El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta comenzará mañana a juzgar al ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, por una de las causas penales que arrastra desde 2013 (la otra está radicada en la justicia provincial). 

En la Justicia Federal Villalba está acusado por el delito de "traslado de personas con fines de explotación sexual", previsto por el artículo 145 bis del Código Penal, y por el que lo acusa el fiscal general Eduardo Villalba. 

Este debate iba a empezar en realidad el viernes pasado, pero los dos abogados de Villalba no podían asistir por lo que el Tribunal, integrado para este caso por Gabriela Catalano, Domingo Batule y Alejandra Cataldi, le asignó un defensor oficial que a su vez pidió tiempo para estudiar el expediente, por lo que se fijó que el viernes 21 de febrero comenzará el debate en esta causa en la que hay otros cinco imputados por trata de personas con fines de explotación sexual. 

En la Justicia provincial ex jefe comunal iba a comenzar a ser juzgado el pasado lunes, por la acusación de peculado que arrastra también desde 2013. Sin embargo, este proceso se suspendió porque su abogado, Carlos Iriarte, presentó un certificado de enfermedad. Se anunció que iba a empezar el martes pero ese día se informó que el defensor presentó un nuevo certificado médico pidiendo que se suspendiera nuevamente. Entonces la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, integrada por la jueza Soledad Rodríguez y los jueces Ricardo Martoccia y Reinaldo Burgos, dispuso que fijará una nueva fecha de audiencia.

Así las cosas, sin fecha de inicio del juicio en la justicia salteña, Carlos Villalba enfrentará primero el debate en el Tribunal Federal. 

De hecho, al ex intendente esta acusación le viene generando más inconvenientes que la de peculado. Ya venía denunciado por delitos referidos a presuntas irregularidades en su gestión pública, cuando fue detenido el 15 de agosto de 2013 en un allanamiento en el marco de una investigación de una red de trata de personas para la explotación sexual. El escándalo provocó que la Legislatura lo destituyera. 

En esta causa están acusados Margarita Marisel Llanes, Mercedes Baigorria, Roberto Quintian y Ramírez, Nancy Viviana Gómez y Francisco Marcelo Russo por un combo de delitos: "promoción de prostitución, en concurso real con el delito de facilitación de lugar para ejercer la prostitución, agravado por la vulnerabilidad de la víctima, en concurso real con los delitos de captación con fines de explotación sexual, en concurso real con el delito de explotación económica de la víctima, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima". 

La organización fue descubierta por varias investigaciones, una de ellas, de la AFIP, que había detectado en algunas de estas personas un gasto que sobrepasaba con sus ingresos declarados. En el marco de esta investigación en agosto de 2013 se hicieron seis allanamientos en la ciudad de Salta, en tres bares o locales nocturnos y en tres viviendas particulares. 

El ex intendente Villalba quedó involucrado inicialmente porque estaba en el domicilio de Marisel Llanes cuando se hizo el allanamiento ahí. Además, había otras dos jóvenes que ejercían la prostitución en esa casa, donde también Llanes se prostituía. 

Luego Llanes declaró que el ex jefe comunal era su cliente desde hacía unos tres años y contó el hecho exacto por el que quedó acusado: la noche anterior Villalba había ido a buscarla, a ella y a otras dos mujeres que se prostituían trabajando para ella, a San Salvador de Jujuy. "Villalba desplegó dicha conducta efectuando un aporte a la actividad de explotación de seres humanos en beneficio, en este caso, de 'Marisel', en cuyo domicilio trabajaban para ella mujeres ejerciendo la prostitución", sostuvo el fiscal Villalba en la acusación. La declaración de Llanes fue ratificada por los testimonios de las otras dos mujeres. 

En su descargo, el entonces intendente aseguró que mantenía una relación con Llanes y que jamás la transportó con fines ilícitos sino en virtud de la relación que los unía. 

Marisel Llanes; Mercedes Baigorria y su esposo Roberto Quintian y Ramírez, propietarios del bar “El Quijote”; Nancy Viviana Gómez y Francisco Russo, encargados del local “Terra Nostra”, están acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que tenía conexiones en Chile, Bolivia y Brasil. La fiscalía sostiene que atraían a mujeres jóvenes "aprovechando su situación de vulnerabilidad". En los seis allanamientos se rescataron 34 víctimas.