El secretario de Participación Social del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe continúa en su cargo, y goza de su licencia anual, mientras la joven empleada que lo denunció por abuso sexual en la misma oficina donde trabajaba no tuvo ningún tipo de acompañamiento y sufre consecuencias médicas y psicológicas. La causa está a cargo del fiscal de la ciudad de Santa Fe Roberto Olcese. 

"Declararon la psiquiatra y la psicóloga de la víctima, que fueron contundentes. Hay un grave problema psicológico y médico causado, y por eso creemos que corresponde que se investigue como abuso sexual calificado, no simple", expresó Ricardo Calvo Arrázola, el abogado que representa a la denunciante, de 25 años.

Aunque no haya habido acceso carnal, Calvo Arrázola considera que se trata de un abuso sexual agravado porque la víctima sufrió "un grave daño" en su salud "física o psíquica". 

El profesional consideró que "el abuso fue en el ejercicio de su función, ya que él es uno de los secretarios de Estado, el cargo más importante después de la ministra".

Justamente, fue la ministra de Salud Silvia Ciancio quien confirmó que Marcelo Dallaporta estaba de vacaciones. Al ser consultada por la denuncia, en una rueda de prensa convocada en Casa de Gobierno el 30 de enero pasado, para presentar otro programa, respondió: "Nosotros recibimos el oficio el miércoles 22 por parte del MPA y rápidamente contestamos al otro día", indicó Ciancio a los medios presentes y agregó: "El área de Legal y técnica de nuestro Ministerio está, por supuesto, evaluando la situación".

"Estamos a disposición con toda la información que corresponda para preservar una situación compleja. Lo queremos manejar con mucha prudencia y por supuesto que vamos a buscar resultados de esa investigación", señaló la ministra. Pero aseguró que el funcionario "está cursando sus vacaciones, su licencia como el resto". 

La denuncia fue revelada por el portal feminista Periódicas de la ciudad de Santa Fe, el 16 de enero pasado. Las12 intentó comunicarse con el fiscal Olcese de manera reiterada, pero no obtuvo respuestas.

El abuso sexual denunciado fue el corolario de un año de acoso. "Conforme los registros que tengo de de los intercambios de chat por vía WhatsApp, el político imputado por abuso sexual llevaba un año acosando a la trabajadora. Está registrado absolutamente todo", dijo Calvo Arrázola. 

Como representante de la denunciante, el profesional se presentó como querellante. Consideró que el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro "está apañando" al denunciado y dijo que están reuniendo antecedentes de violencias por motivos de género que cometió cuando era el director del hospital de Esperanza, una localidad del centro norte provincial, con unos 45.000 habitantes. 

Calvo Arrázola cuestionó la investigación fiscal, ya que "hay medidas de pruebas que no se hicieron, que hablan muy mal de la actuación del Ministerio Público de la Acusación, al menos hasta ahora". No se secuestró el celular del funcionario denunciado, una medida que ya fue pedida por la querella, que también ofreció el celular de la denunciante para que fuera peritado. 

"Están todos los acosos plenamente probados, todos los antecedentes que llevaron a que un día, allá por fines del mes de octubre, muy temprano, este sujeto convocara a su despacho a mi representada, en un momento en el que no había nadie, para que cometer este abuso sexual espantoso", siguió el relato el abogado.

La joven está recibiendo tratamiento psicológico. "Se siente muy mal, no puede salir a la calle, tanto mi clienta como su familia está pasando verdaderamente un infierno", contó Calvo Arrázola, sorprendido por la escasa repercusión mediática de la situación. 

En este marco, el diputado provincial Fabián Palo Oliver envió notas a la fiscal general  de la provincia María Cecilia Vranicich y a Pullaro para solicitar información sobre la investigación. "No tenemos conocimiento de que la víctima haya recibido algún tipo de asistencia y lo más grave es que tomamos conocimiento de que el funcionario sigue impartiendo órdenes, si bien no va a trabajar, pero no fue separado", siguió Palo Oliver, quien pidió información sobre el avance de la investigación al MPA.

Mientras tanto, desde Fiscalía se llamó a declarar a trabajadores del área, pero el funcionario sigue en su cargo. "Imagínense qué pueden decir personas relación en relación de dependencia con un funcionario importante del área, si van a ir a declarar en contra de él", planteó el abogado, y también recordó que el abuso sexual ocurrió "como sucede siempre, en la esfera de la privacidad. El funcionario actuó cuando no había nadie". 

Mientras tanto, la denunciante no fue contactada por ninguna autoridad provincial del área de Salud ni de la Dirección Provincial de Género. "Ni siquiera la ministra la llamó, que es mujer. Nunca la llamaron, jamás", expresó. 

Es ese el punto principal de la crítica del representante legal de la denunciante. "Espero que este poder político de Santa Fe actúe como como corresponde, como no estuvo actuando hasta este momento", dijo el profesional. 

Calvo Arrázola señaló que la joven no recibió ningún acompañamiento del Estado. "Todo lo está pagando ella, de su bolsillo, tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque no puede dormir a la noche, por el daño que le ha causado este sujeto", afirmó. 

Para Calvo Arrázola, los elementos ya reunidos por el fiscal Olcese son más que suficientes para realizar una audiencia imputativa. "Vamos a instar todo lo que sea necesario para que que hagan las pericias que tienen que hacerse y se cite a imputativa lo más rápido posible", afirmó el abogado. 

Y claro, piden formalmente que el funcionario sea separado del cargo, o que se tome alguna medida en el ámbito de la administración provincial. "Como mínimo, esa decisión del gobierno debería tomarse por una cuestión preventiva, para que otras chicas no tengan que pasar por una situación similar".