Detenciones ilegales, golpizas a los y las jubiladas, despidos masivos, aumentos de tarifas, alquileres y alimentos, cambios jurídicos para permitir los saqueos territoriales y de recursos naturales, incendios intencionales en el sur, desprotección de archivos claves para los juicios de lesa humanidad. De todos estos temas habló Las 12 con Claudia Rocca, abogada, presidenta de la rama argentina de la Asociación de Juristas Americanxs e integrante de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, integrada por más de 100 organizaciones populares.

¿Qué significa la ley antimafia para la ciudadanía en general?

-Se trata de una ley plagada de problemas dogmáticos que vulneran entre otras cosas institutos elementales y básicos, a los que debe sujetarse la legislación penal de acuerdo al orden constitucional y convencional, -como los principios de legalidad, de inocencia y de responsabilidad por el hecho del que se es autor, al atribuir sanción penal a una persona por integrar un grupo determinado sin haber cometido ningún hecho-. Pero además, la ciudadanía tiene que saber que es una reforma constitucional encubierta pues suprime garantías procesales y vulnera la autonomía jurisdiccional de las provincias que establecen nuestra Constitución.

Dada tal gravedad, hemos realizado conjuntamente con el SERPAJ, la CTA Autónoma, el Instituto Espacio para la Memoria, La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo una presentación ante el Senado pidiendo su rechazo. Los legisladores deberían preguntarse: Si este gobierno se ha jactado de mejorar todos los indicadores de persecución del delito, ¿para qué necesita algo tan grave como la instalación de un “estado de sitio” sin control parlamentario ni judicial? Si Argentina tiene uno de los más bajos índices de homicidios violentos de la región, si la inseguridad que más sufre la población es la económica y la proveniente de grupos marginales ¿a quién está dirigida esta ley? Nos resulta evidente que no está dirigida al crimen organizado -al que ni siquiera define-.

¿En ese sentido se creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva relacionado con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)?

-Sí, uniendo esto a la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de la Unidad de Inteligencia artificial aplicada a la seguridad (UIAAS) para “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada ‘Internet profunda’ o ‘Dark-Web´ ”; y de la Unidad especial de agentes encubiertos, para tareas de infiltración y el espionaje; junto con otros proyectos como el de reiterancia, y la consagración de la denominada “Doctrina Chocobar”, concluiremos que se trata de una herramienta con la que el Gobierno pretende blindar a las fuerzas de seguridad para la represión de la protesta social y política, que se agudizará con las privatizaciones y la recesión económica en marcha. Muy especialmente en las zonas donde existen recursos estratégicos y en los territorios que corresponden a los pueblos originarios. De allí la creación de “las zonas especiales de investigación”, donde las fuerzas de seguridad podrán contar con facultades similares a las de los grupos de tareas en la dictadura. Por otra parte, no olvidemos que con el blanqueo y el RIGI solo han facilitado que nuestro país sea un refugio para el lavado de dinero de organizaciones ilícitas de cualquier parte del mundo.

¿Cuál es la situación actual de las comunidades mapuche y sobre todo de las mujeres y de las infancias?

-El conflicto se ha agudizado debido a que el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, dispuso la derogación de los criterios y requisitos de inscripción de las personerías jurídicas de las Comunidades Indígenas, imposibilitando a las comunidades que accedan al reconocimiento de las tierras ancestrales, dispuesto en la Constitución Nacional. Ello se suma a las causas ya existentes, y a una nueva modalidad de despojo: por orden de Avruj y a pedido de empresas y terratenientes extranjeros, se han reabierto expedientes con reconocimientos ya obtenidos, para procurar su anulación. Con todo esto se ha desatado una ola de nuevos desalojos y ataques a las comunidades, donde las niñeces sin duda son las más afectadas. Como broche, en medio de los incendios que azotan a la Patagonia, y en ausencia de políticas de prevención y combate efectivo por parte del Gobierno nacional, se producen detenciones ilegales a líderes mapuches, con el viejo y remanido argumento de ser los iniciadores de los incendios. Durante décadas se ha utilizado este argumento para justificar la criminalización y posterior despojo al pueblo mapuche. De nuestra experiencia en estos conflictos, sabemos que estas acusaciones resultaron siempre falsas. Los mapuches protegen su hábitat. Sería importante que se investigue por qué el fuego es selectivo y no afecta tierras cercanas como las de Lewis, Emiratos Arabes Unidos, Emirato de Qatar, Benetton, etcétera. También que se investigue la violación a la Ley de fronteras en esa zona, porque estos incendios solo son funcionales a la posterior venta y extranjerización de esas tierras.

¿Cómo están trabajando para resguardar los archivos de la dictadura que son clave para los juicios de lesa humanidad?

-Los despidos en las dependencias dedicadas a la preservación de la memoria histórica de los delitos de lesa humanidad, no son solamente la pérdida del sustento de trabajadores y sus familias, son funcionales al vaciamiento de esa política de Estado para que no se pueda garantizar al Poder Judicial los registros que constituyen pruebas fundamentales para el juzgamiento de sus responsables. Consideramos muy importante la intervención del fiscal Alejandro Alagia, quien personalmente constató los gravísimos problemas de seguridad y solicitó dar inmediata intervención a la Comisión para la Coordinación Interpoderes creada por la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (42/08) y de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal para que con sus recursos y facultades intervenga en la propuesta de soluciones para garantizar el cuidado de la documentación conservada en el Archivo Nacional de la Memoria.

¿Cómo nació la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, qué organizaciones la conforman y qué trabajos están llevando adelante?

-La Red Federal es un espacio creado a días de la asunción de Javier Milei que agrupa a más de cien organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, entre otras, que inmediatamente entendimos que se iniciaba un proceso de devastación económica y quiebre institucional de pérdida del estado social y democrático de derechos, debiendo organizarnos para enfrentar sus efectos. Así, se realizaron presentaciones ante el Congreso de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, organismos internacionales de la ONU, denunciando la afectación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales causados por el Gobierno. Internamente se presentaron recursos de amparo contra el DNU 70/23, contra los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación y el uso de armas anti manifestación de creciente lesividad, entre otros. También brindó acompañamiento a las movilizaciones, mediante guardias jurídicas para la atención y la defensa de personas detenidas en protestas y manifestaciones, además de brindar capacitación a defensores ante detenciones arbitrarias y operativos represivos, contando con especialistas de organizaciones con mucha experiencia, como la CORREPI.

Es importante reconocer que nuestro sistema democrático -por deficiencias en la gestión de los tres poderes y factores económicos-, no estaba respondiendo a las expectativas de la población. Pero terminar con los acuerdos civilizatorios básicos a los que se habían arribado, consagrados en nuestro sistema de garantías constitucionales, solo nos deja en medio de la ley de la selva, donde como se sabe, solo sobreviven los poderosos.

¿Es lo que propone el gobierno de La Libertad Avanza?

-Eso es lo que propone este nuevo orden económico occidental, representado por Milei como obediente servidor. Para validar ese proyecto, recurre a los discursos de odio, a la discriminación, la violencia y a la negación de la condición humana de quienes formamos parte del pueblo. En todo hay un hilo conductor, aunque parezcan temas aislados. Se trata de desarmar todo el sistema de protección de las condiciones dignas de vida para la ciudadanía y de su derecho al desarrollo, despojar al Estado de todos sus recursos y capacidad para intervenir en la economía, dejarnos sin un sistema productivo integral, a merced de los grandes poderes económicos transnacionales (el tecnofeudalismo y las extractivistas a la cabeza), que más velozmente que nunca van apropiándose de todo, incluyendo nuestro futuro. Eso solo se sostiene con un Estado represor y genocida cada vez más cruel -igual que en la última dictadura cívico militar-, que progresivamente estará afectando a todos los sectores, menos, claro está, a la élite periférica de quienes realmente gobiernan.