Tal como se preveía, el oficialismo no consiguió los apoyos necesarios y se suspendió la sesión de mañana viernes para tratar el pliego del juez Ariel Lijo como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia.
El fracaso del mileísmo en su intento de nombrar a un magistrado que había despertado rechazos dentro del propio oficialismo deja al Gobierno con tres opciones: insistir con Lijo, cubrir por decreto una de las vacantes en el máximo tribunal (con el costo político que ello implicaría) o presentar nuevos candidatos.
El Gobierno no logró reunir el apoyo de la oposición de Unión por la Patria (UxP), que cuenta con 34 votos y está dispuesto a bloquear la iniciativa, ni de senadores dialoguistas. Para que el pliego avance se necesitan dos tercios de la cámara, pero su nombre recibió cuestionamientos hasta de los legisladores propios.
El plan B del Gobierno
Ante la derrota prevista, el oficialismo dejó trascender en las últimas horas otros nombres para reemplazar la candidatura de Lijo.
Uno de ellos es Ricardo Ramírez Calvo, un hombre ligado a Manuel García-Mansilla, el otro candidato que había presentado el Gobierno.
Otro de los jueces de Milei es Ricardo Manuel Rojas, un jurista afín al ideario de La Libertad Avanza y que había rechazado el puesto de Procurador del Tesoro, tras el desplazamiento de Rodolfo Barra.
Tal como informó este diario, Carlos Laplacette sería el candidato del consenso. No despierta pasiones en los sectores más radicalizados del oficialismo, pero sí es considerado como una opción pragmática y confiable.
El otro candidato es Alberto Bianchi, un hombre de perfil conservador y cercano a Santiago Castro Videla, el Procurador del Tesoro. Es atractivo para aquellos que buscan una figura menos polémica en el juego judicial.
