El canciller peruano, que estudió en la Argentina, fue sorprendido hace pocos meses, al defender la carta democrática de la OEA, porque la gente le empezó a gritar “Dina asesina, que vuelva el presidente constitucional Pedro Castillo”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que los 15 muertos en Venezuela son un baño de sangre. También lo fueron los 60 muertos de Perú, sobre los que no dijo una sola palabra.

Amnistia Internacional publicó un informe titulado ¿Quién disparó la orden? Se refiere a la orden de asesinar manifestantes en diciembre 2022. Como eran casi todos jóvenes cholos, sus vidas parece que valen menos que las demás para la OEA y la comunidad regional, que mira para otro lado. Al tiempo que en Lima asesinaban personas, en Francia había protestas contra una reforma laboral. Las protestas en Francia fueron mucho más violentas que en Perú. Pero en Francia no murió nadie. En Perú sí.

La fiscalia acaba de archivar las denuncias por genocidio contra Dina Boluarte. También archivaron el proceso por esterilizaciones forzadas contra Alberto Fujimori, antes de su deceso (denuncia que hace décadas llevan adelante las mujeres de AMPAEF). A pesar de esto, el 30 de octubre pasado el Comité de la ONU para la Eliminación de las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), concluyó en un fallo histórico que tales esterilizaciones forzadas a mujeres pobres de la Sierra (bajo engaño y a cambio de un cartón de leche), durante la dictadura de Fujimori, configuraron un crimen. El minisitro de Salud de estos crímenes no sólo no está preso: actualmente es congresista y votó la destitución de Castillo por supuesta “incapacidad moral“. El responsable de las esterilizaciones forzadas que CEDAW acaba de condenar en la ONU se siente con la “capacidad moral“ suficiente para destituir a un presidente legítimo y contra el cual no han encontrado una sola prueba.

El congreso peruano legisló una norma que prescribe los delitos de lesa humanidad, para que ya no puedan seguir siendo juzgados. La ONU cuestionó esta norma. Fujimori, luego de haber sido indultado contratriando el sistema interamericano, recibió una pensión vitalicia millonaria. Hoy se discute incluso volver a poner su nombre en la constitución.

La madre de Rosalino Flores no para de sufrir ¿Cuál fue el crimen de Rosalino Flores?. Salir a protestar y esconderse detrás de un árbol para que no lo maten. Lo mataron lo mismo. Le dispararon 36 perdigones en el estómago.

Perú acaba de poner un juez en el sistema interamericano. El mismo país que debate su permanencia en la OEA, pone un “representante” en el máximo tribunal, al momento que legisla normas cuestionadas por la ONU, que buscan la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad del fujirmorismo, que fuera cuestionado en sentencias de ese mismo tribunal. Por eso el retroceso peruano es tan impactante para toda la región: porque la jurisprudencia interamericana en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú, por ejemplo en el Caso Barrios Altos, o Cantuta, han marcado una pauta para todos nuestros tribunales. No solo para los peruanos, que hoy le dan la espalda al sistema.

Las instituciones solo se pronuncian cuando algo les “sirve”. Parece que cuando algo no está de moda, ya no merece “justicia”. La vacancia inconstitucional de un presidente no es un juego jurídico. La impunidad de los asesinatos, tampoco. No podemos pasar estas cuestiones por alto.

En Perú se ha violado y se sigue violando la Constitución. Se ha destituido en forma irregular a un presidente. El gran público tal vez no está debidamente informado sobre cuestiones del debido proceso: esa misma prensa tal vez no conoce o deliberadamente le oculta al pueblo los rudimentos del derecho procesal penal y constitucional. Pero una vacancia constitucional tiene formas estrictas que deben ser respetadas. Y en la destitución ilegal de Castillo, no se respetaron. Por eso su vacancia es nula. Su destitución es, por más que no esté (ya) de moda decirlo, por más que el sistema internacional de justicia prefiera callar, o mirar para otro lado, inconstitucional. Castillo es un presidente democráticamente elegido que, equivocado o no en su discurso, fue destituido violando la constitución peruana. Y violando el reglamento del congreso. Por eso su vacancia es inconstitucional. Esto viola no sólo los derechos políticos del presidente. Mancilla también la dignidad y la voz de sus millones de electores de la sierra, que no están siendo representados. El Perú tiene un gobierno usurpador. Ilegítimo e inconstitucional. Como si fuera poco, reprime a los estudiantes de la Universidad, contratando a “terceros” (matones) para reforzar la “seguridad”; como reconoció la rectora, la misma que un año antes autorizó el ingreso al campus de la universidad de dos tanques de guerra.

En Perú se han violado las normas procesales y materiales para vacar en forma irregular a un presidente. No podemos cansarnos de decirlo. Se lo hagan a Castillo o a cualquier otro presidente democráticamente elegido. Ninguna vacancia puede ser ilegal. Y la de Castillo es nula. No podemos obviar esto. Hacer de cuenta que fue destituido en forma constitucional, cuando no fue así. No se trata sólo de Castillo. Si no se advierte y corrige este atropello procesal, ningún presidente democrático en Perú tendrá un suelo firme sobre sus pies para gobernar.