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Doce años después, el juicio en el que se dirime las responsabilidades por la muerte de 33 detenidos en la Unidad Penal 28 de Magdalena, que fallecieron encerrados durante el incendio del pabellón 16 llegó al momento de los alegatos. Sus muertes, provocadas por las altísimas temperaturas y por el gas venenoso que despedían los colchones no ignífugos al quemarse, desanudan la idea, el lugar común, del motín carcelario con independencia de la gestión y administración de un penal. Los únicos dos sobrevivientes del pabellón dieron testimonio de que la idea de motín fue (suele ser) una construcción penitenciaria para el pánico extramuros. No fueron los únicos. Ayer, una de las fiscales del juicio a los 17 penitenciarios imputados, Florencia Budiño, desarrolló su alegato para terminar pidiendo penas de entre 2 y 15 años por acusaciones de abandono de persona seguida de muerte, y de homicidio culposo agravado por la cantidad de muertes. Hoy será el turno del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y mañana, el del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Las tres organizaciones en representación de familiares de las víctimas. El 18 será el turno de las defensas.
La fiscal Budiño imputó a 15 de los 17 penitenciarios juzgados del delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte” mientras que al Director del Penal y al ex jefe de seguridad les imputaron “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.
La audiencia se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata, que integran los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena. Budiño tuvo en cuenta la antigüedad, jerarquía y el rol que ocupaba cada penitenciario la noche del incendio.
El 15 de agosto de 2005, durante una pelea dentro del pabellón 16, los penitenciarios entraron, dispararon balas de goma. Los presos, para defenderse, prendieron fuego a los colchones. La guardia, en lugar de extinguir el incendio, cerró la puerta y dejó a 35 internos del pabellón dentro. La guardia liberó a los presos del pabellón 15 y se retiró. Los internos del 15 con ayuda de otros presos, lograron abrir la puerta de emergencia, ubicada en la parte trasera del pabellón y rescatar a una de las víctimas, Angel Quintana Ramírez, y Juan Domingo Blanco Recalde, otro de los internos, cuyas orejas se achicharraron por el calor, fue rescatado a través de huecos abiertos en paredes y ventanas con matafuegos y bancos.
La fiscal pidió 15 años de prisión para Raimundo Fernández (secretario del penal) y María del Rosario Roma (segunda jefa de guardia de seguridad exterior) y 12 para Jorge Martí (encargado de turno) que fueron quienes dispararon balas de goma contra los reclusos amotinados.
Además solicitó 11 años para Gualberto Molina y Gonzalo Pérez; 10 para Carlos Bustos, Rubén Montes de Oca y Juan Santamaría y 8 para Marcelo Valdivieso, Juan Zacheo, Juan César Romano, Marcos Sánchez, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella y Mauricio Giannobile.
Como agravante, merituó la pluralidad de las víctimas, la modalidad en la que se produjo la muerte “que se traduce en su agonía porque según la autopsia presentaban quemadura y negro de humo en las vías respiratorias”.
También fundamentó en el “peculiar estado de vulnerabilidad de las víctimas en este caso por la condición de encierro corporal en la que sus posibilidades de autoprotección se ven disminuidas y pasan a estar bajo el control absoluto del Estado”.
Además citó la extensión del daño que provocó a las familias que perdieron a sus seres queridos y que se proyectó también al resto de los detenidos de acuerdo a los testimonios que se escucharon en el juicio.
Para Budiño, también hay que tener en cuenta que el trágico incendio ocurrió “en vísperas del día de la Madre” por lo que había muchos familiares fuera del penal esperando la visita y que “debieron soportar este caos”.
Sofía Caravelos, del CIAJ, dijo a este diario que en su defensa los imputados sostuvieron que no originaron la situación de peligro; y que no pueden responsabilizarse por las fallas estructurales. “Pero eso que no hicieron los penitenciarios. No usaron la bomba que no funcionaba porque tampoco intentaron. Lo terminaron haciendo los presos, luchar para intentar rescatar a sus compañeros”.
