La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento y cierre de la causa contra los seis trabajadores y referentes gremiales, por sus presuntas participaciones en los disturbios frente a la Legislatura santafesina, durante el debate de la reforma previsional. Desde la defensa adelantaron que apelarán la decisión y cuestionaron irregularidades en el proceso, así como también la violación de las garantías constitucionales de los imputados. “Vamos a preparar el recurso y lo vamos a presentar ante la Cámara, porque consideramos que están más que fundadas las invalidaciones que planteamos ante la jueza de primera instancia”, adelantó Gabriela Durruty, parte del equipo de abogados defensores. “Entendemos que esto se hizo de manera desmedida, desproporcionada y, fundamentalmente, de forma ilegal”, añadió.

A mediados de noviembre del año pasado, la policía santafesina irrumpió en los domicilios de seis trabajadores y dirigentes gremiales, en una serie de allanamientos motivados por la investigación que buscaba determinar responsabilidades por los disturbios en la Legislatura provincial. 

Los señalados por la Justicia fueron los docentes Franco Casasola y Román González, de la comisión directiva de Amsafé Rosario; Diego del Castillo, delegado; Maximiliano Molina, de la CTA Autónoma de Rosario; Daniel Vázquez, trabajador estatal recientemente despedido del área de Niñez; y Mauro Corna, delegado de Festram, en la localidad de Teodelina.

Los familiares, acompañados por los gremios, denunciaron públicamente que los allanamientos se dieron de forma violenta, en algunos casos rompiendo puertas y amenazando a los presentes en los domicilios con armas de fuego. Las seis personas fueron trasladadas a Santa Fe donde pasaron la noche detenidas y fueron imputadas. Con su liberación se abrió una causa que se mantiene hasta el día de hoy. 

Ayer tuvo lugar una nueva audiencia en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Santa Fe, donde la defensa planteó el sobreseimiento de los imputados, denunciando una serie de irregularidades procesales. Sin embargo, Susana Luna, la jueza que instruye en la causa, rechazó el pedido. El equipo de abogados adelantó que apelará esa decisión.

“Hicimos planteos invalidantes, porque entendemos que se violentaron garantías basales del Estado de Derecho. Planteamos la nulidad tanto de la orden de allanamiento, como de la orden de detención, como de los secuestros de los teléfonos”, explicó Durruty, en diálogo con Rosario/12. “Nosotros planteamos que se tiene que sobreseer a todos los imputados, porque el Estado tiene una oportunidad para investigar. Si no lo hace bien, no te puedo volver a investigar. Y nosotros sostenemos que las garantías procesales y de fondo, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad, a la protesta, estuvieron todos violentados”, añadió.

Uno de los puntos que cuestiona la defensa es el “secuestro inmotivado” de los celulares de los imputados. Pero a eso se le suma un pedido para acceder a las redes sociales de las entidades gremiales. “En otro hecho gravísimo han solicitado a la empresa Meta el acceso a contraseñas y mensajes de las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) de Amsafé Provincial, Amsafé Rosario y ATE Rosario como si se tratara de organizaciones criminales y violentando la libertad sindical”, detallaron las organizaciones en un comunicado difundido esta semana.

“Nos pareció especialmente grave el hecho de que la misma jueza que intervino en la audiencia imputativa y que se presentó claramente manifestando que no conocía nada en la causa, porque se iba a exponer en esos momentos los motivos de la imputación; cuando tomamos contacto con el legajo de prueba, nos encontramos con que había firmado un mes antes un oficio ordenando a Meta que se intervengan las redes sociales de las organizaciones sindicales”, detalló Durruty sobre ese episodio. 

Según explicó la abogada, se solicitaban informes sobre los cambios de claves e incluso de diálogos por privado que tuvieran los representantes gremiales con los afiliados. “Para poder autorizar esta intervención, la jueza tuvo que aceptar la hipótesis fiscal y después se presenta la audiencia imputativa”, explicó y agregó: “Más allá de que la medida en sí es inconstitucional porque no tenía ningún tipo de relación acreditada con el objeto investigado, que son los daños y disturbios, nos parece que la imparcialidad se ve afectada y eso nos resulta inaceptable”.

Pese al planteo de la defensa, la Justicia no hizo lugar y la causa continúa. Por lo que el equipo de abogados adelantó que apelarán la decisión. “Vamos a recurrir todas las nulidades rechazadas. Parcialmente sí se nos hizo lugar a una de las nulidades, que tiene que ver con poner un límite de tiempo a la extracción de datos, tanto de las redes como de los teléfonos. Pero vamos a apelar todo porque entendemos que el proceso entero se basa en violaciones a garantías fundantes”, sostuvo Durruty y agregó: “Hay una persecución ideológica que es inaceptable a estas alturas. Nosotros vamos a seguir ascendiendo, hasta los estrados internacionales si es necesario, para plantear estas cuestiones”.

 

Desde la defensa remarcan que se trata de un conflicto laboral y gremial, que goza de la protección de los tratados internaciones, pero que el accionar de la Justicia responde a un criterio de “criminalizar la protesta”, desoyendo la tradición jurídica del país. “Vamos a preparar el recurso y lo vamos a presentar ante la Cámara, porque consideramos que están más que fundadas las invalidaciones que planteamos ante la jueza de primera instancia”, remarcó la abogada. “Entendemos que esto se hizo de manera desmedida, desproporcionada y, fundamentalmente, de forma ilegal”, finalizó.