La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) advirtió esta semana en el Concejo Municipal sobre el riesgo que implicaría para las industrias y el empleo del sector, y para el conjunto del agro argentino, que prospere la idea del Gobierno nacional de levantar la prohibición de ingreso al país de máquinas usadas. El presidente de la entidad, el rosarino Enrique Bertini, dijo a Rosario/12 que la propuesta, esbozada por el secretario de Transformación del Estado Maximiliano, Narciso Fariña, importa un “riesgo fitosanitario” que puede afectar la producción agrícola, otro vinculado a la fuga de divisas y el lavado de activos (por sobrefacturación) y también “la destrucción de la industria nacional”.

La cuestión central en debate pasa por cambios al régimen del Certificado de Importación de Bienes Usados (Cibu), que el ministerio de Destrucción de Estado que lidera Federico Sturzenegger, busca realizar. Dicho régimen fue establecido en 1994 por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo que dificulta calificarlo como estatista o proteccionista. Fariña dijo en declaraciones radiales que iba a haber modificaciones y dio como ejemplo “un productor que lo que quería es comprar una cosechadora autopropulsada, con dos o tres años de antigüedad, y básicamente lo que es esta normativa, este decreto, se lo prohíbe”.

Para Bertini, “uno de los riesgos más importantes es lo fitosanitario, porque pone en riesgo la producción agropecuaria argentina, es muy grave si no se lleva a cabo con seriedad la importación de máquinas”. El empresario graficó que “el usado puede venir trabajando en un campo en Hungría o de Estados Unidos, y está contaminado por semillas u hongos, que en esa región no tiene problema porque está controlado, pero traés un agente externo de otro país y se puede descontrolar”. “Como pasó con la chicharrita, que existe en Brasil, pero no había ingresado a Argentina, e hizo un desastre”, ejemplificó el titular de la Cafma, que reúne a 170 fabricante que emplean a 30 mil trabajadores en forma directa, mientras que la cadena incluye a unas 1.200 empresas. De ellas, unas 530 están radicadas en Santa Fe.

Tras el anuncio periodístico sobre cambios al Cibu, la Cámara envió una nota al Gobierno nacional. Allí le advierte, además del riesgo fitosanitario, sobre la posible destrucción de la cadena de comercialización de maquinaria agrícola.

“Todas las fábricas tienen una red comercial, que trabaja tomando canje de usados para la venta de maquinaria nueva. Eso tiene un valor de mercado. Hoy si vas por el interior y ves los concesionarios todos tienen máquinas agrícolas en stock, producto de este comercio”, explicó Bertini.

“Si hacés un ingreso masivo de maquinaria usada de otro país, a un valor mucho más barato, de chatarra, este entramado comercial se rompe. Porque ese capital puede caer a la mitad”, advirtió, para señalar que una medida de ese tipo “no solo es perjudicial para el fabricante, sino para todo el ecosistema comercial que vive de la compraventa de la maquinaria agrícola”.

Lavado y fuga

La liberación de la importación de bienes de capital sin precio de referencia internacional, permite una maniobra que suele utilizarse en el comercio de granos intraempresas.  “Como no hay precio de referencia internacional del usado, puedo comprarlo en otro país a diez, y me lo vendo a mí mismo a 100, y me llevo 90 afuera”, graficó Bertini, sobre los riesgos de la sobrefacturación.

El titular de la Cafma charló el tema con un funcionario de la Secretaría de Industria de la Nación. “Cuando le dije esto al funcionario, me respondió que 'no es más un problema porque nosotros hemos quitado el precio de referencia de las importaciones de lo que es nuevo'”. Bertini se preguntó: “No sé qué política monetaria van a aplicar de esta manera, porque permite que vengan los narcos a Argentina a blanquear lo que quieras, y legalmente”.

Precios e impuestos

La Cafma encargó a varias consultoras estudios sobre los costos del sector. Según Bertini, la queja de los productores agropecuarios consiste en el precio elevado de la maquinaria agrícola, lo cual habilitaría la importación de usada (la de nueva ya se realiza). “Le informamos al Gobierno que tenemos una carga impositiva del doble que Brasil o que México. Así no se puede estar en condiciones de igualdad para ser competitivos, claramente estamos en desventaja”, explicó el dirigente.

Una máquina nacional nueva, dijo, que tiene un valor de mercado de 300 mil dólares la más barata y 500 mil la más cara, cuesta 800 mil dólares en su versión brasileña. “El 80 por ciento de lo que se comercializa en Argentina en cosechadoras y tractores son brasileros. Tenemos que cargar con la culpa de la que la comercialización de productos brasileros sea cara”, señaló Bertini.

Destruir industria

“Si abrís la importación de maquinaria usada –dijo Bertini-, con muy poca plata destruís la industria nacional, y después le ponés el precio que vos quieras. Si yo fuera una empresa internacional te diría que estratégicamente me conviene traer maquinas usadas de mi marca, dejo de ganar por un tiempo, pero después de romper toda la industria nacional, me queda todo el mercado. Es nefasto lo que están haciendo”.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que tiene datos hasta junio del año pasado, afirma que “la venta de maquinaria agropecuaria registra, en el primer semestre de 2024, una facturación de 714.277,1 millones de pesos, que representa un aumento de 248,2% respecto al primer semestre de 2023”.

Sin embargo, medido por unidades, el panorama es otro. “El total de unidades vendidas nacionales e importadas de sembradoras presentan una suba interanual de 2,3% en el primer semestre del año, mientras que el resto de los segmentos presentan caídas interanuales. Los tractores muestran una disminución de 28,8%, las cosechadoras caen 19,0%; y los implementos experimentan una baja de 17,7%”, sostiene el documento del Indec.

Bertini estuvo esta semana en la comisión de Producción del Concejo Municipal, ante cuyos integrantes expuso sobre el asunto. “Santa Fe es industria, no es comercio ni servicio. Cuesta muchísimo hacer una industria, desarrollarla, pero cuesta muy poco romperla, y cuesta mucho más reconstruirla”, dijo ante los ediles.

En diálogo con este diario, amplió el concepto. Dijo que el problema es que “el Gobierno no tiene política industrial. Nosotros la reclamamos, pero no hay una mesa donde sentarnos para discutir cómo ser más competitivo”.

El titular de la Cámara añadió: “En la charla que hemos tenido con los funcionarios no les interesa el tema, ellos creen que la macro es la que organiza, pero no hay un llamado para discutir la política industrial” del país. Por último, Bertini dijo que el de Javier Milei “es el Gobierno elegido por el pueblo, respetamos eso, pero no dejamos de opinar lo que nos parece que tenemos que opinar”.