Javier Milei está en el ojo de la tormenta tras recomendar en su cuenta de X la compra de la criptomoneda $LIBRA. El activo financiero tuvo un incremento abrupto en su valor y luego se desplomó de manera sorpresiva, generando dudas sobre la legalidad y la ética de la recomendación presidencial. Este episodio, junto con otros conflictos políticos, llevó a varios bloques de la oposición a exigir explicaciones y, en algunos casos, a proponer la posibilidad de un juicio político en su contra.
Este escándalo puso sobre la mesa el juicio político, un mecanismo legal que aparece en la Constitución Argentina como un recurso para controlar la gestión de los funcionarios públicos. Pero, ¿cómo funciona realmente este proceso en Argentina? ¿Y cuáles son las probabilidades de que el presidente Milei enfrente un juicio político?
¿Qué es el juicio político?
El juicio político es un proceso constitucional cuyo objetivo es investigar y sancionar a los funcionarios públicos, incluidos los presidentes, en caso de mal desempeño de sus funciones, abuso de poder o la comisión de delitos en el ejercicio de su cargo.
Este mecanismo tiene como fin garantizar que los responsables de la gestión pública rindan cuentas ante el Congreso de la Nación. Aunque es una herramienta importante en un sistema democrático, su aplicación no es sencilla y requiere de un riguroso proceso legislativo.
El juicio político comienza con la presentación de una denuncia, que puede ser impulsada por un legislador o incluso por un ciudadano. Este primer paso se realiza en la Cámara de Diputados, donde se evaluará la admisibilidad de la denuncia. Para que el proceso avance, es necesario obtener una mayoría especial de dos tercios en la Cámara baja.
Si la denuncia supera este filtro, el caso pasa al Senado, donde se requiere la misma mayoría para decidir si el funcionario debe ser destituido o, en su defecto, absuelto.
El papel del Senado y la Corte Suprema
En el caso de un juicio político contra el presidente de la Nación, el Senado juega un rol fundamental. En estos casos, el órgano es presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, lo que, en teoría, garantiza la imparcialidad del proceso.
A pesar de este procedimiento, la composición política del Congreso influye significativamente en la viabilidad del juicio, ya que se necesita el apoyo de una mayoría amplia tanto en Diputados como en el Senado para que el proceso continúe.
¿Qué ocurre en la práctica con los juicios políticos?
En la historia reciente de la política argentina, los juicios políticos fueron herramientas raramente utilizadas. La última destitución de un funcionario se produjo en 2005, cuando el Senado removió al juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano.
Desde entonces, muchos intentos de juicio político no han prosperado o han quedado archivados. Esto hace que el juicio político, aunque fundamental en teoría, sea un proceso de difícil aplicación en la práctica.
Otro factor importante es la situación política del Congreso. Desde su asunción, Milei depende completamente de sus aliados políticos para mantenerse en el poder, dado que su espacio, La Libertad Avanza, tiene una representación limitada en ambas cámaras.
Esto significa que cualquier intento de juicio político en su contra dependerá en gran medida de la capacidad de la oposición para juntar una mayoría significativa, y de la disposición de sus propios aliados para retirarle el apoyo.
