Cinco universidades bonaerenses se ubican en el top ten del ranking de transparencia elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), dependiente del propio poder ejecutivo nacional, mejorando incluso su performance de la edición anterior.
Según la edición correspondiente al último trimestre de 2024, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) encabeza el ranking con puntaje ideal de cien sobre cien. La siguen, por orden de aparición, las universidades de Mar Del Plata y Quilmes, ambas con 94.9 puntos. Apenas por debajo, con 94.6, figura la UNLP y con 94.3 la UNSAM.
En la edición anterior, el orden era similar: primera UNSAM, luego Lanús, Quilmes y La Plata. Ahora, con el agregado de Mar del Plata, queda claro que el buen resultado anterior no era un hecho aislado ni azaroso.
El dato contradice el argumento del gobierno de la falta de transparencia de las casas de estudios, para justificar el brutal ajuste aplicado durante todo 2024, en la antesala de un nuevo ciclo lectivo, justo cuando el gobierno ve dañada su credibilidad por la criptoestafa de $Libra.
Curiosamente, en el mismo ranking, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismos competente para auditar a las universidades, aparece bastante más abajo. Ocupa el puesto 19 con 89.3 puntos. Otro tanto ocurre con el minsiterio de Capital Humano, del que dependen la secretaría de Educación y la subsecretaría de Política Universitaria.
La AAIP es una agencia del estado nacional creada por ley Nro. 25275 en el año 2016. Entre otras funciones, audita la cantidad, calidad y frecuencia de la información que publican más de 200 dependencias estatales y elabora con ello un ranking dos veces al año.
Historia reciente
El conflicto por los fondos entre las universidades públicas y el gobierno nacional se prolongó durante todo 2024. El ejecutivo primero anunció que no habría ninguna recomposición presupuestaria, repitiendo para el año pasado las partidas comprendidas en el ejercicio 2023, establecidas en 2022, cuando la inflación acumulada era ya de más de 150 puntos.
El 23 de abril, la movilización popular marcó un hito en el conflicto. Una cantidad de gente cómo no se veía desde hacía mucho tiempo colmó la Plaza de Mayo, varias cuadras de la avenida de Mayo y las calles paralelas, además de las plazas principales de todas las capitales provinciales del país.
El mensaje fue contundente y obligó al gobierno a negociar. Fue un reclamo que atravesó sectores políticos y clases sociales, incluyendo a votantes del oficialismo disconformes con la medida. También impactó negativamente sobre el incipiente armado libertario en distintas universidades.
Finalmente, se actualizaron los montos necesarios para cubrir gastos operativos corrientes como servicios, energía, segurida y limpieza, sin los cuales las universidades no hubieran podido abrir sus puertas, y el ajuste recayó sobre los salarios docentes y no docentes, que conforman el 90 por ciento de la estructura de costos.
La siguiente gran marcha federal fue en el mes de octubre, con un doble objetivo. Primero, lograr una recomposición de haberes, y luego lograr la sanción de una ley de financiamiento universitario, que deje esas partidas a salvo de motosierras y caprichos presidenciales.
En los últimos días, de cara al ciclo lectivo que está por comenzar, el CIN publicó un documento que refuta, una por una, las cinco mentiras que el gobierno intentó instalar para desacreditar su reclamo presupuestario.
Estas son: "inventan estudiantes para cobrar más fondos", (“se actualiza según el último presupuesto consolidado y no por cantidad de alumnos"), "los pobres no van a la universidad", ("en la actualidad el 48,5 por ciento de los 2 millones de estudiantes que integran el sistema universitario están por debajo de la línea de pobreza), "no se auditan los gastos", (“todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto”), "tienen salarios por encima del resto del sector público", (“los trabajadores universitarios perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023"), y "la ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal", ("representa apenas el 0,14 del PBI").
Consultado por Buenos Aires/12, el Secretario General de UNLa, Indalecio González Bergez, sostiene que "el funcionamiento y el futuro de las universidades, así como el de la Nación, depende de un financiamiento al menos justo, para que dar clase e investigar sea una realidad. Nada de esto seria posible sin sus trabajadores que hoy están con sueldos muy por debajo de cubrir necesidades mínimas. Esperamos que 2025 sea un año que al país le devuelva la esperanza de un futuro posible. Si la universidad está en crisis, el futuro está en peligro".
El caso UNLa
Para cumplir de la mejor manera posibe sus obligaciones con la AAIP, que derivan del convenio firmado entre dicha agencia y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la UNLa desarrolló un portal específico de Planificación, Evaluación y Transparencia: https://pyeg.unla.edu.ar/.
Matías Mattalini es director de Planificación y Evaluación de la Gestión de UNLa. Desde ese cargo, fue responsable primero del desarrollo del portal y luego de su mantenimiento y actualización periódica. Entiende que el resultado obtenido “da cuenta del compromiso y la responsabilidad de la Universidad con la generación de datos abiertos a la ciudadanía”.
“El portal fue diseñado como una herramienta que proporciona información y recursos a la comunidad educativa para conocer, analizar y reflexionar sobre la misión, los valores y los objetivos institucionales”, describe. “Asimismo, se convierte en un instrumento para revisar e implementar estrategias efectivas en la gestión de la universidad”, agrega.
La contracara de las universidades es la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), ex AFI, que se ubica en los últimos puestos de la tabla, junto con YPF Gas, una división de la empresa hidrocarburifera estatal, hoy parcialmente controlada por Guillermo Garat, uno de los socios de Santiago Caputo en la consultor Move.
