La insólita respuesta que dio el Gobierno para esclarecer el escándalo del criptogate en el que quedó envuelto el presidente Javier Milei es “colaborar” con la Justicia e investigarse a sí mismo.

Así lo anunció esta mañana con la creación formal de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en el ámbito del Ministerio de Justicia, a través de la cual pretende recabar información sobre la critpomoneda $Libra.

A través del Decreto 114/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial se instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) a iniciar averiguaciones para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con el uso de ese activo digital en la Administración Pública Nacional.

Según el texto oficial, la medida se toma en el marco de los principios de "publicidad y transparencia en la gestión pública", que permiten que la ciudadanía "ejerza el control democrático de las gestiones estatales" y evalúe si los funcionarios cumplen adecuadamente con sus funciones.

El decreto establece que la UTI tendrá como misión "recabar los elementos relacionados con el criptoactivo $Libra con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal".

Para ello, podrá "requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional", así como solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de otros Estados.

Eso sí, el documento oficial aclara casi de manera infantil que la UTI "no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial".

No obstante, se señala que su labor contribuirá a "dilucidar cualquier irregularidad relacionada” con el escándalo internacional que le quitó créditos a la credibilidad de Milei en todo el mundo.

El documento sostiene generará gastos para el Estado y aclara que se disolverá una vez finalizada su tarea, lo cual pone en tela de juicio el grado de compromiso de esa iniciativa.

El decreto lleva la firma de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos pretenden dar garantías del compromiso del Gobierno con la "transparencia y la honestidad, la lucha contra la corrupción y la eliminación de los privilegios de la clase política".