Las partes de las armas y de los explosivos llegaban a la Argentina, desde el exterior, en sobres bombas, encomiendas o a través de una azafata que las ingresaba por la frontera. Algunas no estaban completas, había que agujerearlas o terminarlas en suelo local. En todos los casos había que ensamblarlas, como una suerte de “agregado de valor” nacional. Así lo describió el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, que lleva adelante un juicio oral que tiene como principal acusado al rosarino Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”, pero en esta oportunidad por liderar desde la cárcel una presunta asociación ilícita destinada a ingresar armas y explosivos al país, para comercializarlas entre las organizaciones narcocriminales de Rosario.

Para el fiscal, si no hubiese intervenido la Justicia, las bandas locales podrían haberse convertido “en estructuras como el Comando Vermelho, de Brasil” y “de haber continuado esta operatoria, en la ciudad de Rosario se habría desatado una carrera armamentística entre las distintas bandas criminales con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad”.

Iglesias pidió al tribunal que condene a Segovia (50), a 15 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos, al considerarlo jefe de una asociación ilícita que dirigió desde la cárcel federal de Ezeiza, dedicada al contrabando de importación de partes de armas de gran poder de fuego y de explosivos, que tras su ensamble eran ofertados a bandas narcocriminales rosarinas.

También llegaron a juicio el hijo del Rey, Matías Segovia (25), para quien la Fiscalía solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión y una multa de 20 millones de pesos; un hermano de Mario que fue policía, Hernán Jesús (47), a quien pidió 10 años de cárcel y multa de 50 millones; el cuñado Gonzalo Ortega (39), con igual requerimiento de pena, y 5 años de prisión y multa de 10 millones para el quinto acusado, Ezequiel Bergara (34).

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Además del delito de asociación ilícita, los cinco imputados están señalados como coautores de contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4 (Plataforma AR15), tenencia de armas de fuego y materiales explosivos como también la fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual.

En los casos de Mario y de su hijo Matías Segovia, Iglesias sumó la acusación de acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal. Este delito informático, describió la fiscalía, constituyó la base de las actividad de la organización, pues a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa -que les permitieron a la banda hacerse pasar por funcionarios gubernamentales, gracias a la extensión @formosa.gov.ar- pudieron relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos a agencias estatales.

De acuerdo a la investigación, la organización ilícita funcionó entre septiembre de 2016 y el 13 de julio de 2021, cuando se realizaron los allanamientos que derivaron en la detención de los cuatro integrantes que operaban en libertad. Segovia padre cumple una condena a 17 años y 6 meses de prisión por tráfico internacional de efedrina que vence en mayo de 2026.

En septiembre de 2016 las autoridades paraguayas detectaron en el Aeropuerto de Luque una encomienda que provenía de Canadá y que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos ocultos en un sobre, una carpeta y un libro. “Para que funcionaran como explosivo solo había que reemplazarle la sustancia inocua que llevaban por una como, por ejemplo, TNT”, explicó Iglesias en el alegato del juicio en la ciudad de La Plata.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) agregó que la investigación determinó que el remitente de la encomienda era la empresa canadiense Securesearch INC y que la compra había sido realizada a través del uso de dos casillas de correo electrónico del dominio @formosa.gov.ar, que pertenecían a dos docentes de esa provincia.

El plan -precisó el fiscal- era que el destinatario del paquete en Paraguay se lo diera a una azafata de una empresa de colectivos, quien lo ingresaría a nuestro país y se lo entregaría a uno de los visitantes frecuentes de Mario Segovia en el penal de Ezeiza.

Los pesquisas determinaron a quiénes pertenecían los correos electrónicos, que habían sido hackeados, y así se verificaron las IP desde donde se conectaba la banda. La Policía Federal intervino los correos con una "cuenta espejo" (que le permitía visualizar todos los movimientos), determinó que usaban un software VPN para evitar el rastreo.

Sin embargo, una IP llamó la atención por su localización en una estación de servicio Shell de Rosario, donde funcionaba un cibercafé. Allí, los investigadores pudieron hacer el seguimiento de Matías Segovia, a quien fotografiaron operando computadoras. Por otra parte, personal penitenciario halló una tablet que era operada por Segovia en la cárcel, y en la que se encontraron las claves de acceso a las cuentas de correo electrónico investigadas y datos sobre la compra de dispositivos explosivos a la empresa canadiense.

Contexto violento

El titular de la Procunar resaltó en su alegato ante el tribunal, que las acciones ilícitas de Segovia se produjeron en un contexto de creciente violencia armada en Rosario, cuyas bandas narcos más emblemáticas eran, presuntamente, las destinatarias de las armas y los explosivos contrabandeados. 

Iglesias recordó que en 2022 Rosario tuvo una tasa de 22,31 homicidio cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional era de 4,2, y que el 80% de los asesinatos se producían por medio del uso de armas de fuego.

"Si bien esta situación es compleja y multifacética, está profundamente relacionada con el despliegue y disputa entre las organizaciones narcocriminales que se encuentran asentadas en la ciudad de Rosario y sus alrededores", sostuvo Iglesias, y mencionó a las bandas de Ariel Máximo "Guille" Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, quienes convivieron intramuros con Segovia.

“Las organizaciones necesitan, y cuentan, con importantes armas de fuego que incluso las utilizan para blindarse contra el fuego de efectivos estatales. También para realizar atentados contra establecimientos estatales”, sostuvo Iglesias. En base en declaraciones de especialistas, evaluó que el acceso a armamento como el incautado en la causa proporcionaría a las organizaciones de Rosario la capacidad de convertirse en estructuras como el Comando Vermelho, de Brasil.

 

“La munición del AR15 traspasa los chalecos antibalas de las fuerzas policiales de lado a lado. Dota de un poder de fuego superior al de nuestras fuerzas de seguridad”, detalló el titular de la Procunar, quien consideró que “de haber continuado esta operatoria, en la ciudad de Rosario se habría desatado una carrera armamentística entre las distintas bandas criminales con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad”.