A pesar de no contar con una Ley Fiscal Impositiva para el 2025, la provincia de Buenos Aires continúa con la senda que aliviana la presión tributaria sobre el campo. Según los registros actualizados de la Agencia de Recaudación bonaerense, desde que asumió Axel Kicillof hasta 2024, la carga del inmobiliario rural sobre los productores agropecuarios se redujo más de un 16 por ciento.

El cambio fue cuantitativo y cualitativo. La reconfiguración de la estructura tributaria provincial anclada en la progresividad como bandera hizo la diferencia. De esta manera, quienes tiene mayor capacidad contributiva pagan más que los que tienen menos. 

Además, el anuncio tiene como contexto el reciente fallo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Azul que resolvió de manera definitiva y de fondo un reclamo de productores rurales contra el método para calcular el inmobiliario rural. El juez le dio la razón a la Provincia y echó por tierra los argumentos que impulsaba la “rebelión fiscal” que convocó José Luis Espert.

Desde la Agencia pusieron en valor esta decisión porque terminó de legitimar la manera en la que calcula el impuesto. Además, permitió darle continuidad a un proceso que demuestra una mayor progresividad a este tributo desde 2019 pero, puntualmente, desde 2022.

En ese momento, tras una primera ley impositiva signada por el cambio de gestión y una segunda en medio de la pandemia, Kicillof pudo reconfigurar la estructura tributaria provincial y descomprimir el peso del inmobiliario rural sobre los pequeños productores. 

Así las cosas, el mecanismo diseñado por el organismo que lidera Cristian Girard para calcular este tributo posibilitó que, en los últimos cuatro años, la mitad de las partidas rurales de la provincia tuvieran una disminución del 87 por ciento en el impacto de este impuesto en su devenir económico.

¿Por qué? Paso a paso. En la provincia de Buenos Aires hay 309.400 partidas rurales que abonan este impuesto. De ese total, 154.700 integran el segmento con la valuación fiscal más baja. Es decir, el 50 por ciento del total. En este universo, a valores reales de 2024 y estableciendo un promedio de lo que abonan todas estas partidas, un productor que pagó 19.056 pesos el año pasado, en 2019 pagó 142.037. De esta manera, se evidencia que la reducción de la carga pisó el 90 por ciento.

El cálculo amerita una aclaración. Cuando se habla de valores reales quiere decir que, si no se hubieran hecho modificaciones en la estructura tributaria ni en las alícuotas pertinentes, aquellos que en 2024 pagaron cerca de 20 mil pesos tendrían que haber abonado más de 140 mil. Lo que se toma como referencia es el valor real del peso actualizado que, en este caso, es el de 2024.

Todos pagan menos

No sólo la franja de menor valuación fiscal tuvo una disminución en su carga tributaria. Tomando los mismos parámetros temporales y los mismos valores reales del peso, las partidas cuya valuación fiscal es intermedia, tuvieron una caída en la carga del 19 por ciento. Este grupo, que representa el 40 por ciento de las propiedades rurales de la provincia, pagó, en promedio, 448.014 pesos en 2019. En 2024 ese promedio fue de 362.009.

Y los de mayor valuación fiscal también tuvieron su recorte. Para el restante 10 por ciento de las partidas rurales, cuya base imponible es de 39 millones de dólares, la disminución de la carga impositiva fue del 5,6 por ciento.

De esta manera, promediando todas las partidas, entre 2019 y 2024 a valores reales, la reducción del impuesto fue del 16,3 por ciento para el campo. En la Provincia, se celebra el número, pero aún más la política fiscal que llevó a que los pequeños productores paguen cada vez menos.

Para 2025, esta situación buscará profundizarse a pesar de no contar con una Ley Fiscal Impositiva aprobada por la Legislatura y tener que prorrogar la de 2024. Por eso, desde ARBA anunciaron que la primera cuota del inmobiliario rural de este año que vence en abril será nominalmente igual a la de 2024, a pesar de que hay una inflación interanual proyectada del 70 por ciento.

A su vez, hay varias posibilidades de acceder a descuentos para los productores agropecuarios. Uno de ellos, a pedido de los representantes de las entidades rurales en reuniones que se mantuvieron con la Agencia y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Tras estas conversaciones, la gestión de Kicillof decidió incorporar, por primera vez, la chance de abonar el inmobiliario rural de manera anticipada y anual con un recorte de hasta el 15 por ciento.

Abanico de descuentos

“Desde que asumió Kicillof la carga tributaria total, es decir, lo que recauda la Provincia a través del inmobiliario rural vino cayendo estos años con una composición progresiva”, señala Cristian Girard a Buenos Aires/12.

La premisa del titular de ARBA encuentra sustento en los porcentajes referenciados sobre cadad segmento de propietarios. Además, hay un abanico de descuentos a los que podrán acceder los productores rurales en 2025. Aunque, de antemano, un primer beneficio les llegó ante la ausencia de una nueva Ley Fiscal Impositiva y la prórroga del anterior.

Cómo se mencionó, desde la agencia recaudadora informaron que la primera cuota del inmobiliario rural será nominalmente igual que la del 2024. Esto quiere decir que, si un productor pagó 100 mil pesos de cuota el año pasado, este año le llegará el mismo monto. Pero, en 2025, tendrá ventajas.

En primer lugar, estará vigente el beneficio a buen cumplidor. Si el propietario está con las cuentas al día, recibirá un 5 por ciento de descuento. Pero esta ecuación esconde un beneficio más. Al sostener el valor nominal de la cuota entre un año y otro, la inflación proyectada del 70 por ciento interanual no impacta en la cuota.

A su vez, si decide abonar el año entero de forma anticipada, se le agregará una reducción del 10 por ciento sobre el total del impuesto.

Por otro lado, para quienes no decidan pagar el inmobiliario rural de manera anticipada, tienen la posibilidad de adherirse al pago por débito automático. De esta manera, gozarán de un 5 por ciento más de descuento. Por ende, si están al día y utilizan esta modalidad, la reducción en el impuesto será del 10 por ciento en cada cuota.

Respecto al cronograma de pagos, el organismo dirigido por Girard informó que el primer pago del impuesto inmobiliario rural vence el 8 de abril. Más adelante, el 12 de junio vence el segundo, el 11 de septiembre el tercero y el 12 de noviembre el cuarto. Cabe aclarar que, para los propietarios de mayor valuación fiscal, puede sumarse una quinta cuota.

El aval de la Justicia 

Los anuncios de ARBA se dan a pocos días de conocerse el falo de la Justicia de Azul sobre la constitucionalidad y la no confiscatoriedad en la forma en que se calcula el impuesto inmobiliario rural.

En la localidad ubicada a la vera de la Ruta 3, en pleno centro ganadero provincial, un grupo cercano a los 40 productores presentaron un pedido de amparo y cautelar contra ARBA y la Provincia. Allí, comandados por Cristina Boubeé, dirigente rural encolumnada en el llamado a la rebelión fiscal por parte de José Luis Espert, chocaron contra la resolución del juez Juan Guillermo Lazarte.

El juez aludió que no se pudo demostrar que la acción de inconstitucionalidad "haya sido intentada, ni se evidenciaron los motivos por los cuales no resulta posible acudir a la vía ordinaria".

Tal como explicó este medio, la conclusión del magistrado parte de la base de que una medida de amparo debe interponerse cuando se agotaron otras vías judiciales y, en este caso, administrativas. Como eso no sucedió, el juez dijo que "no corresponde" expedirse respecto de la constitucionalidad de las normas atacadas, "debiendo los actores ocurrir por la vía ordinaria".

Además, el juez señaló que la fórmula aplicada por ARBA se sustenta en la ley 15.479, por lo que su legalidad no está en duda. Y, respecto a la posible confiscatoriedad del cálculo a raíz de los montos que llegaron en las facturas de la cuarta cuota del tributo en 2024. Ante estas acusaciones, el juez hizo los cálculos del impacto de esta cuota en relación al valor fiscal de cada una de las cuarenta y seis partidas que se presentaron ante la Justicia.

“Si bien el porcentaje varía, el promedio de ellos es de 1,38 por ciento”, dice sobre la cuarta cuota del impuesto. “Es decir que, si son 4 cuotas anualmente, el porcentaje que percibe la provincia asciende a 5,52 por ciento, y si las cuotas son 5, el porcentaje resulta ser 6,9 por ciento”, aclaró el juez. A partir de estas premisas, Lazarte concluyó que “el impuesto no puede considerarse confiscatorio, al menos en el análisis que corresponde realizar en el trámite de amparo”.