El Gobierno transformó por decreto al Banco Nación en una sociedad anónima. Los fundamentos son poco claros ya que la entidad es líder en cualquier indicador financiero: captación de depósitos, crecimiento de préstamos, patrimonio neto, ganancias. Lo cual genera sospechas de intenciones de privatización y/o emisión de deuda en los mercados financieros, ambas cuestiones afectarían el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos de la entidad: otorgar financiamiento subsidiado principalmente a pymes y productores agropecuarios, además de administrar los sueldos de la administración pública. El sindicato de La Bancaria se declaró en alerta por los puestos de trabajo, y además intentarán derogar el decreto en el Congreso.

La decisión del Gobierno ratifica su intención de transformar las sociedades o empresas con participación estatal en sociedades anónimas, plasmada en el artículo 48 del DNU 70/2023. En materia jurídica esto es la antesala a la privatización de las empresas públicas, si bien –luego de las negociaciones en el Congreso- el Nación, junto con YPF y Aerolíneas Argentinas, fue excluido del listado de empresas “privatizables” en el texto sancionado de la Ley Bases. Pero los planes para el BNA siguieron firmes, y en distintos comunicados su presidente, Daniel Tillard, proclamó oficialmente que era “imprescindible” la transformación en SA porque eso permitiría la “multiplicación de los préstamos”.

Los objetivos redactados en los fundamentos del Decreto 116/25 que se oficializó la medida apuntan a “mejorar la gestión, transparencia y el gobierno corporativo” del banco, incrementando su capacidad para “captar recursos, aumentar la eficiencia operativa y adaptarse a los estándares internacionales de transparencia”. Pero el Banco Nación no tiene problemas de liquidez, eficiencia operativa ni transparencia. Es una de las empresas públicas más rentables de Argentina, después de YPF. Y está controlada por auditores externos, de la Auditoría General de la Nación (AGN), y por síndicos del Banco Central, es decir que tiene una gestión transparente. Las razones del cambio a SA son poco claras, según las fuentes consultadas por Página/12 podría tratarse del paso previo a la privatización y/o una posible salida a la cotización en bolsa.

Al cambiar su personería jurídica de “entidad autárquica” a SA, el banco es pasible de disolverse y liquidarse, tal como alega el Título VIII del Decreto 116/25. Sin embargo muchos coinciden en que será difícil encontrar inversores para comprar un banco con la estructura colosal del Banco Nación. La entidad aglutina el 18 por ciento de los depósitos privados y el 50 por ciento de los depósitos públicos, es decir que custodia casi un cuarto de todos los depósitos del sistema, según datos oficiales del Banco Central a noviembre de 2024. Además posee una importante cadena de sucursales, sumando 658 casas, que representan el 16 por ciento del total del sistema bancario. Y en materia de personal, cuenta con 17.126 empleados, frente a los 95.300 que conforman la dotación del sistema.

Objeciones del gremio

El sindicato de La Bancaria rechazó el decreto del Gobierno y se declaró en estado de “alerta y movilización” ante el riesgo potencial de los puestos de trabajo. En un comunicado manifestaron también que “es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa”. Es que el Nación reafirma su liderazgo en el sistema financiero cualquiera sea la medición: activos, depósitos, préstamos y patrimonio.

Asimismo, el titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo, junto con su colega Carlos Cisneros, impulsan un proyecto de ley para derogar el DNU 116/25, el artículo 48 del DNU 70/23 y las facultades delegadas al presidente de la Nación en la Ley Bases, es decir todo el andamiaje jurídico que permite el traspaso a SA y la potencial privatización. Los diputado advirtieron que “los beneficios sociales de la conversión a SA brillan por su ausencia” y también recordaron que, por voluntad del Congreso, el Banco Nación fue excluido de la Ley de Reforma del Estado que vehiculizó todas las privatizaciones de la década del 90, y que esa decisión debe mantenerse.

Capitalización y préstamos

Con un DNU en agosto de 2024, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le quitó la exclusividad que tenía el Banco Nación para el pago de sueldos de la administración pública, una decisión que lejos está de perseguir la mejora de la capitalización del banco y más bien luce como un vaciamiento que apunta a bajarle el precio a la entidad, que cumple con su rol social todavía garantizando buenos estándares financieros.

La economista y docente, Delfina Rossi, sostuvo en diálogo con Página/12 que el Nación “sigue cumpliendo los objetivos por los que fue fundado por Carlos Pellegrini en 1891, que tienen que ver fundamentalmente con el apoyo a pymes y productores del sector agropecuario”. Pero si la entidad empezara a cotizar en bolsa, primaría la lógica de mercado en su administración y “el mercado no evalúa que sos un buen banco si no ejecutaste un campo y le diste más tiempo a ese productor agropecuario para que se reconvierta y pueda mantener su unidad productiva”, comenta, los mercados sólo evalúan rentabilidad.

Igualmente el ROE del Banco Nación, un indicador que mide la rentabilidad de cualquier empresa, “alcanzó en noviembre de 2024 un 35 por ciento, cuando el promedio del sistema financiero fue del 20 por ciento, es decir que el Nación es más rentable que el promedio de los bancos”, aclaró el economista del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Garriga.

Según cifras oficiales, el Banco registró un crecimiento récord de más de 600 por ciento en el desembolso de préstamos durante 2024. Esta gestión de préstamos acompaña a las políticas públicas de los diferentes Gobiernos, por ejemplo en la administración macrista los créditos se orientaron a las grandes empresas (un ejemplo es Vicentin) y a los préstamos hipotecarios UVA. “El ROE fue apenas del 3 por ciento en 2019”, apunta Garriga. En cambio en las gestiones del peronismo los préstamos se concentraron en las pymes, que tantas dificultades tienen para acceder a financiamiento a tasas sostenibles.

El Nación también le presta a provincias y municipios. Se argumentó que con el traspaso a SA este procedimiento se vería acotado, pero la exposición de la cartera a préstamos públicos es regulada por el Banco Central, de modo que si esa era la intención con modificar esta normativa bastaba. Los objetivos no quedan claros más allá de la discusión política e ideológica que plantea el Gobierno.