La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) presentó una demanda judicial exigiendo al gobierno de Donald Trump que se cancele la decisión ejecutiva por la cual suspendió la financiación de los programas de asistencia a los refugiados y, de esta manera, la ayuda que diversos organismos de caridad brindan a las personas más pobres y marginadas. El reclamo se hizo ante la Corte del Distrito de Columbia y en la oportunidad los obispos católicos alegan que la medida adoptada por el presidente es "ilegal y perjudicial para los refugiados recién llegados".

La iniciativa legal llega después de que, la semana anterior, el papa Francisco enviara a los obispos estadounidenses una carta  en la que invitó "a todos los fieles de la Iglesia Católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados" y en la que advierte que "el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad e indefensión”.

Ahora, en su reclamo legal, los obispos califican la decisión de Trump como "una acción arbitraria y caprichosa" que "viola múltiples estatutos" y "socava la separación de poderes de la Constitución". Al mismo tiempo se exige al gobierno que mantenga “sus obligaciones legales y morales" con los refugiados mediante el restablecimiento de la financiación necesaria para garantizar que las organizaciones religiosas y comunitarias puedan continuar su trabajo.

El pasado 20 de enero, después de asumir su cargo, el presidente Trump suspendió la financiación del Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP por sus siglas en inglés), una política destinada a la identificación y reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos. El USRAP fue creado por el congreso de los Estados Unidos en 1980 y del mismo participan diez agencias nacionales de diferentes signos religiosos, entre ellas la USCCB, quienes representan legalmente a los refugiados y facilitan su permanencia en el país. Para realizar esa tarea las agencias cuentan con una financiación del gobierno que ahora se encuentra suspendida por la orden ejecutiva de Trump bajo el argumento de que debe revisarse si el reasentamiento de refugiados "es de interés nacional".

Los obispos católicos recuerdan en su demanda que “un auténtico estado de derecho se da en el trato digno que merecen todas las personas, especialmente las más pobres y marginadas”. Y señalan además que “durante casi medio siglo” la Iglesia Católica colaboró con el Departamento de Estado para ayudar a “casi medio millón de personas a encontrar seguridad y construir sus vidas en Estados Unidos”.

Entre otros servicios el Programa brinda asistencia a los recién llegados y al menos por noventa días para cubrir necesidades iniciales tales como obtener una vivienda, matricular a niñas y niños en la escuela y aprender inglés.

En su demanda ante la justicia los obispos señalan que el gobierno ya había comprometido “aproximadamente 65 millones de dólares en financiación federal” a la Conferencia Episcopal para el servicio a los refugiados y ese aporte que fue cancelado “sin previo aviso” y apenas “con una carta superficial de dos páginas”, provocando consecuencias “devastadoras” para los migrantes debido a la suspensión de las asistencias. En la misma presentación la USCCB reclama “millones de dólares en reembolsos pendientes e impagos por servicios ya prestados a los refugiados” a los que se deben añadir “millones más (que se agregan) cada semana”.

Sobre el particular el presidente del episcopado, el arzobispo Timothy Broglio, dijo que "la conferencia se encuentra de repente incapaz de mantener su trabajo para atender a los miles de refugiados que fueron acogidos en nuestro país y asignados al cuidado de la USCCB por el gobierno después de que se les concediera estatus legal".

A su vez, la vocera de la UCCB, Chieko Noguchi, afirmó que la decisión de Trump implica "la suspensión de la financiación para la asistencia a los refugiados que hemos gestionado durante décadas". Agregó Noguchi en una nota que “los refugiados son personas que han sido sometidas a procedimientos especiales de selección e investigación de antecedentes por el gobierno de Estados Unidos y que huyen de las dificultades y la persecución en sus países de origen para reasentarse en los Estados Unidos". Y subrayó que "a lo largo de esta larga colaboración con el gobierno estadounidense, la USCCB ha ayudado a casi un millón de personas a encontrar seguridad y construir sus vidas en Estados Unidos".

En la demanda judicial los obispos católicos recuerdan que la USCCB "dirige el mayor programa no gubernamental de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos" y actualmente atiende “aproximadamente al 17% de los refugiados que se reasientan en este país”. Desde el comienzo del programa en 1980 la Conferencia Episcopal ha brindado apoyo a 930.000 inmigrantes según se consigna en la presentación.

Entre los argumentos se advierte que “la USCCB ha dedicado sistemáticamente (con este fin) más recursos de los que recibe a través de la financiación federal". Al respecto se señala, a modo de ejemplo, que en 2023 “la USCCB pagó 4 millones de dólares más en sus programas de reasentamiento de refugiados y programas relacionados de lo que recibió del gobierno federal". Pese a ello, dicen los obispos, sin financiación del gobierno federal no se podrá dar continuidad a los servicios.

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