Las mujeres de los movimientos sociales, en el gobierno de Milei, no han tenido respiro. A las cocineras de los comedores les cortaron los envíos de alimentos; las cartoneras, así como quienes trabajan en la agricultura familiar y en los polos textiles, sufren las consecuencias de la apertura de las importaciones, que hicieron caer el valor de sus producciones; las vendedoras ambulantes están sufriendo desalojos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras localidades con gobiernos de derecha. A todas las que cobran un salario social complementario les redujeron su monto, que quedó congelado en 78 mil pesos. Esta crítica situación va a ser el tema de una asamblea de mujeres de la UTEP, convocada para este miércoles, como un encuentro preparatorio para la marcha del 8M.

“Queremos poner en común las necesidades que estamos atravesando como mujeres de la economía popular, armar un pliego de reclamos propio para llevar a la marcha”, dijo Johanna Duarte, del Movimiento Evita.

Pamela Sille, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, explicó por qué uno de los reclamos más importantes es que el Estado reconozca a las trabajadoras sociocomunitarias con un salario social acorde a las tareas que realizan. Ella trabaja en un hogar de víctimas de violencia de género creado por el MTE en 2018. En el lugar reciben a las mujeres con sus niños, sin ponerles un límite en el tiempo de estadía, que suelen ser largas, “porque una compañera que viene de la economía popular y que tuvo que dejar su casa no puede resolver su situación de vivienda rápidamente”, explica. Desde que abrieron el Hogar, han pasado por allí 123 mujeres con sus hijos.

El trabajo que hacen es a la vez complejo y demandante. Con el congelamiento del ex plan Potenciar en 78 mil pesos mensuales, las trabajadoras del Hogar no pudieron seguir dedicándole el mismo tiempo, porque debieron salir a buscar otras actividades para ganarse la vida. “No nos desarmamos, pero se nos hizo todo mucho más difícil”, contó Sille. Por otra parte, con el cambio de gobierno se volvió improbable conseguir a través del Estado los insumos necesarios para acompañar a las familias refugiadas. “Si llega un bebé que toma leche maternizada, por ejemplo, hoy tenemos que salir a comprarla”.

La situación generada en los comedores comunitarios por la decisión de la ministra Sandra Pettovello de no enviarle alimentos a las organizaciones sociales es ampliamente conocida. Johanna Duarte apunta que las trabajadoras sociocomunitarias, además de dar de comer y organizar espacios de apoyo escolar “este año vienen recibiendo a más familias que se acercan a pedir ayuda por consumos problemáticos”. Acceder a tratamientos privados es muy costoso, la salud pública está desfinanciada -el intento de cierre del Hospital Bonaparte da una idea de cuánto le importa a la gestión libertaria el sistema público de atención de la salud mental-. Dar respuesta a esta emergencia también será, seguramente, parte del pliego de reivindicaciones para el 8M.

Duarte aseguró que “todas las ramas de la economía popular, donde las mujeres y diversidades somos mayoría, atraviesan dificultades propias: con la apertura de la importación de cartón y plástico cayó el precio de los reciclados y las cooperativas prácticamente no pueden competir con los insumos que se están trayendo de Brasil. Para los productores de alimentos, el cierre del instituto de Agricultura Familiar fue un enorme retroceso, que se suma también a los efectos de la importación de frutas y verduras”. También fueron muy golpeados los espacios de cuidado de las niñeces creados por los movimientos sociales, ya a que a sus cuidadoras les quitaron el plan Nexo, que complementaba el Potenciar; así, de percibir un ingreso equivalente al salario mínimo, sus trabajadoras pasaron a tener garantizado, como sus compañeras de otras ramas, sólo un  ingreso de 78 mil pesos.     

La asamblea se realizará en la sede central de la UTEP (Pedro Echagüe 1265, en el barrio porteño de Constitución) el miércoles 26 de febrero a las 17.