Luego de que pidieran su recusación por negarse a investigar la muerte de Sofía Fernández -una mujer trans encontrada con signos de tortura en una celda de la Comisaría 5ta. de Derqui, en el partido bonaerense de Pilar- bajo el agravante de odio por su identidad de género, así como conceder la detención domiciliaria a nueve de los 10 policías acusados en el caso, en noviembre pasado, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro decidió mantener en su cargo al juez Walter Saettone, del Juzgado de Garantías Nº 7 de Pilar.
La muerte de Fernández fue reportada inicialmente como un suicidio, pero en la investigación, hay indicios que hacen sospechar a su familia y a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que se trató de un asesinato. De reunir las pruebas, los policías podrían ir a juicio en mayo.
Fernández era docente de Lengua y Literatura y hubiera cumplido 40 años el 30 de enero de este año. El 7 de abril de 2023 fue detenida en un proceso irregular que la justicia todavía no esclarece. La Policía de la Provincia de Buenos Aires dijo que su muerte se trató de un suicidio, pero Hernan Gastón Junod, director de la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y perito aportado por la familia de Fernández, señaló que ella presentaba golpes en la cara, tenía dos costillas rotas y también restos de colchón y de una bombacha en la garganta. “Nunca vi un suicidio de estas características”, dijo, según consta en el expediente judicial del caso al que Soy tuvo acceso.
Fernández vivía en el mismo terreno que su hermana Mabel, donde tenía su propia casa, en Pilar. Mabel relata que el día de la detención de Fernández, un sábado, estuvo charlando con ella hasta las 2 de la madrugada, ya que llegó a visitarla a su casa. Luego, Fernández volvió a la suya y ya no supo de ella, sino hasta las 3 de la tarde de ese día, cuando dos policías le avisaron que estaba detenida. Uno le dijo que habían encontrado a Fernández perdida en la calle, según Mabel, y el otro que estaban averiguando sus antecedentes penales, pero no le dieron la dirección de la comisaría donde la tenían detenida. La madrugada del lunes, Mabel recibió la visita de una psicóloga municipal de Pilar, quien, dice, le informó que su hermana se había suicidado en la comisaría 5ta. de Derqui.
Buscan justicia
Mabel ya no volvió a ver a Fernández, porque cuenta que le entregaron su cuerpo en cajón cerrado. Desde entonces, la búsqueda por esclarecer qué pasó con Fernández le ha implicado intimidaciones de policías y de personas desconocidas merodeando su casa tras denunciar, cada mes, el caso de su hermana en concentraciones que realiza con vecinos y vecinas frente al Juzgado de Garantías Nº 7 de Pilar; además de endeudarse con un préstamo para pagarle a los peritos y al abogado que la está representando. Por este esfuerzo, casi un año después de la muerte de Fernández, el 1 de mayo de 2024, los 10 policías fueron llevados a la justicia. Tres enfrentan cargos por homicidio y el resto por encubrimiento y falsificación de documentos públicos.
“Nunca he estado en un proceso así y entiendo que son procesos largos. Hay miles de casos que, si quisieran investigarse, ya estarían resueltos. Y los policías ya estuvieran presos, ya hubiésemos tenido juicio”, denuncia Mabel.
El plazo de investigación de este caso termina el 1 de mayo de este año, momento en el que se decidirá si los policías van a juicio. Actualmente, se realizan las pericias indagatorias, entre ellas, una reconstrucción de los hechos que ocurrieron la noche de la detención y posterior muerte de Fernández. En esta participan peritos de la Policía Federal, una pericia que el abogado de Mabel, Ignacio Camillo, pidió que realizara la Gendarmería Nacional o el Ministerio Público, porque se trata de personal policial investigando a otros policías, dice.
En su solicitud de recusación del juez, el abogado señala que Saettone también permitió que los acusados aporten como peritos a personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A esto, Camillo suma que en una audiencia virtual solicitada por Mabel para exponer sus intereses de justicia, una vez que los policías fueron acusados, ella fue expuesta ante los imputados sin su consentimiento.
No reconocen el agravante de odio
El abogado señala irregularidades en el proceso, como que el juez Saettone descartara que hubiese un asesinato motivado por el odio a la identidad de Fernández, basado en que el oficial Carlos Rodríguez -el único detenido bajo el cargo de homicidio y quien supuestamente estuvo solo en la comisaría durante tres horas- tuviera en su teléfono registros de pornografía trans. Esto, de acuerdo con Camillo, le hizo presumir al juzgador que Rodríguez no sentía odio por las personas de la diversidad sexual. Desde 2012, una reforma al Código Penal argentino estableció en el artículo 80 los crímenes con penas agravadas por motivos de odio de género, orientación sexual, identidad y expresión de género de las víctimas.
Además que, agrega el abogado, el fiscal que había sido delegado para investigar la muerte de Fernández también la había acusado de robo el día que la detuvieron. Y que, al momento que él asumió la representación legal de Mabel, en septiembre de 2023, sólo se habían realizado cuatro de los 16 puntos de análisis que contemplaba la autopsia de Fernańdez.
En el proceso participa como parte particular la CPM, entidad derivada del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, la cual da seguimiento a las muertes ocurridas en situación de encierro bajo custodia estatal. Como el caso de Fernández, supuestos suicidios en comisarías bonaerenses, la CPM ha documentado, desde 2012 hasta diciembre pasado, 108 muertes.
Según Federico Schmeigel, de la CPM, Fernández fue hallada alrededor de un charco de sangre y su autopsia fue realizada por la Policía Científica Bonaerense después de casi 48 horas de su muerte, lo que da indicios de una manipulación de la prueba y de posibles pérdidas de evidencias en el cuerpo. De acuerdo con la CPM, los policías procesados son defendidos por abogados de la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, lo que también confirmó a Soy, Fernando Viale, parte del staff de defensores, en agosto pasado.
En este caso, los y las policías acusado son: por homicidio, Rodríguez, Yesica Isabel Nuñez y Edith Viviana Ruíz; y por encubrimiento y falsificación de documentos públicos, Gonzalo Germán Robles, Ezequiel Francisco Ávalos Ybañez, Daniel Eduardo Salerno, Gustavo Grabiel Camacho, Miriam Elizabeth Valor, Gabriela Itati Miño y Camila Belén Pitulak. Soy intentó conversar con Viale, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El defensor de Rodríguez, Francisco Oneto, accedió a charlar.
“Acá no hay ningún elemento que nos permita pensar en un homicidio por razones de odio. Los delitos hay que probarlos y los agravantes también. No darlos por probados y después buscar elementos para recabar”, dice Oneto, quien señala que la CPM tiene un “prejuicio muy fuerte” contra la policía. Para Oneto, su defendido no debe estar detenido, ya que la detención domiciliaria de los demás acusados ha mostrado que estos no representan riesgo en el proceso y tampoco entorpecen las pruebas en la investigación. Sí califica de “extraña” la muerte de Fernández en la comisaría, ya que dice que, en ese momento, ninguno de los policías acusados escuchó ruidos de “lucha o resistencia”.
La investigación de la muerte de Fernández se realiza en un contexto en el que Argentina, gobernada por la ultraderecha, ha retrocedido en derechos humanos. La Libertad Avanza no solo eliminó el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, de donde dependían políticas públicas para las mujeres y la población LGBTIQA+, sino que despidió al menos a 900 personas trans contratadas por la Ley del Cupo Laboral Travesti Trans, aprobada en 2021. Aunque, en 2012, el país aprobó la Ley de Identidad de Género, que reconoce las identidades trans, este colectivo sigue teniendo dificultades para acceder a derechos básicos. De tal forma que, como Fernández, el promedio de vida para las mujeres trans en América Latina es de entre los 35 a 40 años.
