Especialistas en derecho internacional sostienen que legalmente es poco viable que El Salvador reciba a personas convictas o detenidas por delitos cometidos en Estados Unidos, tal como lo ofreció el presidente Nayib Bukele a Donald Trump en las últimas semanas, en el marco de las deportaciones masivas que lleva a cabo el gobierno de Trump. Aunque este ofrecimiento ya despertó preocupación en el mismo Congreso estadounidense y en organismos de derechos humanos, desde Amnistía Internacional señalan que se trata de una estrategia mediática de Bukele para mantener su imagen internacional como un “modelo” de seguridad y que preocupa más lo que hará El Salvador con sus connacionales deportados.

A inicios de febrero, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, visitó Centroamérica. En su paso por El Salvador, Rubio se reunió en privado con Bukele y confirmó que el mandatario había aceptado recibir a migrantes que hayan cometido delitos graves en suelo estadounidense -como miembros de la banda venezolana conocida como El Tren de Aragua y de la pandilla salvadoreña MS-13- y también a delincuentes convictos peligrosos de nacionalidad estadounidense o con residencia legal en ese país. “Ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta”, expresó Rubio.

A partir de este anuncio, el 10 de febrero, un senador estadounidense, el demócrata Jon Ossof, envió una carta a Rubio y al fiscal general Pam Bondi para solicitarles que rechazaran enviar a presos estadounidenses o residentes legales a El Salvador, porque, de hacerlo, Estados Unidos estaría violando su constitución y también su legislación federal. En la misiva, Ossof advirtió que las cárceles salvadoreñas presentan condiciones de hacinamiento y de insalubridad, una situación que, dijo, también ha registrado el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Bukele catapultó su imagen con la aprobación de un régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 y que todavía se mantiene vigente a costa de múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos. El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de población carcelaria a nivel mundial, hasta enero reportaba la detención de más de 83 mil personas. Miles de esas detenciones fueron arbitrarias, a juicio de las organizaciones sociales salvadoreñas.

La cárcel modelo de Bukele

En medio de esta política de seguridad, Bukele inauguró, en enero de 2023, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel que recluye específicamente a pandilleros condenados y que su Gobierno promueve en redes sociales como una prisión moderna, con presos que pueden salir de sus celdas solo media hora al día. Según el oficialismo, esta cárcel tiene capacidad para 40 mil presos y hasta 2024 tenía alojados a 14 mil. A la fecha, ningún medio de comunicación nacional tuvo acceso a sus instalaciones como sí lo hicieron influencers, medios internacionales e incluso políticos extranjeros, como la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

El ofrecimiento de El Salvador al Gobierno de Trump plantea un escenario inédito y sin base legal, debido a que involucraría a tres países: El Salvador, como receptor de estas personas; Estados Unidos, como el país que las deporta; y también estaría involucrado el país de origen de los deportados que no sean de nacionalidad estadounidense. Así lo explica Irene Cuéllar, investigadora para América de Amnistía Internacional.

“No está muy claro si es una propuesta realmente viable. Lo que sí ha hecho este anuncio es potenciar la narrativa de El Salvador respecto al modelo de combate a la criminalidad y la violencia. Esto no es nuevo, es decir, el Gobierno de Bukele ha mantenido una estrategia comunicacional hacia afuera de El Salvador”, señala Cuéllar, quien agrega que, más allá de las imágenes del Cecot que muestra Bukele y su gabinete en las redes sociales, el gobierno salvadoreño nunca explicó en qué consiste el modelo de seguridad.

Otros países también quieren deportar presos

A partir de la aprobación del régimen de excepción, en 2022, el Congreso suspendió las garantías constitucionales para las y los salvadoreños y también modificó leyes penales para llevar adelante la estrategia de seguridad. Todo esto fue posible por la cooptación que el Poder Ejecutivo hizo del Estado en 2021, cuando el Congreso afín a Bukele destituyó al anterior Fiscal General y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para imponer en esos puestos a personas simpatizantes del Gobierno.

El ofrecimiento de Bukele a Estados Unidos llevó a dos congresistas de Chile a solicitar a la Cancillería de ese país que establezca un convenio con El Salvador para que reciba a presos extranjeros en sus cárceles. Recientemente un alcalde colombiano también sugirió lo mismo al presidente Gustavo Petro, para los condenados por extorsión en Colombia.

De acuerdo con Cuéllar, el Cecot no es más que otra pieza clave de la narrativa mediática de Bukele para posicionarse en el exterior, ya que al igual que los medios nacionales, instituciones que por mandato constitucional deben supervisar la situación de los presos, tampoco han podido entrar a esa cárcel. Además del Cecot, explica la investigadora, hay otros 25 centros de detención en condiciones inhumanas; algunos presentan un nivel de hacinamiento de hasta el 300 por ciento. La organización Socorro Jurídico Humanitario, por su parte, reporta la muerte de más de 300 presos en las cárceles salvadoreñas.

En Amnistía Internacional genera mayor preocupación la acogida que El Salvador dará a los salvadoreños que serán deportados de Estados Unidos bajo la administración de Trump por no contar con documentos en regla, lo cual automáticamente para el mandatario norteamericano los convierte en criminales. Sobre estas deportaciones, el gobierno salvadoreño no se pronunció todavía. “¿Cuál va a ser el proceso para recibir a las personas deportadas? Por el hecho de tener un tatuaje, ¿a una persona se le va a aplicar el régimen de excepción? Ya existen casos así”, cuestiona Cuéllar.