La composición de la Corte Suprema de Justicia que todavía perdura hasta que se haga efectiva la renovación activada por Maximiliano Pullaro dejó ayer como despedida un fallo que sacudió el ya sacudido tablero del mega default de la cerealera Vicentin y sus consecuencias: por 4 votos a 1, derribó el plan de pagos a acreedores que había propuesto el directorio con la venia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista, y dejó la salida del entuerto en manos de un tribunal menos cercano al influjo del pool exportador en su pago chico: la Cámara de Apelaciones de Rafaela. 

La acción del máximo tribunal provincial responde a un planteo de inconstitucionalidad que hizo uno de los acreedores –la acopiadora Commodities, del grupo Grassi–, le quita de las manos el control al directorio, abre el juego y encauza la salida del concurso a un escenario de salvataje, la figura llamada "cramdown". 

De esta manera, la forma en la que se defina cómo Vicentin tendrá que pagar a sus acreedores ya no es decisión unívoca de su directorio sino que se abre a otras propuestas de terceros superadoras y que aseguren de alguna manera la continuidad de la fuente laboral y la explotación del negocio.

La resolución del planteo llegó a pocos días de que concluyan los contratos de fasón con los que se mantiene la actividad en las plantas de Vicentin. Y supone un cambio de planes en la perspectiva de tres jugadores fuertes, ACA, Bunge y Viterra, en su proyecto de quedarse finalmente con el patrimonio del gigante concursado.

El tironeo viene desde junio de 2024, y en el marco del ajetreado concurso de acreedores iniciado tras el default en diciembre de 2019. Vicentin propuso un plan de pagos que la mayoría de acreedores aceptó. Commodities SA y otros acreedores lo rechazaron porque entendían que a ellos la propuesta del directorio implicaba una quita de hasta el 80 por ciento de la deuda en default. Así fue que el juez de primera instancia Fabián Lorenzini rechazó la homologación del concurso. Entonces la empresa con base en Avellaneda apeló a la Cámara de Reconquista y obtuvo el OK. La acreedora acudió a la Corte, y así llegó este martes el fallo que derriba de manera definitiva la chance unilateral de Vicentin.

El fallo convalida el planteo de quienes impugnaron la propuesta de la empresa. Entiende que "Vicentin ofreció un pago igualitario de U$S 30.000 a todos los acreedores sin distinción" y que estos, "con sumas idénticas o inferiores al monto referido conseguirían la satisfacción de la totalidad de sus créditos en un único pago; mientras que aquellos que cuentan con acreencias mayores padecerían una quita sustancial, percibiendo (en cuotas) en muchos casos no más del 15 % (quince por ciento) neto en doce años". Y consideró, además, que la propuesta del directorio era injusta para los de mayores acreencias. "Existe una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre aquellos acreedores que no percibirían el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 días de la homologación del acuerdo", observó. 

Por todo eso, en un profuso veredicto de 112 páginas, la Corte dispuso: "Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado, y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo", dice el fallo firmado por Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco. María Angélica Gastaldi votó en disidencia.

La resolución fue divulgada ayer por el abogado que patrocinó el recurso de inconstitucionalidad, Gustavo Feldman. El letrado publicó en redes sociales que el veredicto del máximo tribunal "extirpa del mundo jurídico la resolución amañada de la Cámara de Reconquista que acogió la propuesta ignominiosa de Vicentin".

Ahora queda abierta la posibilidad a otros acreedores, empresas privadas, cooperativas o al Estado incluso –como amagó el gobierno de Alberto Fernández en 2022– de proponer planes de cancelación de deudas y toma de control de la empresa defaulteada. En resumen, es la forma que queda de evitar la quiebra de la agroexportadora.