Más de una década después de que fuera destituido, el ex intendente de Salvador Mazza Carlos Villalba comenzará hoy a ser juzgado acusado por el delito de peculado por faltantes de fondos públicos en su paso por el Ejecutivo municipal de Salvador Mazza, localidad que linda con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Después de tomarse tanto tiempo para avanzar en este proceso, el Poder Judicial de Salta prevé que el debate oral será rápido: en tres jornadas.
La audiencia se llevará a cabo en la Sala I del Tribunal de Juicio de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín. Villalba será juzgado por un tribunal colegiado presidido por la jueza Soledad Rodríguez e integrado por los jueces Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos.
La acusación contra Villalba que se juzgará a partir de mañana se inició a instancias del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, que se basó en informes de la Auditoría General de la Provincia.
Este organismo detectó una serie de irregularidades en los seis años de gestión (asumió en 2007) de Villalba y un faltante de alrededor de 16 millones de pesos.
Mientras que el exintendente no pudo explicar que pasó con estos fondos, su gestión municipal estuvo atravesada sobre todo por conflictos con la planta de trabajadores por atraso en el pago de los salarios.
Sin embargo, a pesar de esos conflictos y de los señalamientos de presuntos hechos de corrupción, Villalba, que llegó a la jefatura muncipal con el Partido Renovador de Salta, siguió en su cargo y recién fue destituido en 2013, en medio de un escándalo porque quedó involucrado en una causa de trata de personas con fines de explotación sexual, e incluso fue detenido en un allanamiento realizado por la Policía Federal, la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en una casa de la ciudad de Salta de donde rescataron a 32 mujeres que eran explotadas sexualmente.
En este proceso oral Villalba será asistido por el abogado Carlos Iriarte, mientras que el abogado Oscar Pedro Guillén y la abogada Liliana Sagárnaga actuarán por la querella de la municipalidad de Salvador Mazza. Y participará el fiscal penal Pablo Cabot.
Múltiples irregularidades
La Auditoría General de la Provincia auditó dos veces la gestión de Villalba. La primera vez revisó el ejercicio financiero de 2007 y el primer trimestre de 2008. La segunda vez auditó el ejercicio de 2009 y el periodo comprendido entre el primero de enero y el 16 de septiembre de 2010. En ambas oportunidades señaló numerosas fallas en la administración y la gestión financiera.
Entre otras observaciones, señaló que los fondos destinados a asistencia social se administraban sin registros ni controles, que la intendencia condonaba deudas por impuestos municipales sin la justificación debida, que el municipio tenía una deuda de 9,5 millones de pesos pero no realizaba gestiones para recuperar esos fondos.
El informe de la primera auditoría, dado en octubre de 2009, señaló: "la información financiera auditada no refleja razonablemente la información que la misma debería contener". En cuanto a la legalidad, sostuvo que el "municipio ha incumplido de manera reiterada, la normativa vigente aplicable, para cada caso" y advirtió que algunas de sus observaciones "denotan una situación de debilidad en el sistema de control interno, lo que puede dar lugar a que se propicien o concreten distintas irregularidades, en perjuicio del ente auditado", el municipio de Salvador Mazza.
La auditoría también detalló que el municipio incumplía el Impuesto de Sellos, la ley de contrataciones de la provincia, la ley de contabilidad, la obligación de actuar como agente de retención de impuestos a las actividades económicas, de las normativas sobre facturación, entre otras obligaciones.
En la segunda auditoría, entre las más de cien observaciones, el organismo de control llamó la atención sobre el rechazo de cheques y transferencias a terceros por falta de fondos de la municipalidad de Salvador Mazza. Esta práctica provocó que se iniciaran demandas judiciales en contra del municipio, que al final debió pagar mucho más que la deuda inicial.
Además, la auditoría se dio con que en el ejercicio 2010 había "un número significativo de Órdenes de Pago pendientes de rendición, identificadas como 'Fondos con Cargos a Rendir', cuyo importe asciende a $2.804.093,32 (pesos dos millones ochocientos cuatro mil noventa y tres con 32 ctvos.)" con un totl de "cargos a rendir" de $4.735.815,79.
También se determinó que el municipio no depositó fondos obtenidos en su calidada de agente de retención del Impuesto a las Actividades Económicas.
Por otro lado, en Salvador Mazza se cobra una tasa de recuperación del pavimento. En este caso la Auditoría encontró una diferencia de $634.721,00 "pendiente de aplicación, sin que pueda identificarse este valor en los registros contables".
