El enjuiciamiento a nueve comuneros Colalao, habitantes ancestrales del valle del Choromoro, donde Tucumán se junta con Salta, es, para los originarios, “una cacería” destinada a disciplinarlos y quedarse con sus tierras mientras el desconocimiento y probable negación de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que los amparan parece imponerse por estos días en los tribunales tucumanos.
La sentencia de los jueces se conocerá, se espera, en esta última semana de febrero tras audiencias en las que testigos e imputados se cruzaron. Por un lado, los Colalao Base Riarte, que para los demandantes es la Finca Riarte, cuya posesión y titularidad es la cuestión de fondo de resistencias y violencias en ese escenario.
Los Colalao están acusados de “tentativa de homicidio, robo y usurpación” durante un incidente ocurrido en 2012 en ese lugar porque impidieron el ingreso de privados que aducen dominio de una finca que perteneció a la familia Prat-Gay: una ley de la Nación reconocía los derechos originarios y decidieron ejercerlos.
Entre los acusados -de hecho la querella y la fiscal lo consideran el “orquestador” de los hechos de violencia para unos y de recuperación del predio para otros- se encuentra Omar López, senador provincial salteño y ex intendente de El Jardín, en sur de Salta, y de intensa relación con los Colalaos.
“Omar López, actual senador provincial, pertenece a la comunidad. Él se ha criado, ha nacido ahí en Riarte y tiene sus abuelos, sus tatarabuelos enterrados en Riarte. Al momento de los sucesos él no tenía ningún cargo político. La justicia tendrá que ver esa situación. Él es parte y miembro, es un comunero más en nuestra comunidad", aseveró el cacique de Indio Colalao, Pedro Chávez, sobre las acusaciones con el legislador salteño.
Una explicación detallada de los hechos, para un adecuado conocimiento y mejor comprensión, se puede encontrar aquí.
La Unión de Naciones y Pueblos Diaguitas de Tucumán (UPNDT), la organización que agrupa a las parcialidades indígenas, permanece atenta a los procesos judiciales e impugna todos los cargos contra los comuneros.
En declaraciones a Salta /12, Alejo Azar, secretario general de la UPNDT y cacique de la comunidad Indígena Diaguita del Valle de Tafí, calificó el proceso: “El juicio a los comuneros de Indio Colalao empezó, y también empezó la cacería a la comunidad. Así decimos por la persecución que están recibiendo los pueblos originarios en toda la Argentina. Se nos quiere demonizar y cuando solo peleamos para hacer valer nuestros derechos nos convierten en enemigos del Estado. Luchamos por la Pachamama y sus cuatro elementos, tierras, aire, fuego y agua, los cuidamos, los preservamos y por eso nos persiguen”.
Entrando en los hechos en sí, el cacique de Indio Colalao, Pedro Chávez, imputado en la causa de 2012, rechazó las afirmaciones de Alfredo Moreno, principal acusador, quien en la audiencia del 12 de febrero dijo: “Nos salvamos de milagro y nunca ví tanto ensañamiento” al insistir en sustentar el llamado “intento de homicidio” según precisó el diario La Gaceta, de Tucumán.
“Para nosotros son totalmente falsas todas esas acusaciones, pero ahora está la justicia, los jueces son los que tienen que ver cuál es la razón de la discusión”, dijo Chávez confiado en el conocimiento de los magistrados sobre el derecho que los Colalao en particular y las comunidades indígenas en general en la Argentina portan según el artículo 17, inciso 75 de la Constitución Nacional.
Además, el relevamiento territorial que dispuso la ley 26160 (impedía desalojos de comunidades en todo el país) derivó en una carpeta técnica -será utilizada en la causa- con datos jurídicos y catastrales. Ese relevamiento se realizó en el caso de Indio Colalao en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros organismos que participaron, al igual que en el resto del país, del novedoso y necesario procedimiento para llevar tranquilidad a los habitantes ancestrales de la Argentina.
Porque la cuestión de fondo siempre es la misma: los dueños del territorio ¿son los ocupantes ancestrales que estaban antes de la llegada de los españoles y la constitución del Estado nacional o son los “poseedores de papeles de dudosa procedencia” como dice el cacique Chávez?
Una relación de explotación
En Tucumán, y así lo refieren numerosos testimonios de comuneros, hasta los 60 y los 70 del siglo XX la relación de los llamados terratenientes con los indígenas era de yanaconas y mitayos (instituciones coloniales replicadas por el Estado argentino), es decir, esclavitud y servidumbre que implicaba, por ejemplo, que los comuneros debían entregar al “titular del dominio” buena parte de las cosechas.
“Yo ví policías hombreando bolsas de nueces, de manzanas, duraznos, de comuneras ancianas que no podían hacer nada ante la presencia del terrateniente que venía a buscar 'lo suyo' sin haber movido un sólo músculo. Así era antes”, dijo a esta cronista el excacique de los Quilmes, Francisco Chaile.
¿Y qué pasa ahora en ese relacionamiento entre el poder de las instituciones del Estado y los comuneros? Obviamente, se mueve al compás de los tiempos políticos del país como puede advertir cualquier vecino que observa cómo pertenecer a minorías sexuales o ser jubilado actualmente es un disvalor, por lo que ser un indio retrocedió casilleros y eso se nota en el espacio público donde los símbolos mandan.
En ese sentido, Alejo Azar dió detalles que muestran cómo es la cosa en el tratamiento de los magistrados judiciales a los Colalao durante las audiencias en los tribunales tucumanos.
“Hacen un sinfín de preguntas mal intencionadas referidas a por qué se reconocen indígenas, si qué papeles tienen que los avalen, desde qué fecha, quién lo dio y qué legalidad tiene eso. Preguntas mal intencionadas desde intereses personales o desde la desinformación sobre la Constitución”, destacó Azar al recordar que desde 1994 la Carta Magna argentina reconoce “la preexistencia” jurídica de los originarios.
Portación de rostro
Por otro lado se refirió a que un “sector de la justicia usa la 'portación de rostro' para definirnos. Si tenemos 'cara de indio' nos dicen que actuemos como tales, que vivamos de la caza y la siembra como nuestros antepasados pero nos quieren quitar las tierras, nos sacan del sistema que ellos imponen negándonos derechos de ciudadanos argentinos porque eso somos aunque tengamos nacionalidad diaguita”.
También agregó: “pero si nuestro rostro, como mi caso, tiene rasgos distintos producto del mestizaje también somos atacados, y no saben que ese mestizaje es producto de los múltiples genocidios y procesos migratorios que había en Argentina. Decían que había que poblar el territorio desde mediados del 1800, pues claro si habían matado a casi todos nuestros hermanos originarios”.
La Unión Diaguita resume lo que llama “el juicio al Indio Colalao” del siguiente modo: "Nueve comuneros enfrentan un juicio en un intento de despojo territorial y criminalización". Está en juego, afirma: "El acceso a las nacientes del Río Salí, fuente de vida para Tucumán, Santiago del Estero y el Paraná", y ratifica: "Los comuneros sostienen el territorio: producen alimentos, cuidan el agua y apagan incendios".
La Unión Diaguita está realizando una colecta para afrontar los gastos que demanda el proceso judicial y la defensa de los comuneros imputados.
📢 COLECTA – CBU: 0110255240025517615994 (Banco Nación – Comunidad Indio Colalao)
También convocan a una movilización para el miércoles 26 de febrero:
