La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió a la jueza de Garantías Ada Zunino que se eleve a juicio la causa contra 27 personas que están imputadas por un fraude cometido con la financiera ilegal Ríos & Asociados SA. En el grupo de imputados hay 13 miembros de la Policía de la provincia.

La fiscal Salinas Odorisio afirmó en el pedido de juicio que está suficientemente acreditada la existencia de los delitos imputados de "estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados", en un total de 849 hechos, así como la responsabilidad penal de las personas imputadas. 

La financiera funcionaba en un local ubicado en la Avenida Bicentenario al 1330 de la cuidad de Salta y cobró notoriedad en los primeros meses de 2022, debido a la concurrencia masiva de personas durante todo el día, y hasta se comentaba públicamente que miembros de la Policía y el Servicio Penitenciario provincial estaban realizando importantes inversiones.

En la investigación se determinó que estas persons entregaban sus vehículos o comprometían sus sueldos con préstamos personales para invertir, con la promesa de que iban a obtener una ganancia cuantiosa, cuyo periodo de inversión y margen de ganancia se presentaba como insuperable, comparado con las tasas oficiales.

Este es el detalle de las acusaciones y de las personas para las que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos pidió juicio. 

Cynthia Elizabeth del Valle Moya, acusada por estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal y en calidad de jefa organizadora del delito de asociación ilícita.

Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, por estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos) y asociación ilícita. 

Javier Maximiliano Juárez, por estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), y asociación ilícita.

Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, por asociación ilícita y abuso de autoridad.

María Eugenia Espinosa, por asociación ilícita y peculado.

Alberto Sebastián Giménez, asociación ilícita.

Nidia de los Ángeles Valdéz, por encubrimiento por ocultamiento de dinero,agravada por su condición de funcionaria pública.

Emanuel Jonathan Pardo Tárraga, por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condición de funcionario público.

Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta, por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con ánimo de lucro.

Asimismo, la fiscalía solicitó que se declare la rebeldía de Melisa del Valle Maciel, que no compareció ante la fiscalía y no pudo ser localizada.

Connivencia para estafar 

La fiscalía sostuvo que la financiera Ríos & Asociados SA, a través de Cynthia Moya, Alejandra Párraga, Cristina Laguna, Ana Párraga, Efraín Hernando, Gustavo Hernando, Martín Espejo, Sergio Ramos, Zulma Correa, Eduardo Chocobar, Elizabeth Leal, Lucas Laguna, Alicia Martín y Leonardo Hernando, "actuó en connivencia, con una distribución de tareas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura". 

La financiera ofrecía participar en inversiones que prometían importantes ganancias en corto plazo, para ello afirmaba que operaba en el mercado bursátil y con criptomonedas, entre otros instrumentos financieros..

Según señaló la fiscalía, para concretar la maniobra fraudulenta, las persons ahora acusadas suscribían un contrato de inversión por cada operación, aparentando legitimidad con la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento utilizado como elemento de engaño, inducía a error a las víctimas, y se enmarca en una maniobra estafatoria, sostuvo la fiscalía.

En cuanto a Javier Juárez, acusado por un hecho de estafa y falsedad de instrumento privado, la fiscalía reseñó que el denunciante, un conocido del acusado, contó que Juárez le comentó respecto a la financiera y lo acompañó a vender su vehículo para que entregara el dinero obtenido. En este caso el vínculo con la financiera y con Cynthia Moya quedó acreditado mediante 18 contratos registrados a su nombre, entre febrero y marzo de 2022.

En cuanto a la acusación por abuso de autoridad contra Fabricio Nieva, Guillermo Nieva, Justino Reynaga, Edgardo Velazco y Humberto Rodríguez, es porque como policías prestaron servicios de seguridad a la financiera. La fiscalía destacó que durante el período de funcionamiento de la falsa financiera, un grupo de policías cumplió funciones de seguridad en el local de la Avenida del Bicentenario "sin cumplir con la normativa vigente para la prestación del servicio adicional de seguridad".

María Eugenia Espinosa era jefa de la División Cobranza y Adicionales de la Policía de Salta, y la acusación por peculado en su contra es porque "sustrajo caudales estatales al rendir una suma inferior a la realmente percibida. Para ello, generó nuevos recibos, causando un perjuicio patrimonial al Estado provincial".

Otros dos policías están acusados por colaborar con los participantes en la financiera. Es el caso de Nidia Valdéz, que era jefa de Operaciones de la Unidad Regional N° 3 de Metán, acusada por encubrimiento por ocultamiento de dinero, y de Emanuel Pardo Tárraga, acusado por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, porque habría revelado detalles de las medidas ordenadas por el Tribunal interviniente.

Y Juana Gorriti, Hugo Moya Gorriti y Antonio Acosta están acusdos por encubrimiento por "ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro".

El esquema Ponzi

La fiscalía explicó que la maniobra de la financiera "configura una estafa piramidal, cuya metodología consiste en ofrecer altos retornos en corto plazo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, dando apariencia de que el negocio es rentable y quedarse con un gran volumen de dinero". 

El sistema funciona al principio y se va cumpliendo con los pagos acordados, hasta que dejan de ingresar nuevas víctimas. En ese momento, el esquema colapsa, ya que nunca existió un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias. Esto se conoce como una estafa bajo el Esquema Ponzi. Por lo general, estos esquemas requieren una inversión inicial y prometen rendimientos superiores al promedio ofrecido en la plaza financiera.

La investigación del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó que la constitución de 849 contratos permitió a los ahora acusados obtener un total de $513.318.730 y 510.131 dólares. Una parte de ese dinero fue usado para comprar vehículos de alta gama y otros elementos.