El Gobierno anunció la privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal a través de la cual la administración pública se encargaba del mantenimiento y construcción de rutas, autopistas y autovías nacionales que unen las provincias y al país con sus vecinos del Mercosur.

El anuncio fue hecho este mediodía con una afirmación que resume el axioma a través del cual el gobierno de Javier Milei prioriza el criterio de rentabilidad y recaudación por sobre el servicio a la población:

“El Estado deja su rol de constructor y administrador vial para asumir funciones de promotor y supervisiones que desarrolle el sector privado”, definió el vocero Manuel Adorni durante una conferencia en Casa Rosada.

Durante su habitual perorata, el portavoz presidencial lanzó también una pretendida chicana que vuelve como un boomerang en contra del Gobierno. “La patria contratista se terminó”, dijo utilizando una figura que en rigor hace alusión al enroque que acababa de anunciar: empresas privadas se ligarán al Estado para obtener ganancias siderales a través de la concesión o privatización de un servicio.


La privatización de Corredores Viales SA, una compañía estatal creada en 2019, tendrá tres pasos: su liquidación, disolución y entrega de servicios a compañías particulares que -en la voz de Adorni- tendrán “el derecho de exigir el cobro de un peaje” a todo aquel que circule por allí.

Las rutas nacionales por las cuales se transitaba libre y gratuitamente, perderán ese privilegio. Todo, según Adorni, bajo la sacrosanta creencia neoliberal de que “más competencia en el mercado va a implicar mejores precios”. Y, claro está, porque en la lógica del gobierno de Milei “el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de obras”.

Corredores Viales fue un tilde incluido en la lista de privatizaciones de la mentada la Ley Bases. Pero su anuncio tardó y fue hecho sugestivamente a días de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense y una veintena de intendentes presentaran una demanda contra esa empresa y el presidente Milei.

La acusación no fue solo por la falta de mantenimiento de rutas sino también por el presunto “desvío de fondos” que habría concretado el Gobierno a través de esa estatal. Particularmente en el corredor que atraviesa Tandil.

Adorni se encargó de desacreditar a Corredores. Dijo que “el 45 por ciento de la totalidad de la traza” que operaba esa firma “estaba en estado malo o crítico”, afirmó que “los contratos de obra estaban paralizados” e indicó que “los atrasos tarifarios (de los peajes) eran de 45 por ciento en relación a la tarifa técnica”.

Luego aseguró que la empresa tiene “una deuda con proveedores de 142 mil millones de pesos y pérdidas por acumuladas por 288 millones”.

El próximo paso tras el anuncio será el pase de lo que quede de la compañía a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que depende del Ministerio de Economía. Este área será la encargada de adoptar y siguientes medidas:

  • Extinción de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales que comprenden a corredores nacionales.
  • La ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de nuevos contratos de concesión de obra pública sobre los corredores.
  • La disolución y liquidación de Corredores Viales una vez adjudicados los contratos de concesión.

A partir del anuncio de hoy, el Gobierno seguirá sumando rutas nacionales a su cartera de venta de bienes del Estado y haciendo que el tránsito por el país deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio que cosecharán manos privadas.

Desde que asumió, Milei no sólo frenó la obra pública sobre la red vial sino que también firmó decretos de varias privatizaciones de rutas. En enero pasado llamó a licitación tramos del Corredor Vial 18.

Ese tramo estaba compuesto por las rutas 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay), 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres), 135 (de Colón a General Artigas), A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande), 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre Argentina y Brasil), y la 174 (de Rosario a Victoria).

Se supo que también prevé seguir con la concesión de más de 8 mil kilómetros de la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba.