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Desde Barcelona
No se podía esperar menos del inicio de la campaña electoral más atípica de la historia de Cataluña. Los comicios que en vez de ser convocados por el presidente del gobierno regional, como corresponde por ley, fueron impuestos por Mariano Rajoy mediante la intervención de la autonomía catalana se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre con tres candidatos en prisión y uno en el exilio. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena resolvió ayer mantener encarcelados al ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, al ex conseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sànchezy Jordi Cuixart. Los otros seis ex consellers catalanes que también se encontraban desde el pasado 2 de noviembre en centros penitenciarios de Madrid, sí que ayer pudieron volver a casa una vez que el juez acordara para cada uno prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, además de comparecencias semanales y la prohibición de abandonar el país.
La justicia española se decantó por la vertiente más dura para los cuatro líderes independentistas porque no se fía. Si bien el magistrado Llarena descartó el riesgo de fuga de los ex miembros del Govern, la posible reiteración delictiva fue el argumento de peso que predominó en el auto que hizo público este lunes. El juez entiende que las aportaciones de los querellados “están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección” y, en ese sentido, remarca el “asedio” que decenas de miles de personas le hicieron a una comisión judicial mientras registraba la Consejería catalana de Economía en Barcelona la semana previa al referéndum del 1º de octubre.
Quienes, según la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, forman parte de “la cúpula de la organización criminal” que diseñó y ejecutó la estrategia para la votación ilegal sobre la secesión y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña, habían prestado declaración el viernes pasado para defender la revisión de la prisión preventiva, manifestando en su comparecencia que acataban el artículo 155 de la Constitución y renunciaban a volver a las vías unilaterales. “Los investigados, aunque sean fieles a su aspiración de que la comunidad autónoma de Cataluña se constituya en una república independiente, reinterpretándose o modificándose para ello el actual texto constitucional, también han expresado que su empeño político solo puede alcanzarse a través de una negociación con el Estado”, expresó la defensa de los miembros del gobierno cesado, ante el Tribunal Supremo. Pero el juez Llarena demostró ayer no creer en la marcha atrás de los líderes independentistas y prefirió mantenerlos alejados de los actos de campaña que empezaron ayer a medianoche.
La decisión del Tribunal Supremo marcó, así, la senda de unas elecciones que en nada se parecen a todas las anteriores, para comenzar porque tres de los principales candidatos están entre rejas: el ex vicepresident, Oriol Junqueras, cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC); el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, número 7 por Barcelona de Junts per Catalunya (JxCat), la confluencia que lidera Carles Puigdemont desde Bruselas; y el ex líder de la plataforma independentista ANC, Jordi Sánchez, número dos también de JxCat. Asimismo, desde Bruselas llegaban ayer noticias que también determinan el devenir insólito de estos comicios catalanes. Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos en Bélgica tendrán que esperar todavía al 14 de diciembre para saber qué sucede con la orden europea de arresto emitida por la Audiencia Nacional española y apoyada por la Fiscalía belga. Mientras tanto, el ex presidente de la Generalitat seguirá haciendo campaña a la distancia como hasta ahora, por videoconferencias y por Twitter.
La denuncia de la represión estatal hacia el movimiento secesionista que todas las agrupaciones, excepto el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, tachan de “injusta y desproporcionada” es el único punto que une, hoy por hoy, a las formaciones de izquierda e, incluso, a las que conforman el denominado “bloque independentista” que en esta ocasión concurren a las urnas por separado. Las dos principales fuerzas separatistas, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el conservador PDeCAT de Carles Puigdemont en 2015 alcanzaron el gobierno presentándose como coalición, pero para este 21 de diciembre decidieron ir cada una por su lado, tras el fracaso de una supuesta declaración unilateral de la independencia que acabó con la intervención del autogobierno por el Poder central y medio Ejecutivo regional encarcelado o huído. También continúa por su cuenta el tercer partido independentista, los anticapitalistas de la CUP, quienes abogan por implementar la República derivada del referéndum del 1º de octubre y cerrar la puerta a cualquier negociación con el Estado, lo cual los enfrenta de lleno al nuevo posicionamiento de ERC y de la coalición del ex president, más conciliador.
El otro gran bloque que se presenta a unas elecciones planteadas nuevamente –lo mismo ocurrió en las de 2015– a modo de plebiscito a favor o en contra de la independencia catalana es el llamado “contitucionalista”, formado por los grupos partidarios de la Carta Magna y la permanencia en España: los neoliberales Ciudadanos, con Inés Arrimadas como candidata; el Partido Socialista de Cataluña (PSC), con Miquel Iceta, y el Partido Popular de Cataluña (PPC), encabezado por Xavier García Albiol. A todos ellos los une el rechazo frontal al “procés” secesionista y a cualquier tipo de consulta popular o referéndum, su aval a la aplicación del artículo 155 y la apelación a “la legalidad”, “la estabilidad política” y “la convivencia”. Perolos separa el intento por parte de los socialistas de resolver el problema territorial a través de un nuevo modelo de financiación que culmine en un “pacto fiscal federal” más beneficioso para Cataluña, así como medidas protectoras de la enseñanza en lengua catalana, ideas que en absoluto comparten los de centro derecha.
En medio de los dos bloques, sin embargo, existe también otra opción, la confluencia izquierdista Catalunya en Comú-Podem, formada por la marca catalana de Podemos (Podem) y el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Favorables a un referéndum soberanista pero contrarios a la independencia por vía unilateral, la formación liderada por Xavier Doménech podría tener la llave de gobierno tras este 21 de diciembre si se cumplen los pronósticos de los últimos sondeos. En la encuesta publicada este mismo lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los “comuns” tendrían el poder de decidir entre el bloque constitucionalista o el independentista ya que ninguno conseguiría la mayoría absoluta en el parlamento regional. Los secesionistas se quedarían, según el estudio, a una silla de la mayoría, siendo Esquerra Republicana los vencedores de los comicios, seguidos bien de cerca- y esta fue otra de las sorpresas del arranque de una campaña excepcional- por Ciudadanos, el partido que parece aglutinar cada vez más la voz (y el voto) de quienes, de ninguna manera, quieren irse de España.
