El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, inició una campaña de “limpieza” de los trapitos y personas en situación de calle que le valió una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El jefe comunal acusó un intento de destitución. 

"No tenemos ningun ánimo de destituir a nadie", dijo a Buenos Aires/12, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, reveló que el tema "sigue agravándose", por lo que el organismo decidió ampliar la denuncia. 

La entidad que comanda el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, desde hace 25 años brega por los derechos humanos, especialmente en contextos de encierro o de intervención estatal denunció penalmente a Montenegro por "apología del delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público", en tanto que tildaron a los empleados de la Patrulla Municipal de conformar un "grupo paraestatal".

Asimismo, envió un documento al Concejo Deliberante de la ciudad costera. Ahora, ampliaron la denuncia al tiempo que le recordaron al alcalde del PRO que "no pueden existir los 'sheriff' ni los 'llaneros solitarios' o los 'justicieros' en la institucionalidad de nuestro país". 

"Elevamos casos de la Patrulla Municipal más graves porque actúan en la noche, sin identificación y golpean gente en situación de calle", marcó. En respuesta al intendente, aseveró que desde la CPM "solo queremos que cumplan las leyes y respeten los derechos humanos".

El referente de derechos humanos pidió "que deje de arrogarse atribuciones que no le corresponden y denuncie los delitos que cumplen los subordinados", al tiempo que recordó que desde el organismo hicieron presentaciones similares en distintos municipios, sin distinción del partido político al que pertenezca el intendente, como así también denunciaron el accionar de miembros de la Policía bonaerense.

"Trata de generar en las redes un efecto, es grave lo que dice porque habla de una 'extinción', es la idea de hacer desaparecer a los organismos de derechos humanos. La CPM es un organismo autónomo y de hecho presentamos la violación de derechos humanos que comente la Bonaerense, el Servicio Penitenciario Bonaerense o los organismos de niñez provinciales. Se denuncian las violaciones de todos los sectores", sentenció.

En relación a la presentación en el deliberativo local, señaló no haber tenido respuesta al momento y que incluso tardó varios días la nota en tener ingreso. "Es lo que nos corresponde hacer. Por ahora no hemos visto réplicas de esto en otros distritos, aunque hay intendentes que quieren tener su propia fuerza, no es una idea novedosa pero la ha extremado", cerró.

En una última declaración, la CPM aseveró que "no persigue funcionarios ni desestabiliza gobiernos", por lo que volvió a subrayar que "no puede un funcionario hacer lo que le parezca para resolver un problema de la comunidad, debe hacerlo conforme a la ley". 

"No estamos en el far west, estamos en un país que le ha constado mucho llegar a la democracia", sentenciaron desde el organismo.

“Su extinción está cerca”

El intendente de Mar del Plata no se quedó callado y salió a responder con un durísimo mensaje, en el que aseguró que el organismo busca su destitución como una suerte de represalia por no haberlo derrotado en las elecciones.

“Se basan en acciones expresadas en la red social X sobre los operativos contra trapitos y fisuras que estamos llevando adelante”, lanzó el jefe comunal, quien agregó que desde el organismo “creen que la clase media es la culpable de todos los males de las verdaderas víctimas a quienes trata de ‘vulnerables’ (los delincuentes)”.

En ese plano, agregó que “el castigo es que nadie cuide ni defienda ante a la ley a quienes se portan bien, pagan sus impuestos, trabajan, llevan a sus chicos a la escuela, preparan la comida todos los días”, en tanto que argumentó que la Patrulla Municipal “agarró prófugos de la Justicia y eso les molesta”.

“Yo lo celebro, y eso les molesta el doble. Esto no es casualidad, es un modus operandi que intentan replicar en todos lados”, sentenció el alcalde. “Lo que no pueden ganar en las urnas, en las calles o en la voluntad de la gente, lo intentan forzar con una destitución. Están desesperados”, fustigó para cerrar con un demoledor mensaje: “Saben que su extinción está cerca”.

El intendente recibió el respaldo del presidente del PRO en la Provincia, el diputado nacional Cristian Ritondo, quien dejó un mensaje a Montenegro. “Cuando uno da la lucha contra la inseguridad, nunca faltan los que se ponen del lado de los delincuentes. Por suerte cada vez son menos. ¡A fondo, Guille!”, marcó.

Del mismo modo se expresó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien dio su “apoyo a un intendente que cuida a su ciudad y a sus vecinos y busca frenar el delito y la marginalidad”.

En la Legislatura, los bloques del PRO y La Libertad Avanza en el Senado presentó un proyecto de declaración expresando el “repudio por la persecución injustificada de la Comisión Provincial por la Memoria al intendente Montenegro”.

Según el texto, la presunta persecución se genera “por mantener el orden social y garantizar la seguridad ciudadana, emprendiendo acciones concretas contra individuos que se encuentran prófugos de la justicia, y constituyen una amenaza constante para los vecinos de dicho municipio”.

Qué dice el documento que elevó la CPM al Concejo

En el documento enviado el 7 de febrero, la CPM describió haber “visto imágenes en los medios de comunicación e incluso material audiovisual difundido por el propio Intendente en su cuenta de X, que ponen en evidencia la violencia física y psíquica, las amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad, ejercidas por agentes de la Patrulla Municipal contra personas vulnerables”.

En esa línea, aseguraron que estas acciones constituyen delitos penados por el Código Penal, al tiempo que acusaron al jefe comunal del PRO de incumplir con su obligación de denunciar estas conductas de sus funcionarios públicos. Asimismo, sumaron que la Patrulla Municipal violó la normativa vigente, por llevar a cabo acciones que son propias y exclusivas del Estado provincial y sus fuerzas de seguridad como detener personas y utilizar armamento para el que no está habilitada.

“Solicitamos la intervención del Concejo Deliberante para que conforme sus atribuciones, realice todas las acciones tendientes a revertir la situación antes señalada e investigue y de corresponder sancione al intendente”, cerró la misiva.

En las imágenes se pudo ver al personal municipal a los gritos, empujones y golpes con personas en situación de calle o “trapitos”, como también la quita de sus pertenencias como colchones.