El enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por el traslado de 400 presos con condena al Servicio Penitenciario Federal, con el objetivo de descomprimir las sobrepobladas comisarías y alcaldías porteñas, va camino a meterse definitivamente en la campaña electoral. Bullrich acusó a Macri de "filtrar maliciosamente" el acuerdo por esos traslados la semana pasada y rechazó el fallo de la Justicia porteña que ordenó el mismo plan de traslados al hacer lugar a un hábeas corpus presentado por la Defensoría de la Ciudad.
"Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta", dijo Bullrich sobre el fallo de la Justicia Porteña y denunció que el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo, no convocó al Servicio Penitenciario Federal. Además, consideró que la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales" y reclamó que obligue al "al Gobierno de la Ciudad a ingresar a los presos en su propio sistema de Alcaidías".
Bullrich sostuvo que el fallo es "imposible" de cumplir y acusó a la gestión de Jorge Macri de actuar de mala fe, empenzando por haber "filtrado maliciosamente información falsa a la prensa". Por lo que pidió retomar las negociaciones que hace semana llevan ambas admistraciones para transferir las competencias de guarda y custodia de detenidos.
El supuesto acuerdo publicado por los medios de la semana pasada llegaba como respuesta a las múltiples fugas de comisarías y alcaldías porteñas. Seis presos se escaparon de la comisaría de Balvanera, el mismo día en que el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, tenía que ir a la Legislatura a dar explicación por las tres fugas ocurridas en lo que va de 2025 y las 15 desde el inicio de la gestión.
Ese día, Wolff se ausentó de la cita en la Legislatura y en los medios el gobierno porteño aseguró que había llegado a un acuerdo con la Nación para el traslado de 400 presos con condena al Servicio Penintenciario Federal. Desde Nación, no habían confirmado el acuerdo y decían que el número de traslados no estaba acordado.
La Defensoría de la Ciudad presentó un hábeas corpus para que esos traslados se concreten y el viernes pasado hubo un fallo favorable de la Justicia porteña. El fallo del juez Norberto Circo precisó que son 411 presos con condena, 181 con sentencia firme y el resto en primera instancia. De ellos, 347 están a disposición de la justicia nacional, mientras que 57 son de la justicia porteña, 5 de la federal y 2 bonaerense. En total, en comisarías y alcaldías porteñas hay 2.455 personas detenida.
Con el fallo, la ministra retomó sus acusaciones contra la administración de Macri, pero también contra las anteriores administraciones de Horacio Rodríguez Larreta, parada en la vereda de La Libertad Avanza señalando contra el PRO . "Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera", dijo la ahora ministra libertaria.
Hace dos semanas, Bullrich se había cruzado con Wolff acusando a la Ciudad de no finalizar las obras en Marcos Paz para trasladar a los presos de la Ciudad. "Fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo", sentenció Bullrich en su descargo al tiempo que remarcó que desde el 10 de diciembre de 2023, recibieron más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ministra de Seguridad también pidió que la administración porteña "se haga cargo de las responsabilidades que lee corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños" y apuntó: "Que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantiene a los internos que cometen delitos en la Ciudad".
Bullrich aseguró que el Sistema Federal Penitenciario aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la Ciudad que están siendo juzgados por delitos comunes, "con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de 156.639.750.000 de pesos". "Es decir, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo
Para cerrar, Bullrich dejó otra daga para Wolff: "En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas".
El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23 enfocó la problemática desde una perspectiva no centrada en el presupuesto y las peleas políticas. El juez Circo recordó que la sobrepoblación en las comisarías y alcaldías "lo único que hace es deteriorar el sistema de detención" y "rompe con el régimen progresivo y la finalidad resocializadora de la pena".
