Los bloques opositores que mantienen una actitud "dialoguista" con el Poder Ejecutivo iniciaron distintas estrategias frente a la estafa multimillonaria con la criptomoneda $LIBRA promocionada por Javier Milei. La Coalición Cívica, con la firma de Elisa Carrió y sus diputados, optó por el camino judicial: inició una denuncia penal y exigió celeridad para avanzar en la investigación. Los radicales disidentes del bloque Democracia para Siempre presentaron un proyecto para que se cree una comisión investigadora especial en el Congreso. Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto, exigió respuestas al Poder Ejecutivo mediante un cuestionario dirigido al ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, entre otros organismos. Estos espacios se diferenciaron así del pedido de juicio político solicitado por Unión por la Patria.

"Estamos frente a un hecho de extrema gravedad y, por eso, exigimos celeridad a la Justicia para que investigue de forma seria y rigurosa, recopile la totalidad de las pruebas y actúe con absoluta libertad e independencia", aseguró Maximiliano Ferraro,  diputado y presidente de la Coalición Cívica. En el texto de la denuncia, que quedó a cargo de la jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, rechazaron el argumento del oficialismo sobre el supuesto "error" del Presidente, engañado en su buena fe: “es economista, su expertise es precisamente el asesoramiento en inversiones financieras; sus antecedentes así lo revelan. Vivió los últimos años previos a su cargo de Presidente de la Nación, asesorando importantes grupos económicos. Se autopercibe y promociona como el mejor del mundo. Todo esto descarta un equívoco y, los hechos relatados, comportan una sucesión de ‘actos preparatorios’ de la posible estafa consumada”.

La denuncia lleva las firmas de Carrió, Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López,  Victoria Borrego y Marcela Campagnoli. Paula Oliveto no estampó su firma dado que integra la comisión de Juicio Político y podría eventualmente tener que intervenir. Los delitos que piden investigar son estafa, cohecho, dádivas, delitos contra el órden económico-financiero y violaciones a la Ley de Ética Pública. 

El espacio del radicalismo referenciado en Facundo Manes y Martín Lousteau, formalizó el pedido para crear una comisión especial investigadora. Tras la entrevista donde Milei dijo que lo único que hizo fue difundir una iniciativa privada, el presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, le salió al cruce: "No se lave las manos y permita que el Congreso investigue si realmente no tiene nada que ocultar. Espero que sus Diputados acompañen la creación de la comisión investigadora que presentamos hoy".

Para que esa propuesta avance, deberá ser discutida en las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento -que preside la macrista Silvia Lospenato, aliada del oficialismo- y de Asuntos Constitucionales, liderada por el libertario Nicolás Mayoraz. Ese camino, entonces, será de muy dificil recorrido. El mismo espacio también presentó una iniciativa similar en el Senado. Cinco senadores de la UCR (en la Cámara Alta no se partió el bloque como ocurrió en Diputados) reclamó la conformación de una comisión investigadora por 180 días, que tendrá que una vez culminado deberá elaborar un informe. El proyecto lleva la firma de Lousteau, Pablo Blanco, Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. En ambos casos, dejan abierto el camino para que, en función de lo que surja de esa investigación, se pueda avanzar tanto en el juicio político como en una denuncia judicial.

En una posición más moderada, el heterogéneo bloque que comanda Pichetto optó por pedirle mediante una nota al Poder Ejecutivo que responda 23 preguntas. Entre otras cosas, reclaman saber quiénes participaron de la decisión de promocionar la $LIBRA, si alguien del oficialismo obtuvo algún beneficio económico, cuál es la relación con Mauricio Novelli, Hayden Davies y Julián Peh (los empresarios detrás de la cripto), qué acciones tomó el Ministerio de Justicia, la UIF, la CNV para investigar lo ocurrido, cuál es la información que tiene el Banco Central sobre los movimientos de capitales vinculados al caso y sus damnificados. "Es imperioso y urgente que, si el Presidente se equivocó y fue inducido al engaño como sugiere el Gobierno, se tomen accionesinmediatas para recuperar la credibilidad en el país y el mundo (sobre todoantes de que abran los mercados). También corresponde que se realicen las investigaciones judiciales e institucionales que sean necesarias para que seencuentre y juzgue a los responsables de manera ejemplar y urgente", dicen en la presentación.

El diputado de ese bloque, Oscar Agost Carreño, cuestionó la defensa oficial: "El Presidente no es un influencer; tiene una investidura como jefe de Estado, y por eso existen mecanismos establecidos para promover PyME y empresas, garantizando transparencia y evitando fraudes. Un Presidente necesita un equipo, asesoramiento y criterio antes de publicar. Las redes pueden ser una herramienta, pero no pueden poner en juego la credibilidad del país", advirtió.