Naciones Unidas le pidió a las autoridades de Colombia priorizar la protección de los civiles de los asesinatos, reclutamiento forzado y otros tipos de violencia de guerrillas y narcos en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto armado, según un informe divulgado este lunes.
Pese a los esfuerzos de paz del actual gobierno de Gustavo Petro, el informe anual de la ONU registró el año pasado 252 personas muertas en 72 masacres; 216 niños reclutados y 89 defensores de derechos humanos asesinados.
"La protección de la población debe ser un elemento central en las negociaciones del Gobierno con los actores armados no estatales", dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en un boletín.
Petro apuesta por una salida dialogada al conflicto armado con las guerrillas y organizaciones del narcotráfico.
El acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dio cierto alivio a las regiones apartadas del país. Pero otras organizaciones comenzaron a disputarse a sangre y fuego los territorios, el tráfico de drogas, la minería ilegal y otros negocios ilícitos, según expertos.
La creciente violencia "afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos", agrega el boletín.
El informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de marzo, también destaca la cruenta violencia en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde guerrilleros del ELN se enfrentan con disidentes de las FARC, con un saldo de 70 muertos y más de 52.000 desplazados desde mediados de enero.
Ante la embestida, Petro suspendió los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían iniciado en 2024.
El informe también registró el asesinato de 33 excombatientes de las FARC que depusieron las armas, una cifra que representa una disminución del 31% respecto a 2023.
Además 90 integrantes de la Fuerza Pública fueron asesinados y 425 heridos entre enero y noviembre de 2024, indica el reporte.
Analistas señalan que la seguridad se deterioró sensiblemente en el país en medio de la política de paz de Petro, que mermó las acciones ofensivas de la fuerza pública en contra de los grupos armados.