El 8 de diciembre de 2024, militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador se llevaron en una camioneta a Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), cuatro niños afroecuatorianos de Las Malvinas, un barrio popular del sur de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este hecho fue denunciado por los padres y madres de los niños, quienes lo corroboraron en un video grabado por cámaras de vigilancia, el cual forma parte del proceso penal que se está llevando por desaparición forzada. Además, este video fue difundido el 23 de diciembre de 2024 en la Sesión No. 993 del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para conocimiento público.
Paralelamente al proceso penal, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-Gye) patrocinó una Acción de Hábeas Corpus, cuya sentencia escrita fue dictada el 31 de diciembre de 2024, declarando la desaparición forzada y disponiendo la búsqueda inmediata de los cuatro niños. Asimismo, se ordenaron otra serie de medidas reparativas, entre las cuales se encuentra que el Ministerio de Defensa realice un acto público de reconocimiento y disculpas públicas sobre los hechos.
El 31 de diciembre también fue el devastador día en el que se conoció públicamente que cuatro cuerpos calcinados que fueron hallados días antes cerca de una base militar en Naranjal —una ciudad que queda a más de una hora de Guayaquil—, correspondían a Ismael, Josué, Nehemías y Steven.
El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no cumplió con la orden judicial de reconocimiento público de los hechos. En su lugar, el 6 de enero de 2025 realizó una cadena nacional de aproximadamente 5 minutos, en la que únicamente dedicó 10 segundos para dirigirse a las familias de los niños, diciendo que “siente mucho lo acontecido”. El resto del tiempo lo utilizó para negar la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos y comunicar que llegarán “hasta las últimas consecuencias” para sancionar a la jueza que declaró la desaparición forzada.
El presidente Daniel Noboa también ha evadido responder por los hechos suscitados, yendo desde ofrecer inicialmente declarar a los niños como héroes nacionales —cuando el pedido de las familias era su búsqueda y retorno— hasta evitar disculparse públicamente en múltiples ocasiones. Incluso, en el Debate Presidencial 2024 se le confrontó directamente a través de una pregunta para que reconociera los nombres de los cuatro niños y decidiera si iba a pedir disculpas públicas. Noboa decidió, una vez más, evadir disculparse, respondiendo que “no hubo ninguna pregunta ahí”.
Asimismo, también se ha evadido el reconocimiento de que la desaparición forzada de los cuatro niños se dio en el contexto de la declaratoria de Conflicto Armado Interno (CAI) mediante Decreto Ejecutivo No. 111, dictado el 9 de enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa. Mediante esta declaratoria, se encargó a las Fuerzas Armadas las funciones de orden público y seguridad interna, lo cual hace parte de un plan de securitización que promueve la militarización nacional, con especial énfasis en las zonas costeras, que son las más afectadas por el crimen organizado por su cercanía con los puertos marítimos. Esto ha resultado en un plan fallido e incongruente en el desmantelamiento del crimen organizado, lo cual fue advertido oportunamente por organizaciones sociales de derechos humanos. Tan solo enero de 2025 resultó ser el mes con más muertes violentas en la historia de Ecuador desde que existen registros. Asimismo, existen al menos 27 víctimas de desapariciones forzadas identificadas desde la declaratoria del CAI.
En lugar de invertir los recursos necesarios para coadyuvar a la justicia y reparación de este caso, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas han desplegado toda una campaña racista de criminalización hacia los niños y sus familias. A continuación, se analiza la coherencia jurídica de la información comunicada públicamente por:
- Gian Carlo Loffredo, Ministro de Defensa en una entrevista con Radio Centro publicada en ese medio el 26 de diciembre de 2024;
- Dos militares no identificados en una entrevista con La Posta publicada en este medio el 26 de diciembre de 2024;
- Jesús López, abogado de los militares involucrados en la desaparición forzada, en una entrevista con La Posta publicada en este medio el 27 de diciembre de 2024; y,
- Jesús López, nuevamente, en un video publicado desde su cuenta de Tiktok @abjesuslopez el 18 de febrero de 2025.
Lo que ha dicho el gobierno I:
Gian Carlo Loffredo: “¿Si fuera un hijo suyo el que es aprehendido, ustedes reciben una llamada, y les dicen, su propio hijo, que los militares los soltaron, y que están prestando un teléfono, para encontrar a sus hijos en dónde pondrían ustedes todo el enfoque: ¿en la última persona que estuvo con sus hijos o en las personas que su propio hijo les dijo que los soltaron?”.
La realidad I:
Al no haberse llevado a cabo el procedimiento legalmente previsto en la detención de los cuatro niños, se configura una detención arbitraria, la misma que, de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución de la República, es de responsabilidad del Estado:
“Art. 11.- (…) El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”.
Lo que ha dicho el gobierno II:
Militares: “Por el sector del Mall del Sur, no sé bien las calles porque no soy de Guayaquil, en una esquina, la gente empieza a decir que están robando. Nosotros nos bajamos de la camioneta a verificar lo que pasaba, y efectivamente vimos las sombras de personas que salían corriendo. Los primeros que se bajaron pudieron observar a una chica que la tenían agarrada del cuerpo y las otras personas sacándoles sus prendas, celulares y la cartera. Al ver la presencia militar, ellos corren. Ellos logran neutralizarlos y le entregan a la señorita la cartera”.
La realidad II:
De acuerdo con la intervención de la Fiscalía General del Estado en la audiencia llevada a cabo dentro de la Acción de Hábeas Corpus, no existen pruebas de que haya existido un robo a las horas y en el lugar de los hechos que declaran los militares.
No existe ninguna denuncia, parte o bitácora policial, o imagen de video verificada que respalde esta afirmación. En sus declaraciones, los militares incluso han hecho referencia a un “populacho” alarmado por el robo, sin embargo, no existen pruebas testimoniales (testigos) verificadas sobre esto.
Esta narrativa en la que insiste el gobierno se centra en explotar una de las prácticas racistas más crueles hacia las poblaciones afrodescendientes: el perfilamiento racial. A través de este estereotipo racista, se tiende a asumir injustamente que todas las personas afrodescendientes somos criminales únicamente por la racialización que nos atraviesa.
Lo que ha dicho el gobierno III:
Militares: “No tenían documentos, no tenían ningún tipo de identificación. En ningún momento ellos nos dijeron su edad, nombres, no quisieron decir nada, y eran hasta un poco más altos que nosotros, entonces en ningún momento daban la apariencia de niños”.
Jesús López: “En este momento sabemos que son menores de edad. Cuando actuaron los señores militares, ellos no tenían ese conocimiento. Tiene que tener en cuenta las estaturas de las personas. El comandante de patrulla mide aproximadamente 1.70 e indicó que la persona que les solicitó que le liberen le superaba en esas estatura inclusive. Entonces, como no habían documentos de identificación, es imposible que en ese momento los señores militares sepan la edad de las personas”.
La realidad III:
De acuerdo con el artículo 5 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: “Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años”.
Sin perjuicio de que ninguna persona debe ser detenida arbitrariamente, por principio de presunción de edad, al desconocer su edad, lo correspondiente en derecho era presumir que se trataba de niños o adolescentes.
Esta narrativa de criminalización racista que intentó instaurar el gobierno se conoce como sesgo de adultificación: una práctica por la cual niños, niñas y adolescentes son tratados como adultos basados en sus características étnicoraciales, de género, socioeconómicas, entre otras. Esta práctica afecta principalmente a infancias negras y afrodescendientes, quienes tienden a ser despojadas del reconocimiento de su infancia y, por tanto, su situación como grupo de atención prioritaria.
Lo que ha dicho el gobierno IV:
Militares: “Nosotros fuimos a entregarlos al Km. 26 porque, como le digo, nosotros no somos de la ciudad de Guayaquil como tal. Nosotros vamos a entregarlos al Km. 26, al UPC que es el más cercano a nuestra unidad, es el que conocemos, y por procedimiento es donde hemos entregado sea material de sustancias sujetas a fiscalización, armas o cosas así”. Los militares afirmaron que una vez en Taura se encontraron con un árbol caído en la carretera y pidieron a los niños que los ayuden a moverlo: “Estas personas aprehendidas piden que se los deje ir, que no van a volver a hacerlo. Después de eso se dejó a esas personas que fueron aprehendidas por un robo”.
El artículo 77 de la Constitución de la República establece que:
“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:
6. Nadie podrá ser incomunicado.
Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios”.
Detener a una persona sin seguir los procedimientos legales correspondientes, dejarla en medio de una carretera en horas de la noche, a kilómetros de distancia del lugar en el que fue detenida, sin ser devuelta a su hogar o, en su defecto, puesta a disposición de las autoridades competentes, y sin informar sobre su paradero, contraviene con esta prohibición de incomunicación como garantía del debido proceso, lo cual constituye elemento clave de la desaparición forzada. Esto es así, indistintamente de si eventualmente fueron liberados o no.
Al tratarse de niños, niñas y adolescentes, la situación se agrava porque son un grupo de atención prioritaria de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución de la República. Aun si la narrativa criminalizante que ha intentado instaurar el gobierno fuese cierta, los hechos que dan cuenta de la desaparición forzada no varían, toda vez que, de acuerdo con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (norma aplicable a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal), los niños encontrados cometiendo una infracción deben ser devueltos a sus representantes legales o a una entidad de atención, mientras que los adolescentes deben ser puestos a disposición de la unidad o agentes policiales más próximos para que estos a su vez los pongan a disposición de una Fiscalía Especializada de Adolescentes Infractores. En su lugar, los militares decidieron llevarse a los niños a kilómetros de distancia de donde los detuvieron, e incomunicarlos.
Lo que ha dicho el gobierno V:
En una continuidad de esta campaña racista, el 18 de febrero de 2025, Jesús López ha indicado lo siguiente: “¿Querían pruebas de que los 16 señores militares actuaron en presunto delito flagrante el 8 de diciembre del 2024? Pues las pruebas van apareciendo. Miren el siguiente video”.
Mientras se reproduce el video, agrega: “La fecha del video es del mismo 8 de diciembre del 2024, a las 20h31. Observen cuidadosamente debajo del puente, se encuentran dos de los ciudadanos aprehendidos el día 8 de diciembre del 2024, a las 20h41, hora de la aprehensión. Ustedes observan sobre la avenida, a mano derecho que viene un transeúnte, salen los dos ciudadanos que se encontraban debajo del puente, y en la parte de atrás sale otro grupo de ciudadanos que lo empiezan a perseguir. Como es esquivado, uno de los ciudadanos que salieron debajo del puente intentó agredirlo con una patada, y posteriormente retornan a esconderse debajo del puente”.
La realidad V:
La difusión de este video no es ninguna coincidencia. Ocurre a puertas de la audiencia de apelación de la prisión preventiva de los 16 militares que se llevó a cabo el 19 de febrero de 2025 dentro del proceso penal por desaparición forzada. Como parte de su estrategia para desviar la atención de las responsabilidades de los militares, el gobierno continúa vulnerando el derecho la memoria de los niños y sus familias al insistir en criminalizarlos con un video en el que ni siquiera se verificar la identidad de los niños ni se observa robo alguno.
Este video no contrastado, que han puesto a circular masivamente a través de un troll center de la red social X —del que hacen parte incluso periodistas—, da cuenta una práctica común de esta campaña racista del gobierno, por la cual se han encargado de difundir fotos o videos de distintos niños o adolescentes afrodescendientes, sin verificación alguna, identificándolos en los nombres de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. El racismo homogeneiza nuestros cuerpos porque se los lee desde la deshumanización y precisamente el despojo de la identidad personal es uno de los efectos más deshumanizantes del racismo.
La campaña racista con la que continúa insistiendo el Gobierno Nacional busca distraer nuevamente de lo importante: los agentes del Estado que participan en la detención de una persona, más aún de niños y adolescentes, están obligados a garantizar la vida e integridad de esas personas. Esto implica la obligación de garantizar su retorno seguro a su hogar o, en su defecto, ponerlos a disposición de autoridades competentes, y de no incomunicarlos.
A más de dos meses de su desaparición, no los
olvidamos. Continuamos exigiendo justicia y reparación para Ismael, Josué, Nehemías,
Steven y sus familias.
*Abogada e investigadora sociojurídica afroecuatoriana. Especializada en derechos humanos, relaciones de género y relaciones étnico-raciales afrodescendientes.
