La comunidad terapéutica donde está alojado el niño de 11 años, cuyos derechos fueron vulnerados cuando apareció en julio pasado en el programa Periodismo Para Todos (Canal 13) adjudicándose una serie de delitos, incluido un asesinato, durante una entrevista en la puerta de un jardín de infantes en Villa Caraza, denunció ante el Juzgado de Familia N° 2 de Lanús que jóvenes armados se presentaron en la institución buscando al chico, el 21 de noviembre pasado. El hecho se repitió unos días después, según la denuncia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que acompaña a la madre del niño, una cooperativista que trabaja en una planta de reciclado. La abogada Gabriela Carpinetti, quien lleva adelante dos causas judiciales: una civil contra el canal y la productora, y otra penal contra funcionarios del municipio de Lanús por la extorsión y amenazas que habría sufrido el chico para que se prestara al reportaje, dijo a PáginaI12 que “estos dos nuevos hechos de violencia dejan en evidencia que la impunidad sólo genera más impunidad y beneficia a quienes están siendo investigados. Embarran la cancha de la investigación penal, generan temor en la familia y un alerta en la comunidad terapéutica que debe preocuparse por la seguridad”.

La denuncia cursada a la titular del juzgado N° 2, la jueza Estela Morano,  con la firma del director de la institución, una psicóloga, dos operadores socioterapéuticos y una asistente social, sostiene que el martes 21 del mes pasado, entre las 21.30 y las 22, un automóvil “supuestamente Peugeot 308 gris” se detuvo frente a la entidad. Del vehículo bajaron cuatro jóvenes armados. “Dos de ellos pequeños como de la edad del niño”, y preguntaron desde la ventana por el chico, cuando se suponía que nadie, fuera del grupo familiar y la justicia, sabe dónde esta internado.

De acuerdo al informe de la institución, el operador de guardia les dijo que se habían equivocado de lugar y que ahí no vivía nadie con el nombre invocado por los jóvenes.

A su vez, la comunidad terapéutica reclamó en el escrito “medidas de seguridad”, ya que si el hecho se repite, además de poner en riesgo al niño, puede poner “en riesgo no solo al equipo sino también a la población que se encuentra realizando su tratamiento”. Y remarcaron que en el centro de tratamiento “no hay guardias de seguridad ni se manejan armas para defensa de ninguna naturaleza”.

La denuncia tuvo eco en el juzgado de familia, y la jueza Morano envió un oficio a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría solicitando que se realice la investigación penal correspondiente y se dispongan medidas “de seguridad idóneas para resguardar al niño”.

El referente del MTE Nicolás Caropresi contó a este diario que “el hecho volvió a repetirse unos días después”, y remarcó que “nadie debería saber el lugar donde está internado el chico”. Para el militante, “esto ocurre en un contexto donde se están realizando audiencias y avanzando en las causas judiciales para que el niño declare en cámara Gesell”.

Por su parte, Carpinetti dijo que estos hechos generan temor en la familia, sobre todo “en la madre del niño, que es quien encabeza la denuncia penal y lleva adelante un proceso de trabajo en materia familiar con la comunidad terapéutica”, y señaló que “no sabemos bien a quién responden estos grupos pero estarían relacionados a Diego kravetz (secretario de Seguridad de Lanús) y a su mano derecha Daniel Villoldo (subsecretario de Seguridad del municipio). Agregó, además, que los representantes legales de la madre “entendemos que es oportuno que el niño declare y sea respetado su derecho a ser oído en cámara Gesell, para que relate cómo fue secuestrado y amenazado, es muy importante. Que esté bajo tratamiento no puede impedir que declare”, remarcó. 

El niño de 11 años, eje de las causas judiciales, se volvió público luego de la emisión de una entrevista que le hizo el programa PPT, el 16 de julio, en la que el niño se hace cargo de varios delitos, en un momento en que la avanzada manodurista hacía centro de las discusiones sobre seguridad pública en la baja de la edad de imputabilidad.

El reportaje grabado a las puertas del jardín de infantes N° 14 Tiempo de crecer, de Lanús, no contó con la autorización legal de la madre y vulneró, además, los derechos del niño al utilizar su imagen mal pixelada y su apodo, permitiendo que pudiera ser reconocido y estigmatizado. Estas violaciones fueron el centro de varias denuncias contra el canal y el programa, entre ellas las del el titular de la Asesoría Tutelar N°1 de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno.

Por otro lado, el MTE denunció que la entrevista estuvo armada entre la producción del programa y funcionarios de la Secretaria de Seguridad de Lanús, y sostuvieron que el niño fue “secuestrado” unos días antes de la emisión y “amedrentado y coaccionado” para prestarse al reportaje.