quienes le acompañan, haciendo insostenible la continuidad de funcionarios que puedan tener intenciones de participar en la próxima contienda electoral.
Nada impide tener aspiraciones electivas, excepto la particular regulación de la función pública que, en Colombia, consagra la participación indebida en política como una falta disciplinaria que se configura al tomar parte los funcionarios en controversias o actividades de los partidos y movimientos o grupos significativos de ciudadanas y ciudadanos que representan y por los que, generalmente, acceden al cargo gubernamental que ostentan.
Aunque, en un país con altos índices de corrupción, pueda resultar sensato limitar las oportunidades para valerse de la posición burocrática con intenciones manifiestas de promover o favorecer su militancia, debería suponerse igualmente que el ejercicio político que no implique el uso del cargo para interferir o presionar no sólo resulta provechoso sino que conlleva máximas responsabilidades éticas de quien accede a la función pública, en el entendido de que la misma implica concentración al cumplimiento de resultados beneficiosos para el conjunto de la sociedad.
Por ello, tiene razón el presidente al enumerar el conjunto de indicadores no cumplidos que ponen en tela de juicio la eficacia de su mandato, toda vez que el querer de la sociedad apunta a que se usen los recursos públicos en la atención diligente de las circunstancias que ponen en riesgo el desarrollo y la sustentabilidad de la vida y el bienestar de la ciudadanía.
Pero no la tiene cuando utiliza su silla y su voz para acallar o pretender imponerse a quienes, sirviéndose de los micrófonos y cámaras que generan una mayor amplificación de sus posturas, y prevalidos de su condición de activistas partícipes en la conducción de un gobierno alternativo, le cuestionan en decisiones que implican reordenar el rumbo programático gubernamental.
Como hemos mencionado en varias ocasiones, la orfandad del poder característica de la izquierda no puede imponerle que, para avanzar en las reformas prometidas, deba encontrar aliados en todas las bandas de la mesa politiquera. Hay límites prácticos, éticos, ideológicos e incluso legales que someten el arbitrio presidencial al canon de principios y acuerdos con los que se confeccionó el Pacto Histórico, contra los que no debería proceder el capricho presidencial que sostiene a figuras altamente cuestionadas en inexplicables e íntimas cercanías con quien habita la Casa de Nariño.
Me sumo a quienes quisieran entender, pues, pese a haber indagado y recibido indicios de lo que podría estar ocurriendo, ni el mandatario, ni las y los ministros ni los discutidos han deslizado alguna versión que provea de certidumbre los comentarios y opiniones.
Al final del día, como bien plantearon las ministras y ministros que presentaron su renuncia irrevocable, al igual que la Vicepresidenta de la nación, importa la concreción de un proyecto político que no puede ponerse en riesgo por veleidades y suspicacias deshonestas.
Por ello, si se pone en riesgo la integridad del proyecto político del cambio por decisiones insospechadas del presidente que socavan tal solvencia moral, bien podemos preguntarnos qué se nos oculta, y de qué tamaño puede ser el boquete por el que semejantes lobos se alimentan, aun corriendo el riesgo de enemistarse con personas que han sido sus alfiles y escuderas.
*Doctor en Educación. Es autor y coautor de varios libros y artículos en torno a los estudios de la afrodescendencia. Rector de la IE Santa Fe – Cali. Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
