Distintos legisladores santafesinos impulsan pedidos de juicio político contra el presidente Javier Milei, a partir del escándalo desatado el pasado viernes con la promoción de una presunta estafa con criptomonedas. Los diputados nacionales del socialismo, que integran el bloque Hacemos, fueron los primeros en presentar un pedido para que la comisión investigue el accionar del mandatario argentino y cuestionaron las pocas explicaciones del gobierno hasta el momento. “Autoinvestigarse no tiene nada de transparente, ni de republicano. Lo que corresponde es el inicio de un proceso de juicio político, en una comisión compuesta por todos los partidos”, analizó Esteban Paulón. En tanto, ayer por la tarde el bloque del peronismo en Diputados también impulsó un pedido de juicio político, por medio de una conferencia de prensa. “No hay dudas de que lo que pasó con esta moneda digital es una estafa que no se hubiese producido sin la intervención en redes sociales del presidente de la Nación”, sostuvo Eduardo Toniolli.

El escenario político argentino volvió a convulsionarse el viernes por la noche, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales una moneda digital llamada $Libra. El posteo invitaba a invertir en “Viva la libertad Project” una iniciativa que, en principio, estaría destinada a “fondear pequeñas empresas” a través de ese activo financiero. Con el mensaje del presidente la criptomoneda se capitalizó rápidamente. Sin embargo, instantes después, cuando el activo ya contaba con un número importante de inversores, los creadores de la moneda se retiraron del proyecto, en una maniobra conocida como “rug pull”.

Eso generó una caída en la cotización de la moneda del 85%, generando pérdidas en la mayoría de los inversores, mientras que unas pocas cuentas tuvieron ganancias que se calculan entre los 70 y 100 millones de dólares. Con la estafa consumada, el presidente borró su mensaje en redes sociales y compartió otro mensaje, desentendiéndose del asunto. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, se excusó el mandatario en sus redes, y siguió: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”.

Además, nuevamente por un mensaje en redes, desde la Oficina del Presidente indicaron que darían intervención a la Oficina Anticorrupción –conducida por funcionarios del propio gobierno– y que se crearía una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, para investigar el hecho. Las explicaciones del gobierno generaron más ruido entre los bloques de la oposición que adelantaron su intención de que el hecho se investigue en la comisión de juicio político, para que Milei asista al Congreso a dar las explicaciones correspondientes. En esa línea fue el pedido del diputado santafesino Esteban Paulón –el primero en pronunciarse– acompañado por Mónica Fein y Natalia de la Sota, del bloque Hacemos.

“Autoinvestigarse no tiene nada de transparente, ni de republicano. Lo que corresponde es el inicio de un proceso de juicio político, en una comisión compuesta por todos los partidos”, analizó Paulón en declaraciones a Rosario/12. “Nuestra motivación inicial no es a priori la destitución del presidente, sino brindar un espacio ya existente, previsto en la Constitución, para que se pueda hacer la investigación correspondiente. Algunos bloques están planteando la conformación de una comisión investigadora, pero eso no se puede tratar hasta después del primero de marzo y hay que ver si están los votos para hacerlo. La comisión de Juicio Político, en cambio, tiene posibilidad de comenzar a funcionar ya y darle lo antes posible el escenario al presidente para que pueda explicar realmente lo que pasó”, agregó.

Para el legislador, el hecho impacta de dos maneras. Por un lado, con las víctimas concretas de la estafa que, según las primeras informaciones, rondan las 40 mil personas. “Son pequeños ahorristas, algunos de Argentina y otros de otras partes del mundo, que confiaron en la palabra de un presidente y se llevaron un chasco”, explicó. 

Pero para el diputado también es preocupante el efecto que esto tiene sobre la investidura presidencial: “Sea por desconocimiento, o como parte de una estafa deliberada, esto abre muchas dudas sobre otras decisiones que se toman cotidianamente en el marco del gobierno. Hay un daño reputacional muy grande que se debe reconstruir con urgencia”.

No obstante, para Paulón el posteo en sí ya deja a la vista un delito en flagrancia por el incumplimiento al artículo 2 de la ley de ética pública, que prohíbe a un funcionario difundir o promover inversiones o proyectos privados que generen ganancias a terceros. 

“El proyecto tenía como objetivo la ganancia de dinero de cierto sector, pero además hay información privilegiada de por medio. Por lo tanto, hay que determinar si definitivamente no tuvo un retorno de dinero o alguien de su entorno cercano resultó beneficiado”, expresó. 

“Sobre ese primer delito que es el posteo, puede haber otros que se tienen que investigar. Nosotros pedimos que se analice la idoneidad del presidente para seguir en su cargo. Cometido en delito en flagrancia, la comisión debería aprestarse a investigar para que pueda despejar las dudas y ejercer su derecho a defensa”, concluyó.

Desde el peronismo

Durante el fin de semana, las denuncias contra el presidente argentino se multiplicaron. Hasta este lunes se registraban unas 112 denuncias en la Justicia Federal por el caso Libra, pero también hubo denuncias en el plano internacional. Ayer por la tarde, el bloque del peronismo en la Cámara baja, presidido por el rosarino Germán Martínez, realizó una conferencia de prensa donde también anunció la presentación del pedido de juicio político contra el presidente, reclamando que el proceso tenga su curso legal en el Congreso. “No hay dudas de que lo que pasó con esta moneda digital es una estafa que no se hubiese producido sin la intervención en redes sociales del presidente de la Nación”, consideró el diputado justicialista Eduardo Toniolli, en diálogo con Rosario/12.

Para el legislador se trata de un hecho de “extrema gravedad institucional” que tiene al presidente como partícipe primario de una estafa. “La situación ha disparado denuncias de todo tipo y creemos que en los próximos días se van a seguir acumulando. Y en paralelo a eso, nosotros consideramos pertinente presentar un pedido de juicio político fundamentado en que la intervención del presidente ha tenido una centralidad en el desarrollo de esta estafa”, explicó.

Toniolli subrayó: “El presidente fue el gancho para que miles de personas, entre sus millones de seguidores, terminen metiéndose en el link que compartió e invirtiendo su dinero en esto que terminó siendo una estafa”.

 

Siguiendo esa línea, Toniolli también reclamó al gobierno el nombramiento de las autoridades de la comisión de Juicio Político que, en medio de una interna del propio gobierno, quedaron sin designación: “Sería una falta grave del presidente de la Cámara –Martín Menem– si no se garantiza el normal funcionamiento del cuerpo, porque no es el único expediente presentado. Estamos hablando de un presidente involucrado en un delito por millones de dólares que involucra a unas 45 mil personas en carácter de víctimas. Ese accionar mella la credibilidad no solo del presidente, sino de la Argentina misma, en un contexto de debilidad internacional, donde se está negociando con organismos internacionales. Indudablemente esto golpea muy fuerte”.