México ya recibió a más de 13 mil personas deportadas por Estados Unidos en lo que va del año, según confirmó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su par estadounidense, Donald Trump, arrancó su segunda administración con medidas que apuntan a elevar los números de personas deportadas.
Poco después de asumir, Trump envió órdenes ejecutivas con el objetivo de terminar con el asilo humanitario para migrantes; intensificar las redadas y detenciones masivas de extranjeros en sus lugares de trabajo, escuelas, iglesias y barrios; y blindar la frontera entre Estados Unidos y México.
En la frontera
Las repercusiones de las medidas de Trump tuvieron un impacto inmediato en los puntos fronterizos. “Fue un cambio drástico. De recibir 120 personas por día a no recibir a nadie. Nosotros recibíamos a personas que ya tenían programada una cita a través de la app CBP One o que ya se habían entregado a los jueces o que fueron dejados en libertad con la condición de que se presenten ante un juez de migración”, explica Aracelly Lazcano, vocero del Centro de Oportunidad en El Paso, Texas, una organización comunitaria que recibe a personas en situación de calle sin importar su origen.
El Centro de Oportunidad está ubicado a unas 20 cuadras del Puente Internacional Paso del Norte que conecta a la ciudad estadounidense El Paso con la mexicana Ciudad Juárez.
“El último grupo que recibimos llegó el día que tomó posesión el nuevo presidente. Los que llegaron ese día fue porque lograron cruzar la frontera con CBP One porque tenían su cita a las siete de la mañana. El grupo que tenía cita a las 11am ya no pudo cruzar porque ya había tomado posesión la nueva administración”, relata Lazcano. También indicó que al menos dos de los albergues de la zona cerraron sus puertas debido a la retención de fondos por parte del gobierno federal.
Ciudades santuario
Además de las órdenes ejecutivas con las que Trump prohibió los ingresos de migrantes por razones humanitarias, el mandatario también demandó a las ciudades santuario. Se trata de ciudades y Estados donde las detenciones y deportaciones están limitadas. Son diez estados y decenas de jurisdicciones locales que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés), así como otras autoridades federales de inmigración.
En 1985 Chicago se convirtió en una de las primeras ciudades santuario y actualmente cuenta con una de las protecciones más sólidas para los migrantes. Chicago prohíbe la cooperación entre la policía local y los agentes inmigración. En Cook, una de sus localidades, las autoridades dejaron de colaborar con las peticiones de inmigración de prolongar la detención en cárceles de personas indocumentadas sin una orden judicial.
“Las comunidades migrantes en Estados Unidos están enfrentando altos niveles de miedo y ansiedad”, explica Dulce Guzmán, especialista en políticas de inmigración y directora ejecutiva de Alianza América, una red de organizaciones que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos de los migrantes, y con base en Chicago.
“Dependiendo del estado o localidad donde se encuentren pueden tener mayor o menor riesgo y protección. En todo el país las comunidades locales están compartiendo que los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela, algunos tienen miedo de ir a trabajar y otros intentan evitar actividades cotidianas como ir al almacén porque tienen miedo a ser detenidos”, cuenta Guzmán.
Dulce Guzmán explica que durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) hubo acciones para cerrar las opciones de asilo para los migrantes. “Trump las profundiza al eliminar completamente la posibilidad de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y cancelando la app CBP One, la única vía para que un solicitante de asilo pueda acceder a una cita y presentar su caso. Las personas no tienen respuestas o una guía clara sobre qué hacer”, observa Guzmán.
Al sur de la frontera
Del otro lado de la frontera, Nancy Landa, experta en migraciones, describe la situación con dos palabras: caos y confusión. Landa trabaja en la organización Al otro lado, que brinda apoyo a refugiados, deportados y migrantes en EE.UU. y en la ciudad mexicana de Tijuana. Enfrentó su propia deportación bajo el gobierno de Barack Obama y explica que aunque la administración de Donald Trump tiene el foco de su gobierno en las deportaciones, los gobiernos de Obama y Biden tuvieron números altísimos de migrantes deportados.
“La diferencia es que hay mucho miedo en la retórica que se ha creado con el gobierno de Trump porque tiene la postura de demostrar que sí está haciendo algo respecto a sus promesas de campaña” precisa Landa.
Para Amarela Varela, investigadora y docente especialista en migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se trata sólo de una psicosis mediática o que sólo está presente en las redes sociales.
“No hay deportaciones masivas, pero sí hay redadas intensivas, violatorias de todo derecho nacional e internacional. Están yendo a los centros de trabajo, hospitales, están merodeando en los barrios, están intentando que las escuelas públicas les dé los registros sobre las familias con estatus legal mixto aunque los sindicatos de las escuelas públicas se negaron a entregar estos registros”, explica Varela.
"Apartheid jurídico y social"
La investigadora de la UNAM explica que el gobierno norteamericano deporta a jefes y jefas de familia, que son el sustento económico de unidades familiares con estatuto legal mixto, es decir, los hijos tienen nacionalidad pero los padres son ilegalizados por EE.UU. El mandatario estadounidense buscó profundizar su cruzada antiderechos al negarle la ciudadanía a los hijos de migrantes nacidos en EE.UU. algo por lo que “ya tiene tres denuncias porque eso es completamente inconstitucional”.
Varela lo analiza como parte de la doctrina del shock. “En Estados Unidos los dos partidos tienen como postura institucional declararle la guerra total a los migrantes. Entonces la espectacularización, la poca nitidez, ausencia de números y registros forma parte de una guerra total contra los migrantes”, define la experta en migraciones.
“Las familias mexicanas, las latinoamericanas, africanas y asiáticas están viviendo un apartheid jurídico y social. Hay personas viviendo en la clandestinidad porque Trump ha usado registros de solicitantes de asilo para perseguirlos. Es una guerra declarada contra los cuerpos migrantes. Las que más sufren son las infancias migrantes que no necesariamente están sin papeles pero ven amenazado todo su entorno social”, subraya Varela.
A su vez, señala que existe una espectacularización respecto a las deportaciones y al envío de migrantes sin documentos a la prisión de Guantánamo, en la base militar estadounidense en Cuba. “Los gobiernos saben que esta práctica está sucediendo hace 30 años y ya hay denuncias presentadas por organizaciones humanitarias ante la Corte Penal Internacional y la CorteIDH. Existe un uso instrumental por parte de todos los gobiernos de los sujetos migrantes”, añade. Varela también considera que el gobierno mexicano desplegó un dispositivo mediático y que no existe un proyecto de reinserción y trato digno hacia los deportados. “No los tiene hoy ni los ha tenido históricamente”, aseguró.
Hacia la búsqueda de políticas integrales
En las últimas semanas el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó el programa “México te abraza” destinado a mexicanos y mexicanas retornados al país. El programa incluye la apertura de nueve centros de atención migrante en la frontera con Estados Unidos donde podrán recibir asistencia para tramitar documentación como la partida de nacimiento, apoyo en la reintegración social con incorporación laboral y programas de bienestar.
Nancy Landa explica que sí hay un incremento en los servicios del gobierno mexicano y autoridades locales para recibir a migrantes y gestionar albergues, algo de lo que en años anteriores se encargaban las organizaciones de la sociedad civil.
Respecto a las políticas de recepción de migrantes del gobierno de Sheinbaum, Landa dice que desde Al otro lado, están monitoreando qué tan eficiente es y cómo responde a las necesidades de las personas porque explica que el gobierno no coordinó esfuerzos con las organizaciones sociales que trabajan en la frontera.
“Observamos que las autoridades trasladan a las personas a los centros de recepción pero que una vez ahí las personas no se quedan por mucho tiempo. Entonces está la problemática de ver dónde se van a asentar los migrantes. Muchos se van desde Tijuana hasta Ciudad de México o a sus estados de origen. Ahí es donde a veces no hay una estructura para identificarles y acompañarles”, precisa Nancy.
El proceso de integración depende mucho de la rapidez con la que los migrantes puedan tener su documentación básica y según Nancy puede demorar meses. También explica que abundan casos de personas que fueron deportadas sin un debido proceso y que desde México buscan orientación para reabrir sus casos y regresar a sus familias en Estados Unidos. De acuerdo con Landa, el gobierno mexicano “atiende la problemática hasta cierto punto, pero tiene muchas limitaciones en el tipo de servicio que le pueden dar a los migrantes”.
“Generalmente cuando te deportan te llevan hacia los puntos fronterizos, por ejemplo, Tijuana. Llegas a un punto fronterizo donde estás en shock y tienes que replantearte cómo empiezas a insertarte y aceptar la realidad de que ya no estás en el lugar que considerabas tu casa y donde todavía podría seguir estando tu familia”, cuenta Nancy, quien vivió la deportación en primera persona tras vivir 20 años en Estados Unidos donde creció y fue a la escuela.
“Esa es la parte más complicada para el gobierno y para la sociedad civil: recibir a personas que están viviendo un trauma y que tienen que replantearse qué sigue”, finaliza.
